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Declaración de Iruña

 

Reunidos en Pamplona, Izquierda Unida de Navarra – Nafarroako Ezker Batua, Ezker Batua - Berdeak e Izquierda Unida Federal, el sábado 18 de marzo del 2006, acordamos suscribir la siguiente DECLARACIÓN PÚBLICA, en relación al proceso de normalización política y convivencia plural:

 

 

Una Declaración que tiene continuidad en la realizada el 9 de Septiembre de 2005 en Bilbao. Las tres organizaciones desarrollamos, en aquel momento, un fluido encuentro con el objetivo de profundizar y compartir los mecanismos de análisis, información y propuestas coordinadas. Somos conscientes de que existen motivos para hablar de un tiempo nuevo y pretendemos coordinar nuestro trabajo. Los diferentes ámbitos de decisión, español, vasco y navarro son los espacios políticos donde se debe desarrollar, principalmente, el diálogo y el acuerdo político.

 

 

Hoy, nos volvemos a reunir en Pamplona para seguir avanzando en este trabajo.

 

 

INTRODUCCIÓN

 

 

Nos comprometemos a dar los pasos necesarios para la búsqueda de la paz, la normalización, la convivencia y la reconciliación. Nuestro objetivo es avanzar desde la situación actual, tanto sacrificio, sufrimiento y muerte ha generado, hacia un nuevo futuro de esperanza dando una oportunidad a la paz. Trabajamos por un acuerdo político multilateral y transversal que haga posible el escenario de paz y de democracia al que los ciudadanos y ciudadanas aspiran. Las posiciones excluyentes, inamovibles y maximalistas no facilitan la paz; al contrario, enquistan el conflicto. El discurso de “vencedores y vencidos” significa, en la práctica, perpetuar la situación.

 

 

Buscamos un nuevo escenario que establezca una sociedad libre, en paz y reconciliada. Una convivencia pacífica y normalizada que respete la dignidad humana. Somos agentes políticos activos de propuesta y de solución a los problemas de la gente. La inmensa mayoría de las sociedades navarra, vasca y española ansían la paz. Las tres formaciones nos comprometemos a facilitar, colaborar y promover un escenario definitivo de paz.

 

 

Un verdadero proceso de paz contiene el principio de transigencia; es decir, prospección de todas las posibilidades de llegar a acuerdos entre los agentes implicados. Se requiere flexibilidad entre las partes para buscar salidas factibles, así como capacidad de negociación para abrir espacios para el acuerdo. 

 

 

Dialogar es el paso previo para acordar, y ello supone fortalecer la democracia. Queremos colaborar activamente en la búsqueda de soluciones desde el diálogo y el respeto a los derechos que asisten a todas las personas. Un diálogo y un respeto que deben implicar de forma participativa a todos los agentes sociales, políticos y sindicales, presentes en nuestras realidades territoriales. La mejor solución será aquella que se elabore entre todas y todos, y esté basada en el diálogo y en el acuerdo.

 

 

Compartimos una misma preocupación por la situación política actual, donde la permanencia de los atentados y la extorsión de ETA hacen que no sea factible aún poner en marcha sendos procesos de paz, normalización, convivencia y reconciliación, pese a las expectativas generadas.

 

 

Somos conscientes de las dificultades que conlleva la plasmación de proyectos de esta naturaleza, tras años de confrontación y enfrentamiento, y por ello instamos a los agentes implicados a que asuman compromisos valientes y no se retraigan ante las presiones que puedan sufrir por parte de aquellos sectores más reacios al inicio de sendos proceso de paz, normalización, convivencia y reconciliación.

 

 

El PP está utilizando la paz como elemento de confrontación; buscando la polarización social. Utiliza los resortes del poder judicial, mediático e institucional que controla para sus intereses partidarios. En este sentido, no compartimos la última decisión del Tribunal Supremo en relación al cumplimiento íntegro de las penas.

 

 

IU es una fuerza de paz que intentará derrotar las posiciones excluyentes, inamovibles y maximalistas que no facilitan la paz; al contrario, enquistan el conflicto.

 

 

Experiencias previas ponen de manifiesto que ante escenarios nuevos se crean, por un lado, ilusiones y esperanzas, pero, por otro, surgen también  miedos y temores; en este sentido, nos parece clave que ETA reconozca, de una vez por todas, que el tiempo de la violencia en todas sus expresiones ha tocado a su fin, y delegue con carácter inmediato sus reivindicaciones políticas en la izquierda abertzale. 

 

 

Apelamos a la historia del PSOE para que recupere sus señas de identidad y haga suyo el reconocimiento del derecho a decidir, su incorporación al ordenamiento jurídico político y su ejercicio mediante consulta popular o referéndum.

