Opinión

Federalismo y estatutos en tiempos de globalización

escrito por Javier Eusa jueves, 16 de marzo de 2006
 

Se ha desatado un debate sobre el problema de la articulación territorial del Estado español. Primero fue el llamado Plan Ibarretxe, ahora el Estatut de Catalunya. Como de costumbre, en una cuestión tan sensible, se han invocado los respectivos “espíritus” nacionales. Unos, atrincherándose en la intocable Constitución española. Otros, apoyándose en una exigua y coyuntural mayoría del Parlamento vasco, apostando por una vía confederal desde la unilateralidad. Y ahora, levantando la bandera de la Nación catalana como señuelo, de lo que se trata es de conseguir una nueva forma de financiación para resolver la situación de precariedad financiera de que ha adolecido la Generalitat, con el actual sistema de financiación. Además, se trata de seguir con el constante “sokatira” entre las fuerzas políticas, los unos para no ser tachados de anticatalanistas, los otros para lograr más tirón electoral o incrementar su poder autonómico. Sería interesante desentrañar el juego de intereses y alianzas que se han urdido para sacar adelante un Estatut que está levantando tanta polvareda.

 

Desde algunas tribunas, silenciadas entre tanto alboroto, se ha apuntado algo que parece, a primera vista, sensato y razonable, y es que habría que pensar en hacer primero una reflexión multilateral entre las fuerzas políticas e instituciones centrales y autonómicas sobre qué articulación del estado queremos, y abordar las necesarias reformas constitucionales según unos acuerdos básicos pactados entre todos, o al menos una mayoría lo más amplia posible. Esta lógica del pacto para el gobierno centralizado de lo que es común, y el gobierno autónomo de lo que es propio, viene a ser, en síntesis, lo que se ha dado en llamar federalismo.

 

Este federalismo es una postura defendida por formaciones políticas de izquierdas. La izquierda, históricamente, ha tratado de reforzar la solidaridad entre los pueblos, fortaleciendo lazos de lo que es común y defendiendo las diferencias culturales. Un federalismo solidario y republicano, entendido no sólo como supresión de la monarquía, sino como acercamiento del poder al ciudadano, y la defensa del Estado como garante de derechos frente a la lógica depredadora de los gurús del “mercado”. La república como defensa de la “cosa pública”, la “res publica.” Lo público como un espacio de participación ciudadana y contrapoder democrático frente a los intereses oligárquicos.

 

Sin embargo las distintas derechas, como representantes políticos de las distintas burguesías o poderes oligárquicos, se han guiado por la lógica del poder, el beneficio y el privilegio. Así, la derecha nacionalista española  hace bandera de la sagrada unidad patria para tener más control sobre todo el territorio. Les interesa un mercado único, un poder centralizado y un discurso alarmista para recoger votos en sectores sociales afines. Y `por otra parte,  a las burguesías u oligarquías periféricas, en particular las de las nacionalidades o naciones históricas, les interesa un discurso inflamadamente nacionalista para conseguir mayor poder y sacar más tajada del gobierno central, intentando conseguir posiciones de ventaja respecto a otras autonomías.

 

La articulación del Estado y las Comunidades autónomas en un proceso federalizante debe afrontar los retos del mundo moderno, y dar soluciones desde la racionalidad, y teniendo como principios la libertad, la solidaridad y la igualdad ante la ley. Así, deben afrontarse los retos derivados de la globalización, la construcción europea, los procesos migratorios, la crisis ecológica, las crisis humanitarias del tercer mundo, el belicismo, el incremento de la exclusión social y la pérdida de derechos laborales en los países del antes llamado primer mundo, el feminismo y los nuevos derechos sociales, la democracia como participación y contrapoder frente a las oligarquías, etc.

 

Los retos que hay que afrontar superan con creces las fronteras de los Estados-Nación actuales. La economía se desarrolla a escala mundial. Los problemas migratorios, sociales, ecológicos, militares, etc, exigen ser abordados desde instancias supranacionales. En esta clave debe entenderse el fracasado intento del Tratado de la Constitución europea. Porque en esto, como en todas las cuestiones, hay distintos planteamientos entre las derechas y las izquierdas. Porque hay una izquierda transformadora europea, articulada en el PIE, Partido de la Izquierda Europea, que reclama una Constitución europea federal, democrática y solidaria. Por tanto, no tiene mucho sentido invocar espíritus nacionales cuando aproximadamente el 60% de la legislación y normativa en España provienen de la Unión Europea. Lo que hay que hacer es sentarse y discutir cual es la solución más racional, desde la solidaridad y la igualdad ante la ley. Y la libertad, porque también debe permitirse resolver de forma democrática y pacífica las reivindicaciones independentistas. La nación como hecho nacional, esto es, como comunidad históricamente constituida, con conciencia de serlo, y una herencia cultural e histórica común, es un elemento que merece ser preservado por su interés cultural. Pero en una sociedad mestiza, multicultural, el poder pertenece a la ciudadanía, sea cual sea su identidad nacional. Por tanto, es preciso pasar del patriotismo de base étnico-cultural a un patriotismo ciudadano, de intervención en la política respetando las distintas identidades, de profundización democrática desde el civismo.

 

Hay algunos apuntes: una caja única de la seguridad social como mecanismo de solidaridad, una armonización de la fiscalidad en toda Europa, y en todo el Estado, evitando paraísos fiscales. Una armonización también europea y estatal de las condiciones laborales, evitando el dumping laboral. Una financiación de acuerdo con criterios objetivos de renta y territorio. Una instancia judicial superior que asegure la uniformidad de criterios judiciales. Una presencia decisiva de las comunidades, o federaciones, en los órganos centrales del estado: en la justicia, las televisiones y radios públicas, las obras públicas, transportes, medio ambiente, etc. Un Senado como cámara para articular la participación de las federaciones. Una cultura del pacto y la corresponsabilidad. Y una descentralización de aquellas funciones que permitan acercar el poder al ciudadano: sanidad, educación, cultura, desarrollo económico, poder local, participación ciudadana....etc.

 

Y dos cuestiones más, como apunte final. La primera es la cuestión de la democracia. Los ideólogos del neoliberalismo defienden la retirada del Estado como agente regulador del mercado, como garante de unos derechos que están siendo laminados por el “mercado”, a la vez que refuerzan sus aspectos represivos. Frente a la retirada del Estado, reivindicar el papel de lo público como garante de derechos y como agente económico con la vista puesta en la superación del capitalismo. Y en paralelo, el reforzamiento de la democracia participativa, como forma de acercar la ciudadanía al ejercicio de la política, y fortalecer la autoorganización social, necesaria también para la superación del capitalismo.

 

La otra cuestión es el papel de la izquierda transformadora: o cabeza de ratón, o cola de león. No cabe hacer seguidismo de la derecha ni del liberal-socialismo. La izquierda transformadora tiene que hablar alto y claro de cuales son sus propuestas, con un discurso propio coherente y diferenciado de otras fuerzas políticas. Está en juego no sólo la articulación del Estado, sino también el distanciamiento de la clase política respecto a la ciudadanía, y la perspectiva de la transformación social.

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