Opinión

Lo que nos jugamos el 20-D

lunes, 02 de noviembre de 2015

Mientras se van apagando los ecos mediáticos de las elecciones en Cataluña y la crisis de los refugiados, la mirada se vuelve hacia las próximas elecciones generales del 20-D. Sin embargo, las próximas elecciones generales son especialmente cruciales, por varios motivos.

 

Nos encontramos en plena crisis económica, por más que el gobierno del PP trate de maquillar una negra realidad para los millones de parados (muchos sin prestación) y precarizados, los desahuciados, los que sufren pobreza energética, la pobreza alimentaria, particularmente grave en los niños, los estafados por las preferentes, los jóvenes obligados al exilio económico, los que se ven obligados a vivir de las pensiones de sus mayores, a costa de que estos sacrifiquen sus propios cuidados.

 

Una crisis que también afecta a los servicios públicos como la sanidad, la dependencia y la educación, que han venido sufriendo recortes y privatizaciones, a los derechos laborales, a las pensiones, etc. Las mujeres han sido especialmente afectadas, por la feminización de la pobreza, los recortes en políticas de igualdad y dependencia, la legislación regresiva sobre el derecho al aborto y el aumento de la violencia de género.

 

Además, el PP se ha visto tan involucrado en la corrupción que ha llegado a convertirse en una trama organizada para conseguir hacer negocios ilícitos, previo pago de sustanciosas comisiones.

 

Mientras se han extendido la pobreza, el paro y la precariedad, se ha multiplicado el número de ricos, beneficiados por la corrupción, los pelotazos urbanísticos, los recortes salariales y la ingeniería fiscal y financiera facilitada por el PP.

 

La crisis ha supuesto un desgaste importante de los dos partidos que han gobernado hasta ahora: PP-PSOE. El bipartidismo ha perdido apoyo social. En un momento en el que IU venía aumentando su intención de voto, en el que había movilización, han aparecido dos partidos que han gozado de gran apoyo mediático: Podemos y Ciudadanos, el uno de corte populista y el otro liberal. Así, se está configurando un “cuatripartito”, algo que ya empieza a tomar cuerpo mediático.

 

El PP ha iniciado con estos Presupuestos Generales del Estado 2016 su campaña electoral, con promesas hacia sectores como los funcionarios, y también aumentan las partidas hacia los pensionistas. Se prevén unos 1776 € más por cada empleado del Estado, y 450 € por pensionista. Funcionarios y pensionistas son considerados sectores clave por el PP. Sin embargo, este dinero saldrá de los parados, a los que se les reduce en 630 € el ingreso medio en prestaciones. La explicación es que estos apenas votan al PP.

 

La Comisión Europea le ha aguado la fiesta al PP, al apuntar en su dictamen “riesgos de incumplimiento” en los objetivos de reducción del déficit, algo que ya ocurrió con los PGE del 2105, también en clave electoralista. Rajoy ha presentado unas cuentas imposibles que incrementan en más de 7.000 millones € la deuda pública, a costa de partidas como el empleo, a la vez que limita el gasto de las CC.AA. Hay que recordar que PP-PSOE aprobaron en 2011 la reforma constitucional (art. 135) que limita el déficit y pone por delante el pago de la deuda, según lo dispuesto por la oligarquía financiera representada por la llamada Troika.

 

Este análisis de clase está presente en toda la política del PP. Así, la quiebra del sistema bancario, que hubiera tenido como salida lógica la nacionalización, fue transformada en una crisis de Estado, debido a la ingente cantidad de dinero inyectada para salvar el sistema, equivalente al 10% del PIB.

 

Esto ha dado un nuevo impulso a las políticas de privatizaciones masivas de derechos sociales (a la educación, la cultura, el trabajo, la vivienda o la sanidad.)

 

El deterioro del sistema educativo es además una decisión consciente para reducir las expectativas de la clase trabajadora, evitando su percepción como proceso de ascenso en la escala social generador de demandas sociales, y transformándolo en un mecanismo de generación de consenso y estratificación, en los que se segmenta a la clase trabajadora.

 

En la crisis de la deuda faltaba resolver el gran endeudamiento del capital productivo. La reducción de prestaciones del sistema sanitario facilita la penetración de la inversión capitalista y supone una fuente alternativa de beneficios a grandes capitales otrora responsables de la burbuja inmobiliaria.

 

Pero la gran medida tomada por este gobierno y los organismos internacionales ha sido la reforma laboral, que acabó con la negociación colectiva. Esto ha supuesto una derrota en toda regla de los sindicatos y sobre todo ha terminado con cualquier forma de regulación salarial, lo que ha provocado un trasvase de rentas del trabajo al capital. Antes del inicio de las políticas de ajuste en 2010 los asalariados percibían el equivalente al 51 % del valor producido, y actualmente reciben el 47%.

 

El aumento de la explotación del trabajo esta en la base del aumento de los beneficios que se han dedicado al desapalancamiento financiero de las empresas. Pero el nivel de endeudamiento es tan enorme (aproximadamente el 140% del PIB) que todo hace prever que de seguir gobernando los gobiernos conservadores o social-liberales el deterioro de las condiciones de trabajo y los salarios seguirá profundizándose los próximos años.

 

Por lo tanto, las 1.658.000 familias con algún miembro desempleado, las 542.000 familias con todos sus miembros en el paro (cinco veces más que al inicio de la crisis) no son sino un efecto colateral de una estrategia de cambio estructural que busca forzar la aceptación de un sistema social y productivo cada vez más excluyente, en el que, al menos, una cuarta parte de la población es declarada “sobrante”.

 

Los gobiernos que han gestionado la crisis no se han preocupado por desarrollar una política activa de fomento productivo, dando como resultado un modelo productivo basado en la obra pública y las subvenciones, y un empresariado caracterizado por el fomento del chiringuito y la contratación de trabajadores poco cualificados. Entre los partidos del “cuatripartito” no hay alternativa a este modelo, porque la alternativa significa confrontar con la oligarquía.

 

La única alternativa realista es la que ponga los intereses colectivos por encima de los intereses particulares de banqueros y grandes empresas, que sea capaz de dotar al sistema productivo de dinamismo, desde el desarrollo de un sistema público de empresas y servicios, valorizando los saberes y capacidades personales y colectivos, que ponga a generar riqueza a toda la gente dispuesta a hacerlo y a las que el mercado no ofrece sino paro, precariedad y miseria.

 

Esta alternativa es la que plantea IU a través de las candidaturas de Unidad Popular.

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