 

 

Nos consta que tanto en el mundo de la izquierda abertzale como en el mundo del PSOE cohabitan sensibilidades distintas en relación con el análisis expuesto, pero aún así queremos creer que son mayoría quienes están trabajando en pro de la superación definitiva de la violencia en todas sus manifestaciones  y en pro de la búsqueda de respuestas políticas a demandas socialmente aceptadas como es, sin ir más lejos, el derecho a decidir, inscrito en un marco de profundización democrática y participación ciudadana.

 

 

Defendemos la profundización en la democracia, de forma que se posibilite el reconocimiento del derecho que asiste a todos los pueblos a decidir libre y democráticamente su futuro, reconociendo los diferentes ámbitos de decisión, e incluyendo, si hubiera lugar, la modificación del ordenamiento jurídico-político; siempre desde la voluntad de pactar, desde el compromiso de no imponer, desde el principio de no unilateralidad y desde el respeto a la legalidad.

 

 

 

RESOLUCIÓN POLÍTICA

 

El proceso político que anhelamos sólo podrá ser efectivo en un escenario de cese definitivo de toda expresión de violencia, y del reconocimiento efectivo de todos los derechos individuales y que a toda persona le asisten, priorizando el derecho a la vida. 

 

Condenamos el mantenimiento de la violencia, la coacción y la extorsión, con prácticas mafiosas, por parte de ETA; a la que exigimos el anuncio inmediato del cese definitivo de la violencia para dar paso a un nuevo escenario de diálogo.

 

Exigimos a los poderes públicos la asunción de gestos previos de distensión, para facilitar el proceso de paz, como la derogación de la ley de partidos políticos y una política penitenciaria que acerque a las personas presas a sus lugares de origen.

 

En consonancia con lo acordado en otros momentos, nos comprometemos a trabajar para que se produzcan las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan producir esa condición. Por tanto, apoyamos el diálogo entre el Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos y la voluntad popular.

 

El proceso de paz, de normalización política y de convivencia plural debe tener su cauce de expresión política e implementación en dos mesas de diálogo democrático resolutivo que con carácter autónomo se tienen que constituir en Navarra y la CAV en un escenario de no violencia e integradas por toda la expresión política existente en cada uno de los dos territorios.

 

Para la constitución de las mesas se respetarán cinco principios fundamentales

 

a.     La defensa del derecho a la vida, a la dignidad humana y al resto de derechos humanos que asisten a todas las personas.

 

b.    La garantía de presencia y respeto de la pluralidad política y social, así como la voluntad de respeto a las decisiones mayoritarias adoptadas democráticamente.

 

c.     La utilización de los principios y procedimientos exclusivamente democráticos para la resolución de las cuestiones políticas.

 

d.    El compromiso de desarrollo de la participación ciudadana en el proceso, con la obligación de consultar a las respectivas ciudadanías, de forma directa y democrática, sobre los acuerdos adoptados por las mesas para dotarlos de la legitimidad democrática que otorga la voluntad popular.

 

e.     La voluntad de adoptar acuerdos transversales, desde el compromiso de búsqueda del consenso político, rechazando el derecho de veto de cualquier fuerza política.

 

 

 

 

a) En  virtud del artículo 150.2. de la Constitución, reivindicamos el traspaso a las Comunidades autónomas de Euskadi y Navarra de la competencia para convocar consultas y referendums vinculantes, por entender que ésta es una opción legítima y democrática, que implica en la práctica el reconocimiento del derecho a decidir, partiendo de las potencialidades de la propia Carta Magna.

 

 

b) Consideramos, igualmente, que corresponde a las Comunidades autónomas de Euskadi y Navarra impulsar proyectos de reforma en sus respectivos Estatutos, cuya modificación ya está regulada en el ordenamiento vigente, de modo que quede recogida en los mismos su competencia para convocar consultas populares y referendums vinculantes, en aquellas materias que sean del interés general de la ciudadanía implicada y las instituciones que les representan.

 

 

c) Hacemos un llamamiento expreso a todas las formaciones políticas que nos sentimos y nos definimos como representantes de opciones de  izquierda para impulsar y avalar conjuntamente estas propuestas, y aquellas otras que puedan surgir en el futuro, en la medida en que conectan con nuestra historia, nuestras tradiciones y responden a la voluntad mayoritaria de una sociedad comprometida, que exige un mayor protagonismo en la toma de decisiones como garantía de profundización democrática y participación ciudadana.

 

 

Coincidimos en que cualquier acuerdo político que se pudiera adoptar, y que afecte al futuro de cualquiera de las realidades territoriales que hoy existen, deberá contar con la voluntad popular expresada, de forma autónoma y diferenciada, a través de la consulta directa y democrática a la ciudadanía del territorio afectado por la decisión.

 

 

 

Reiteramos nuestra apuesta por un Estado Federal, Solidario, Plurinacional, Republicano y Laico. Propugnamos la unidad federal construida sobre la libertad y la voluntad, sobre el derecho a decidir libremente sobre su futuro por parte de cada comunidad política integrada.

 

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