Opinión

A propósito de la hepatitis C y la salud como derecho o como negocio

martes, 03 de febrero de 2015

El reciente descubrimiento de un fármaco (Sofosbuvir, comercializado como Sovaldi por la compañía GILEAD) para tratar la hepatitis C con un alto índice de éxitos (superior al 90% en algunos casos)  pero un elevadísimo precio (se dan cifras de 25.000 €) ha provocado una confrontación entre quienes defienden el derecho universal a la salud frente a quienes anteponen el beneficio de las grandes empresas que hacen negocio con la salud.

 

El conflicto es también un drama para los afectados por dicha enfermedad, 50.000 casos diagnosticados en España, con varios cientos de miles de infectados estimados, de los que se calcula que mueren 12 personas al día. La mayoría de los infectados son personas mayores de edad que se contagiaron hace décadas.

 

Mientras, el Gobierno del Partido Popular ha ido dando largas, como la creación de un Comité de expertos para elaborar un “plan de abordaje”. Un Comité con expertos que en muchos casos tienen algún tipo de relación con las grandes empresas farmacéuticas. La última ha sido retrasar la dotación presupuestaria al plan para la hepatitis C. Gesto este que contrasta con las enormes sumas de dinero despilfarradas en rescates bancarios, obras públicas de nula utilidad, reformas fiscales regresivas, amnistías fiscales, la corrupción, la Casa Real, etc.

 

Según se ha publicado, hasta el momento el gobierno español ha anunciado la aprobación de un techo de gasto de este medicamento de 125 millones de € para 2015, lo que supone que, al precio que dicen haber negociado (25.000 €) el suministro del medicamento alcanzará a unas 5.000 personas.

 

Según la Asociación Española del Hígado, se debería tratar a 35.000 personas en 2015.  Pero el ministro de Sanidad sólo ofrecerá tratamiento a una exigua minoría de 5.000 pacientes este año. Esta estrategia, además de vulnerar el derecho fundamental y constitucional a la salud, es una visión miope en opinión de los hepatólogos, ya que la aplicación de tratamientos tempranos evitaría la progresión de los enfermos hacia la cirrosis o el cáncer, que luego son más costosos de tratar.

 

El discurso del gobierno del Partido Popular, así como el de los medios de comunicación en general, salvo honrosas y minoritarias excepciones, ha sido el de justificar el elevadísimo precio de los medicamentos, bajo el pretexto de amortizar los gastos que supone llevar un medicamento al mercado. Sin embargo, esta excusa esconde realidades que contradicen de manera flagrante la imagen que se pretende dar de dichas empresas y de los políticos y funcionarios que permiten su abuso.

 

El gobierno del Partido Popular ha sido, fiel a su trayectoria, el defensor de los intereses de GILEAD, negándose a apoyar una iniciativa del gobierno francés para que la UE creara una plataforma conjunta para combatir el elevado precio de este medicamento, aduciendo que no era necesaria tal instrumento.

 

Esta postura contrasta con la de otros gobiernos, como el de India, que ha conseguido precios mucho menores, 750 €, argumentando no reconocer la patente, por ser un fármaco muy similar a otro ya existente, lo que demuestra que cuando hay voluntad política se pueden abaratar los precios.

 

Lo desorbitado de los precios de este medicamento no responde a la necesidad de amortizar los costes de investigación y desarrollo, sino que es fruto de la especulación de los grandes capitalistas.

 

En este caso, GILEAD es una multinacional farmacéutica en manos de los principales fondos de inversión globales, con ramificaciones en la banca y las principales empresas multinacionales.

 

Según la OMS, puede haber en el mundo 130 millones de afectados. Un mercado seguro y un negocio redondo para GILEAD, que vende a 25.000 € un medicamento cuyo coste de producción es de 115 €. Multiplicar por doscientos el coste de producción como precio de venta es algo totalmente desmesurado. Todo un atraco que ha proporcionado unos beneficios de 11.200 millones de € en ventas de Sovaldi en 2014.

 

Esa política de precios no se entiende si no se tiene en cuenta que desde que GILEAD adquirió la empresa que poseía la patente del Sofosbuvir en 2011, por 11.000 millones de $, es una de las empresas que mayor revalorización en bolsa ha tenido, debido en buena medida a las expectativas de ventas de Sovaldi, con una revalorización desde 2013 del 185%.

 

Con este volumen de negocio, es inevitable pensar en las puertas giratorias y la enorme influencia que ejercen estas multinacionales sobre gobiernos e instituciones. En concreto, GILEAD está relacionada con altos cargos de la administración de EE.UU. y grupos de presión internacionales.

 

Ejemplo de esta influencia lo constituye el tamiflu y las hipotéticas epidemias de gripe aviar en 2005 y de gripe A en 2009. En 2005 se produce la alarma mundial de gripe aviar, alimentada por el gobierno de EE.UU. lo que dispara las ventas de tamiflu. En 2009 la OMS declaró una pandemia de gripe A, que resultó ser una gripe benigna en comparación con los años anteriores, afortunadamente. Sin embargo, esta declaración disparó las ventas de tamiflu y de vacunas contra la gripe A. Los gobiernos hicieron gran acopio de estos medicamentos, que ahora siguen acumulados o ya caducados. Por otra parte, el tamiflu se demostró poco eficaz y con más efectos secundarios que los anunciados. Hasta la fecha, nadie se ha responsabilizado de este desfalco ni ha sido puesto ante los tribunales de justicia.

 

Está claro que las grandes empresas farmacéuticas hacen de la salud su negocio, a costa del derecho a la salud de la inmensa mayoría de la población, en especial la de los países menos desarrollados, y para ello se valen de su influencia, tanto en los gobiernos como en la misma OMS, cuya financiación en parte es privada. Además, los gobiernos de los países con estas grandes empresas, principalmente EE.UU. y algunos europeos, presionan a través de la OMC (Organización Mundial de Comercio) para imponer sistemas de patentes abusivos que protejan sus intereses. Por último, dirigen su investigación hacia enfermedades que les produzcan beneficios, relegando a otras enfermedades, propias de países pobres, poco rentables.

 

Para hacer frente a esta situación es preciso ante todo un gobierno capaz de hacer frente a los lobbys farmacéuticos y la corrupción que ejercen, democratizar y hacer transparentes instituciones como la OMS, luchar contra los sistemas abusivos de patentes farmacéuticas en alianza con otros países, y disponer de laboratorios farmacéuticos estatales, potenciando el empleo cualificado y el desarrollo tecnológico. que produzcan los medicamentos necesarios para la totalidad de la población, a precios asumibles, y garantizando el derecho a la salud frente a la salud como negocio.

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