Parlamento

Izquierda-Ezkerra insta al Gobierno del Estado a la reposición de la financiación del pago del Convenio Especial para las Cuidadoras de personas dependientes

martes, 27 de febrero de 2018

A LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

 

La Agrupación Parlamentaria Foral Izquierda-Ezkerra, al amparo de lo establecido en el reglamento de la Cámara, presenta para su debate y votación en la COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, la siguiente MOCIÓN.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Actualmente en el Estado Español, hay unas 1.200.000 personas en situación de dependencia. De estas personas, 335.000 se encuentran actualmente en lista de espera para ser atendidas, el conocido como Limbo de la Dependencia, afecta a 1 de cada 4 personas que se encuentra en lista de espera o en trámite de recibir un servicio o prestación. Esto quiere decir, que actualmente, en el Estado Español, hay personas que tienen derecho a una atención y no son atendidas por falta de presupuesto y de recursos para realizar esta atención.

 

Según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, se calcula que en el año 2017 han fallecido aproximadamente unas 40.000 personas teniendo derecho a ser atendidas según la Ley de Atención a la Dependencia, esto supone una media de aproximadamente 111 personas fallecidas al día sin ser atendidas.

 

De estas personas dependientes que no son atendidas teniendo el derecho a serlo, un 40 % son personas dependientes calificadas como Grado II o III (severos y grandes dependientes). Para clarificar estos Grados de dependencia según la Ley 39/2006 , de 14 de Diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Dependencia, se clasifican en las siguientes categorías:

 

  • Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

 

  • Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

 

  • Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

 

Se destacan estos datos para contrastarlos con una situación que consideramos paradójica e inexplicable en un Estado Social y de Derecho. Cuando el Partido Popular, actualmente gobernando, exige un riguroso cumplimiento de la Constitución Española del 78, a cuestiones como la organización territorial el cumplimiento del art. 155 o la subordinación a la doctrina económica neoliberal priorizando el pago de la deuda mediante el art. 135, deja en un aspecto secundario el cumplimiento de los artículos 49 y 50 de esta misma Constitución, artículos que regulan la atención a las personas dependientes prestándoles la atención especializada que requieran o promover el bienestar de las personas mayores mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

 

Cuando en el Estado Español, actualmente hay una cifra aproximada de 3.400.000 personas en situación de desempleo, el Gobierno de PP, en vez de generar las condiciones para la creación de empleo, y poder crear unos 700.000 empleos para atender a las personas dependientes (según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales), decide en el año 2012 aplicar el Real Decreto 20/2012, que extingue el 31 de Agosto de 2012 la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras de personas dependientes. Mediante este Real Decreto, a partir del 1 de Enero de 2013, el convenio especial de cotización pasa a ser a cargo de la persona cuidadora no profesional.

 

Esta medida, supuso el impedir la cotización a la Seguridad Social a un colectivo aproximado 148.000 personas. Personas cuidadoras no profesionales, que pierden derechos laborales, que pierden el reconocimiento a la tarea y el trabajo que desempeñan y que por consiguiente, pierden toda posibilidad de ser personas reconocidas como tales y quedan relegadas a desempeñar la misma tarea de cuidadoras, de quedar vinculadas a un trabajo que les imposibilita desarrollar una vida profesional.

 

¿Qué factores condicionan y potencian esta desigualdad basada en la explotación laboral y la opresión de un género (masculino) sobre otro (femenino)? En un país, en el que el Sistema de Servicios Sociales está basado en la idea de que el principal proveedor de atención a personas necesitadas es la familia, modelo Mediterráneo según los modelos de Estado de Bienestar de Sping Andersen. Un país en el que no se reconocen derechos sociales porque se alega que no hay capacidad económica para ello, pero se permite rescatar autopistas, entidades bancarias o negocios como el Proyecto Castor .... Un país, que deja que las personas que han envejecido o necesitan una ayuda externa para seguir teniendo una vida digna se quedan sin ser atendidas.

 

Según el Observatorio de Personas Mayores del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, las personas cuidadoras no profesionales que atienden a las personas dependientes, tienen un perfil muy específico. Son las mujeres, las que siguen siendo la principal persona cuidadora. La imposición del modelo cultural patriarcal, genera que sean ellas las que asuman el rol de cuidadoras principales tanto de personas dependientes, de menores y de personas enfermas.

 

Son ellas, las mujeres, las que se ven obligadas a abandonar su vida laboral, a retrasar su incorporación a la misma para dedicarse a la tarea de los cuidados. Son personas doblemente explotadas, como mujeres y como trabajadoras.

 

El perfil de la persona cuidadora es de una mujer en un 85 % de los casos, de 52 años de media. De estas mujeres cuidadoras no profesionales, un 43 % son las hijas de la persona dependiente, un 22 % son las esposas y un 7.5 % son las nueras. Realizan unas jornadas laborales de 24 horas, todos los días de la semana, del mes y del año.

 

La recuperación de la cotización de la Seguridad Social de estas personas cuidadoras no profesionales es un acto de justicia social, de igualdad, de dignidad personal y laboral.

 

En el caso de Navarra, cuando el Gobierno del PP eliminó el pago de la seguridad social en 2012 a las personas cuidadores a cargo del Estado, provocó que de 1.332 personas afiliadas a la seguridad social que había en aquel momento, pasáramos a tan solo 225 personas que decidieron con gran esfuerzo sufragarse ellas mismas el coste. Hoy es preciso señalar que tras la introducción de las personas dependientes moderadas al sistema de protección, tenemos en Navarra 8.753 personas recibiendo ayudas para el cuidado en el entorno familiar, cuyas personas cuidadoras, la inmensa mayoría mujeres, ya no cotizan a la seguridad social salvo que se lo costeen ellas mismas, debido a al recorte que aplicó el Gobierno del PP.

 

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 

1. El Parlamento de Navarra, insta al Gobierno del Estado a la reposición de la financiación para el pago del convenio especial con la seguridad social de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a través de los Presupuestos Generales del Estado.

 

2. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno Central a un cambio de convenio y un aumento de la cuantía de dicha cotización de tal manera que estas personas puedan tener derecho a prestaciones por desempleo.

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