La Izquierda Navarra

La forma más primitiva de justicia penal fue la venganza privada. Las víctimas de la ofensa (quienes sufrían la agresión, pero también sus familiares y miembros del mismo clan o tribu) se tomaban la justicia por su mano y devolvían mal por mal. La Ley del Talión fue en las sociedades primitivas el primer intento de poner límites a la venganza; ojo por ojo, y no más. Una muerte se debía vengar con otra, pero no con el asesinato de toda la familia o toda la tribu del ofensor.

Con el tiempo en las sociedades que consideramos civilizadas hemos convenido que la justicia, para merecer tal nombre, no puede pasar por esas prácticas. En primer lugar, hemos sustraído de las víctimas la facultad de castigar los delitos. Suponemos que la víctima está cegada por la pasión y por ello incapacitada para valorar adecuadamente su caso. Es la autoridad quien debe juzgar con imparcialidad a través de órganos judiciales revestidos de la suficiente lejanía respecto de ofensores y ofendidos como para poder, de verdad, ser justos. En segundo lugar, hemos ido alejándonos de la Ley del Talión y del criterio meramente retributivo de las penas. Ya no se trata de infligir al culpable un mal de la misma gravedad que el causado. Se trata sobre todo de prevenir la comisión de futuros delitos mediante el efecto disuasorio que tiene el castigo, y de evitar que el delincuente pueda seguir causando perjuicios. Estos propósitos son compatibles con la humanización de la pena y la prohibición de penas crueles. La pena debe ser proporcional al delito cometido, pero ya no según el principio del ojo por ojo sino de su eficacia para atajar la delincuencia. Un delito cruel ya no se castiga con una pena cruel; el delincuente también merece respeto de sus derechos.

A la larga, valoramos estas disposiciones en cuanto a la justicia penal como útiles y beneficiosas para conseguir una sociedad más pacífica y más justa. Sabemos que los países donde existe un sistema penal más humanitario son también los países con criminalidad más reducida. No obstante, siguen existiendo resistencias. Cuando la autoridad política se debilita resurge la venganza privada (sucedía en el Salvaje Oeste que conocemos a través del cine, sucede en países como Afganistán o Iraq donde el Estado no puede imponer su autoridad en una situación de guerra). En algunos casos la venganza privada se ha enquistado en las relaciones de determinados grupos sociales (en la Mafia, en grupos criminales donde se practica habitualmente el “ajuste de cuentas”). Y en todo caso, es frecuente que los ofendidos de un modo u otro por cualquier crimen se sientan arrebatados por el sentimiento de venganza y deseen los mayores males para los culpables.

En Europa, a diferencia de otras partes del mundo, hemos convenido que entre las penas crueles a desaparecer se hallan la pena de muerte y la cadena perpetua. Así ha quedado recogido en la Constitución española, que también acoge el principio de que las penas privativas de libertad deben estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Esto quiere decir que el destino final de todos los delincuentes, incluidos los más crueles e inhumanos, es salir a la calle en libertad una vez cumplida su condena (lo hicieron los responsables del 23-F, los del GAL, del GRAPO, muchos miembros de ETA, lo harán incluso algún día los autores del 11-M que están siendo juzgados ahora). Confiamos en que, si no todos, la mayoría de ellos no volverá a delinquir aunque sólo sea por evitar nuevas condenas.

En muchos casos la puesta en libertad de los culpables produce situaciones difíciles, nuevo sufrimiento para los ofendidos y quizás agravio por el desigual tratamiento de unos y otros hechos. Es un precio que la sociedad debe pagar en aras de contar con un sistema de justicia más civilizado. Una justicia imperfecta, que existe sólo como ideal, porque nunca pondrá remedio total al mal producido; los asesinados no vuelven a la vida, el dolor de sus allegados no desaparece, los efectos de delito casi siempre son irreversibles, la reparación siempre es parcial y escasa.

La pulsión por la venganza reaparece en estos casos. Es normal, humano y comprensible que entre las víctimas de ETA (algunas víctimas, nunca han sido un bloque homogéneo en pensamiento y sentimiento) y particularmente entre las víctimas de Iñaki De Juana cunda la indignación ante la reducción de su condena por el Tribunal Supremo, ante la perspectiva de que este terrorista sea puesto en libertad (que lo será antes o después) y ante su reclasificación al segundo grado y la atenuación del cumplimiento de su pena de prisión, una medida delicada de adoptar pero ajustada a la ley. Se trata de un personaje que se ha hecho particularmente repugnante por sus actos antes y después de ingresar en la cárcel. No sorprende que algunas personas más afectadas por el hecho manifiesten públicamente su dolor y su queja.

Lo que es menos normal es que se alimente no sólo la indignación y la protesta contra el Gobierno sino también el odio y el resentimiento desde un partido político que ha gobernado y que tiene legítimas pretensiones de volver a hacerlo, y que en el pasado tuvo que adoptar medidas similares. El PP debiera asumir una mayor responsabilidad para, no solamente no utilizar el terrorismo como instrumento de política partidista como se comprometió a hacer, sino también para contribuir a una pedagogía democrática no siempre fácil pero necesaria. Para en vez de infundir furia entre la ciudadanía ayudara a explicarle el funcionamiento, los límites y las servidumbres del Estado de Derecho. Para no sembrar la anacrónica idea de que las víctimas, además de derecho a la justicia, tienen derecho a ser los jueces. Para dar ejemplo de que en una sociedad democrática las instituciones no pueden actuar desde las vísceras sino desde la razón. Para no sacar más gente a la calle a protestar contra la política antiterrorista del Gobierno que contra el propio terrorismo. Para contribuir a entender que entre la venganza, inaceptable, y la justicia, inalcanzable del todo, sólo tenemos el recurso de la ley.

Hay demasiada gente que está aprovechando esta situación para sembrar odio. Muchas expresiones públicas de estos días van mucho más allá de la crítica política y se dirigen directamente a envenenar los corazones. Particularmente penoso es que tan a menudo se haga desde la radio donde la Conferencia Episcopal tiene participación mayoritaria y que tiene como uno de sus objetivos “orientar a la opinión pública con criterio cristiano” (¿dónde quedó aquello de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla, de no juzgar para no ser juzgados y de perdonar hasta setenta veces siete?). Por desgracia el odio que se va extendiendo une a los terroristas con quienes dicen manifestarse contra el terrorismo. Todo terrorista actúa impulsado por el odio y produce más odio a su alrededor. Parece que en esto sí que ha tenido éxito el terrorismo; vivimos en una sociedad en riesgo de verse corroída por el resentimiento más sectario y más visceral. Donde cuando desaparezca el terrorismo, ojalá sea pronto, dejará una pesada herencia de discordia y rencor.