Noticias

El grupo parlamentario de IUN-NEB interpela al Gobierno de Navarra sobre el agravio que produce la modificación del régimen de pasivos de los funcionarios

lunes, 22 de enero de 2007

El grupo parlamentario de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua ha presentado hoy una interpelación al Gobierno de Navarra para que éste exponga sus intenciones y previsiones para solucionar la situación de agravio que se ha producido en torno a la jubilación voluntaria de los funcionarios a raíz de la modificación del régimen de pasivos introducida en una disposición adicional de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2007.

 

En el escrito de interpelación se recuerda que durante la tramitación del proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2007 los grupos parlamentarios de UPN y CDN presentaron conjuntamente una enmienda in voce por la cual se añadía una nueva disposición adicional modificando el artículo 29 de la Ley Foral 10/2003, de 5 marzo, de régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra,  mediante la cual a los efectos de dicho sistema de derechos pasivos se consideran como años de servicios reconocidos los años de cotización a cualquier régimen público de Seguridad Social o sustitutorio del mismo, salvo que la prestación laboral correspondiente sea simultánea a servicios para una Administración Pública.

 

Dado que la presentación de la enmienda in voce se hizo el día 30 de noviembre de 2006 en el mismo momento en que se iba a proceder al debate del proyecto en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, los grupos parlamentarios carecieron de tiempo suficiente para analizar el contenido y las consecuencias de dicha modificación legal. La enmienda se aprobó sin apenas debate ni en Comisión ni en Pleno y pasó finalmente a constituir la Disposición Adicional vigésimo sexta de la Ley Foral 17/2006, de 27 diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 2007.

 

La citada modificación legal supone, sin duda, una mejora en el régimen de derechos pasivos para los funcionarios a los que afecte, ya que podrán ver mejorada la cuantía de su pensión de jubilación voluntaria al sumarse ahora los años cotizados a la Seguridad Social como años de servicios reconocidos. Sin embargo, la aprobación de esta medida en la forma en que se ha realizado, por sorpresa y sin un proceso de negociación con los representantes de los funcionarios, ha generado una situación de agravio respecto de algunos colectivos de funcionarios.

 

En primer lugar, con arreglo a las disposiciones de la Ley Foral 10/2003, los funcionarios afectados por la misma, incluyendo determinados pensionistas, tuvieron un plazo de seis meses para ejercitar su opción de mantenerse en el anterior sistema o acogerse al nuevo que diseñaba esa norma. Las Administraciones Públicas facilitaron a sus funcionarios los datos comparativos precisos para que pudieran hacer la opción que mejor se ajustara a sus intereses, lógicamente suponiendo que las condiciones que se les ofrecían eran las que figuraban en dicho texto legal. Algunos funcionarios podrían haber variado su opción si hubieran sabido que la Ley Foral iba a ser modificada en un plazo tan breve y en el sentido en que lo ha hecho, algo con lo que no podían contar en ese momento pues una medida como la que se acaba de aprobar había sido expresamente rechazada durante el debate de la Ley Foral 10/2003. En este sentido, se puede decir que ha quedado traicionada la buena fe que se suponía al Parlamento de Navarra al aprobar esa norma legal.

 

Por otro lado, cierto número de funcionarios se han acogido a la jubilación voluntaria desde la entrada en vigor de la Ley Foral 10/2003 dando por hecho también la misma buena fe en el legislador, es decir, que las condiciones de su jubilación, voluntaria o forzosa, iban a ser las de esa norma. De haber supuesto un cambio tan rápido podían haber tomado otras decisiones sobre la fecha de su jubilación.

 

En suma, se produce una situación de agravio entre quienes conforme a las disposiciones de la Ley Foral 10/2003 optaron por mantenerse en el sistema de pasivos anterior u optaron por jubilarse voluntariamente con arreglo al nuevo sistema, y quienes ya en este momento van a poder optar en mejores condiciones a la jubilación voluntaria. Se han generado dos colectivos de funcionarios, los privilegiados por la reforma y aquéllos a los que no se ha dado la menor opción de ser favorecidos por la misma.

 

Esta situación se podía haber remediado si la modificación legal que se ha realizado hubiera sometida al proceso normal de negociación con los representantes de los funcionarios y de posibilidad efectiva de enmienda y debate por los grupos parlamentarios. En tal proceso hubiera sido posible estudiar algún mecanismo de efectos retroactivos al momento de entrada en vigor de la Ley Foral 10/2003, de modo que la nueva regulación afectara por igual a todos los funcionarios sometidos a su ámbito de aplicación, evitando la actual situación de sentimiento de agravio.

 

Oficina de Prensa

< Anterior   Siguiente >