Opinión

Artículo de opinión. Crecer en el empleo estable para fortalecer la educación pública

martes, 12 de diciembre de 2017

El alarmante crecimiento de la temporalidad en la enseñanza pública en Navarra ha provocado una gran inestabilidad en las plantillas de los centros escolares. En  algunos claustros el profesorado interino supera las tres cuartas partes de la plantilla. Hace escasos años cuando la temporalidad rondaba el 20 %  en Izquierda Unida y Batzarre clamábamos por su reducción hasta la tasa óptima del  8%. Llegaron las restrictivas tasas de reposición del gobierno del PP y la decisión del gobierno de Navarra de UPN de no convocar ni siquiera  las plazas permitidas por el estado. Casi paralelamente se aplicaron los duros recortes que expulsaron a centenares de docentes interinos de las aulas. Esta circunstancia frenó un mayor crecimiento  de la temporalidad  a costa de una importante pérdida de empleo público. Aun así, la tasa de temporalidad actual es  escandalosa e inasumible.

 

Afortunadamente, se comienza a dar la vuelta a esta situación con la convocatoria de plazas del cuerpo de maestros que el gobierno del cambio hizo en 2016 y para estos próximos cuatro años se abre la posibilidad de fortalecer la educación pública aumentando la estabilidad en el empleo docente,  convocando más de 1.500 plazas docentes, siempre que el gobierno del PP levante finalmente sus restrictivas tasas de reposición.

 

En este nuevo contexto con unas previsiones de  una OPE masiva, que es la que el Sistema Público de Educación necesita para crecer en calidad, competencia, innovación y organización, surge la intención del departamento de educación de modificar el sistema de oposición implantando la denominada “lista integrada” que finalmente se ha convertido en “lista única” o pruebas comunes para el profesorado que acceda a plazas con perfil lingüístico de castellano y de euskera, sin que  a día de hoy aún no haya explicado el procedimiento para ello  ni si tiene la seguridad jurídica suficiente para hacerlo.

 

Es importante partir de este hecho. El departamento de educación del Gobierno de Navarra a día de hoy no ha presentado el procedimiento concreto de aplicación con el que pretende implantar su propuesta de lista única con garantías jurídicas y procedimentales.

 

Por ello, y por una total falta de voluntad política del departamento, ha sido imposible debatir sobre las dificultades y negociar en el marco del cuatripartito, firmante del Acuerdo Programático que sostiene al gobierno, un acuerdo en torno a esta cuestión.

 

El gobierno sigue sin informar si la lista única se aplicará con un tribunal único euskaldún, asimismo sigue sin aclarar en qué momento del procedimiento,  y de qué forma se valorará el euskera como mérito o si se va a mantener la opción de escoger plaza en castellano en los concursos de traslado por quienes hubiesen obtenido plaza en euskera.

 

Son cuestiones muy relevantes por cuanto pueden determinar el resultado y la legalidad del proceso de selección. De hecho pudiera suceder que en un momento u otro del procedimiento opositores/as euskaldunes con notas inferiores a las obtenidas por otros opositores monolingües castellanos obtengan plaza en castellano.

 

Como decimos son puntos muy relevantes sobre los que desconocemos totalmente las intenciones del departamento y sobre las que no ha tenido el gobierno ninguna intención de sentarse a valorar y negociar. Por ello planteamos ahora continuar con la solución aplicada por el propio departamento de educación del gobierno del cambio en 2016, dos exámenes castellano y euskera, en días diferentes.

 

Hacemos una propuesta de dos pruebas selectivas que no coincidan en el tiempo para que el profesorado bilingüe pueda acceder a plazas con perfil de castellano y de euskera. Una propuesta que hacemos desde la responsabilidad para que las oposiciones de 2018 se celebren sin problemas ni recursos que las pudieren “echar para atrás”. En definitiva lo hacemos bajo el convencimiento de que el doble examen es garantista para la totalidad de los aspirantes y las aspirantes; y, en particular más beneficioso para quienes conocen las dos lenguas que la lista única aunque ésta fuera posible.

 

Una cuestión básica que no es posible obviar es la finalidad de las pruebas selectivas para el acceso a la función pública docente, es decir las oposiciones, que es seleccionar a quienes demuestren ser los mejores y las mejores, quienes demuestren que sus competencias científicas y didácticas responden mejor a las características de cada uno de los puestos de trabajo. También a quienes sean más competentes en cada una de las lenguas de comunicación de forma que se garantice el derecho a la mejor enseñanza de quienes aprenden.

 

Todos los aspirantes y todas las aspirantes poseen los requisitos de titulación, el procedimiento ha de garantizar al máximo la selección de los y las mejores y ordenación en función de lo demostrado en el proceso selectivo, es decir con la suma de la oposición y del concurso que valora la experiencia y la formación “extra” de cada aspirante.

 

Reiteramos nuestra convicción de que hay dificultades técnicas y legales insalvables en la implantación de “la lista única” respecto a la composición y el ejercicio de los tribunales, la fase de concurso o las repercusiones en las listas de contratación que pondrían en serio peligro la viabilidad de las oposiciones para 2018.

 

A partir de ahí trasladamos una vez más nuestra disposición para sentarnos con el gobierno y el resto de fuerzas del cuatripartito para profundizar en estas cuestiones y trabajar para llegar a un acuerdo.

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