Opinión

El terrorismo de Estado y la impunidad

domingo, 20 de noviembre de 2016

Este domingo 20 de noviembre se cumplirán 41 años de la muerte del general Francisco Franco. De esta manera, los españoles y españolas nos sumiremos una vez más en el recuerdo del hombre que personificó al sistema que durante casi 40 años sumió a nuestro país en un marasmo de atraso cerril, mojigatería camuflada de decencia y orden conseguido a base del derramamiento de sangre que no cesó en su obcecada escalada de violencia ni siquiera durante sus últimas semanas de vida. En efecto, a escasos dos meses de la muerte del dictador, caían bajo las balas en cuarteles de Barcelona y Madrid los 5 últimos fusilados del franquismo. Una vez más este 20N se publicarán sus fotos en los periódicos y los canales de televisión recordarán con sus reportajes el final de la dictadura y el proceso denominado como transición, que, insistirán, fue modélica, plural y que barrió con los rescoldos del régimen franquista. No obstante el 20N pasará, al igual que los 40 anteriores, y la impunidad de los culpables, de los torturadores y asesinos a sueldo del Estado pervivirá.


Sería pues prudente y necesario recordar en estas líneas que el terror franquista no murió con la desaparición de Franco, sino que se mantuvo latente hasta bien entrados los años noventa a través de numerosos medios y métodos que tuvieron como característica principal la participación de agentes y funcionarios Estatales en su comisión. El resultado: 188 víctimas mortales a manos del denominado terrorismo tardo franquista o terrorismo para-policial.


Es esta una modalidad de la que muy poco o nada se habla en España a día de hoy.


Durante los primeros años después del 75 actuaron los guerrilleros de Cristo Rey, dirigidos por el fascistoide retrógrado Mariano Sánchez Covisa, que no era más que un títere de la Fuerza Nueva de Blas Piñar, responsables de los asesinatos y palizas a manifestantes, universitarios o simples obreros durante las manifestaciones pro-amnistía de los años setenta. Más tarde llegaron el Batallón Vasco Español, la Triple A o Antiterrorismo ETA, que asolaron Euskadi, Navarra y el País vasco francés con sus cartas bomba, sus secuestros y los ametrallamientos e incendios de librerías de tendencia izquierdista.


A lo largo de estos grises años también las fuerzas de Seguridad fueron culpables directas en la comisión de actos que a día de hoy no dudaríamos en calificar de terroristas. Franco había muerto hacía varios años, pero se siguieron produciendo muertes de manifestantes por disparos al aire efectuados por la policía, la tortura pervivió en las comisarías, a veces con un resultado mortal, la represión policial se mantuvo en auge y las matanzas a manos de la Policía Armada continuaron: sucesos como los de Vitoria´ 76 o San Fermines´78 no les son desconocidos a nadie.


Por último, en los ochenta apareció la aberración para-estatal que conocemos como GAL. Un verdadero escuadrón de la muerte integrado por mercenarios, financiado y dirigido por el propio poder ejecutivo, igualándose de esta misma manera a los criminales que decía combatir. El resultado: 26 muertos y un Ministro del interior en la cárcel por secuestro y malversación de caudales públicos para pagar a los sicarios encargados del trabajo sucio.


En un país que no renegase de su historia y que estimase justa y necesaria la investigación de los hechos y la reparación a las víctimas, la persecución de los actores Estatales que tomaron parte en actos de terrorismo sería inmediata. Los juicios que a día de hoy se están llevando a cabo en Argentina, El Salvador o Guatemala, en los que se está juzgando a los represores de los cuerpos estatales deberían suponer una vergüenza para España, que según datos oficiales es el país con mayor número de fosas comunes a nivel mundial. No obstante, un país como el nuestro, en el que la exención de los criminales y el olvido de las víctimas asesinadas por el Estado parecen ser entendidas como políticas de Gobierno y en el que jamás se ha hecho esfuerzo alguno por establecer responsabilidades parece, por el momento, abocado a verse sumido durante otros 40 años en la lacra que es la impunidad de los criminales de Estado.


Muchos tememos que, a este paso, jamás veremos a los verdaderos culpables, a los estrategas de la política del terrorismo estatal, sentados en el banquillo de los acusados, y entendemos que es necesario recordar todas estas cifras y datos para comprender el porqué de que a día de hoy, el único proceso en el que se juzgue a antiguos ministros, torturadores y agentes de la dictadura franquista por los crímenes cometidos en España esté teniendo lugar a más de 10.000 km de nuestro país, en el Juzgado Federal nº 1 de Buenos Aires (Argentina.)

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