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Izquierda-Ezkerra presenta una moción para la defensa del sistema público de pensiones y la reversión de los recortes impuestos por PSOE y PP en 2011 y 2013

miércoles, 14 de marzo de 2018

A LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA


La Agrupación Parlamentaria Foral Izquierda-Ezkerra, al amparo de lo establecido en el reglamento de la Cámara, y para su debate y votación en la Comisión de Derechos Sociales, presenta la siguiente MOCIÓN.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Las consecuencias devastadoras que ha provocado tanto la crisis que arrastramos desde hace una década como la gestión neoliberal de la misma, se siguen notando en las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social. Sigue habiendo millones de personas a las que la recuperación económica tantas veces cacareada no ha alcanzado en absoluto.

 

Entre los colectivos más castigados se encuentra el de personas pensionistas, cuyo poder adquisitivo está en caída libre y en cuyas espaldas recae no sólo la ardua tarea de subsistir con sus mermadas pensiones, sino en muchos casos ser el sostén de sus familias: hijos e hijas que han perdido el empleo o que tienen salarios tan escasos que hacen imposible que salgan adelante sin la ayuda de sus mayores. Y eso, con una pensión media actual en España de 932 euros; aún peor, estando la pensión más habitual entre 600 y 650 euros, cifra inferior a la que marca la exclusión social.

 

Las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 y en 2013 incorporaron elementos muy regresivos que nos alejan del mandato constitucional de garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.

 

Así en 2011, con gobierno del PSOE, se aprobó el progresivo retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, se aumentó el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión de jubilación de los 35 a los 37 años, se endurecieron las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial, se modificaron las normas de cálculo de la base reguladora de las pensiones y los tipos aplicables en función del número de años cotizados, lo que se ha traducido en la práctica en unas pensiones cada vez más bajas.

 

Por su parte, los dos aspectos fundamentales de la reforma del PP en 2013 fueron la introducción del índice de revalorización, y el adelantamiento a 2019 de la aplicación del factor de sostenibilidad.

 

El índice de revalorización vino a sustituir la actualización de las pensiones con arreglo al IPC y ha supuesto de facto la congelación de las pensiones durante los años previos y una fuerte pérdida de poder adquisitivo en 2017 y 2018 que alcanzará entre ambos años un 3%. La pérdida acumulada entre 2010 y 2018 será del 6%. El denominado factor de sostenibilidad, al realizar el cálculo inicial de la pensión de jubilación en función de una teórica esperanza de vida de la persona pensionista, lleva nuevamente a una rebaja importante de la cuantía de las pensiones, en torno a un 5% por década.

 

Según estudio de la Unión Europea con participación de funcionarios de todos los países recogido por UGT, las reformas en el sistema de pensiones español suponen que, por salarios de 1000€, en 2013 se cobraron pensiones de 790€ y para el año 2060 se retrocederá nada menos que hasta los 486€. El elevado riesgo de pobreza entre los futuros pensionistas es patente, de hecho, ya hoy en día la mayoría de las pensiones mínimas marcadas por el Gobierno Central están por debajo del umbral de la pobreza.

 

Es cierto que existe déficit en la Seguridad Social pero el déficit ha sido provocado por las políticas de los gobiernos de Zapatero y Rajoy. En primer lugar, provocando con las reformas laborales paro y depauperación salarial que han hundió las aportaciones sociales (con prácticamente los mismos afiliados a la Seguridad Social que hace 9 años se recaude 15.000 millones de euros menos). En segundo lugar, el gobierno de Rajoy redujo las cotizaciones sociales, salario diferido que se hurta a los trabajadores y trabajadoras y no tasa o imposición, que muchos empleadores tenían que pagar (sin que ello haya tenido ningún impacto en la creación de empleo, tal y como revelan los datos del Observatorio del Trabajo Autónomo). En tercer lugar, el gobierno vació la hucha de las pensiones  retrayendo la cantidad de ingresos que se obtenían con su recapitalización. Además, eliminaron las cotizaciones sociales de muchas prestaciones por desempleo. No fue la crisis lo que provocó el déficit de la Seguridad Social, sino las políticas liberales y austericidas aplicadas.

 

Por otro lado, es importante advertir que las pensiones conforman la única prestación del sector público que se financia con unos ingresos especiales (cotizaciones sociales) y no a través de los presupuestos generales del Estado. No pasaría nada si, en caso necesario, parte de las pensiones se pagasen con otro tipo de financiación, tal y como ocurre con la sanidad o la educación, tal y como ocurre con las pensiones en 20 de los 28 países de la Unión Europea o tal y como ocurre con los complementos de las pensiones mínimas que Navarra ha abordado desde su Presupuesto.

 

Lo cierto es que las medidas adoptadas por el bipartidismo atentan, como hemos dicho, contra el derecho a tener una pensión adecuada, actualizada y suficiente, previsto en los artículos 50 y 41 de la CE.

 

Por todos estos motivos se presenta la siguiente,

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a:


1. Eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización contrarios al principio de suficiencia y al derecho a tener una pensión adecuada y actualizada  recogidos en los artículos 50 y 41 de la CE.


2. Introducir financiación del sistema público de Seguridad Social a través de los PGE cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción protectora de la Seguridad Social y unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.


3.  Suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, que sólo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las empresas sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una fuerte pérdida injustificada de ingresos para la Seguridad Social.


4. Perseguir el fraude laboral y potenciar la actividad de la Inspección de Trabajo, intensificando las campañas en los sectores en los que se ha detectado mayor fraude en la contratación.


5. Modificar las infracciones y su régimen sancionador en el Texto Refundido para mejorar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.


6. Eliminar el tope máximo de cotización a la Seguridad Social.


 

Portavoz APF Izquierda-Ezkerra

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