Opinión

No hay que tener miedo a los referendos

martes, 17 de junio de 2014

Vivimos unos tiempos en los cuales intentar preguntar a la población sobre cualquier tema es motivo de escándalo para el poder establecido.

 

Si los catalanes quieren hacer un referéndum, simplemente consultivo, sobre el tipo de relación con el resto de España, se monta la de dios es Cristo. Si se propone preguntar si los españoles quieren a Felipe VI o una República, parece que se quiere hundir a España en la anarquía, rompiendo el llamado consenso constitucional. Incluso a los canarios se les niega la posibilidad de hacer un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas de Repsol en sus costas.

 

En todos los casos el obstáculo último es la Constitución, que reserva la potestad de organizar referendos solo al gobierno central, que es quien otorga o no la posibilidad de hacerlo a instancias inferiores, comunidades autónomas y ayuntamientos (art. 149).

 

El argumento es sencillo. Si quieres convocar un referéndum tienes que ganar primero unas elecciones generales. Pero aun logrando dicho objetivo, para temas muy importantes hay que seguir lo establecido en el art. 168 que dice:

 

1.- Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección Primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

 

2.- Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

 

3.- Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

 

Es obvio que quienes escribieron esto querían dejar estos asuntos atados y bien atados.

 

En 1986 se celebró un referéndum sobre la entrada o no de España en la OTAN. El resultado fue 9.054.509 de votos a favor, frente a 6.872.421 votos en contra. Curiosamente los resultados electorales de las dos principales fuerzas que encabezaron tanto la defensa del sí, el PSOE, como del no, el PCE, en las elecciones anteriores y posteriores a este referéndum pueden decirnos algo. En las elecciones generales de octubre de 1982, el PSOE obtuvo el 48,11% de los votos, mientras el PCE obtenía un 4,02%. En la elecciones generales de junio de 1986 (solo tres meses después del referéndum de la OTAN), el PSOE obtuvo el 44,06% y el PCE, ya bajo las siglas de IU, obtuvo un 4,63%. Entre medio el sí a la OTAN obtuvo el 53% de los votos, mientras que el no obtuvo el 40,5%.

 

Electoralmente nada sustancial cambió, el PSOE siguió con su mayoría absoluta y el PCE, en sus mínimos electorales, pero es evidente que cuando la gente puede opinar sobre temas concretos, los resultados electorales no tienen por qué expresar la voluntad popular.

 

Felipe VI podrá ser elegido por el 86% del Parlamento, ¿pero verdaderamente un 86% de los ciudadanos apoya su elección?

 

La respuesta habitual es: "las encuestas dicen…". Pero no deja de ser curioso que podemos ser preguntados por empresas encuestadoras sobre cualquier tema. Los políticos las usan sistemáticamente para justificar muchas de sus decisiones. Pero la mejor encuesta, preguntar a los ciudadanos sobre las cuestiones importantes, esa es complicadísima de hacer.

 

Hay otra cuestión. Tanto en el caso de Cataluña como en el de la elección de Felipe VI, se nos remite a los límites que impone la Constitución y ésta es casi intocable (salvo para justificar los recortes sociales con la reforma del artículo 135) porque algunos dicen que se alterarían los consensos básicos que permitieron una transición pacífica a la democracia.

 

No es mi intención entrar a discutir si lo que entonces se hizo fue bueno, malo, regular o lo único posible. Simplemente, quiero constatar que la Constitución fue el producto de un acuerdo entre quienes venían de apoyar una dictadura y los dirigentes de organizaciones que lucharon contra ella por el restablecimiento de las libertades democráticas básicas. Y todo ello bajo la presión del ruido de sables de unos militares no muy contento con semejante transición y que duró hasta la intentona golpista del 23 de febrero de 1989, solo dos años después de aprobada la Constitución.

 

Quienes hoy, en el año 2014, defienden que aquellos consensos básicos no deben ser cambiados, nos están diciendo que si se rompen ellos se considerarán liberados para volver a instaurar una dictadura como la de entonces.

 

Quizás suene un poco fuerte, pero si se nos pide que se reconozca el esfuerzo de los franquistas (previa ley de amnistía que les exoneraba de pagar por los crímenes cometidos durante 40 años) en el tránsito a la democracia, tengo el derecho a pensar que pasados tantos años y si ya son demócratas profundamente convencidos, todas las limitaciones que entonces pusieron en la Carta Magna para aceptar los cambios, han dejado de tener sentido. ¿O no?

 

Si los catalanes quieren opinar directamente sobre sus relaciones con España solo es una acto de democracia participativa, pues su resultado simplemente nos dirá cuántos de ellos quieren seguir siendo españoles y cuántos de ellos no. Y después habrá que ver cómo garantizar democráticamente los derechos de unos y otros. Pretender que la totalidad de los españoles decidan sobre la españolidad de Cataluña es una estupidez, pues obviamente los españoles lo son porque están a favor de España. Lo que necesitamos saber es cuántos ciudadanos de Cataluña quieren ser españoles o no. De la misma forma, no necesitamos saber cuántos diputados van a apoyar la investidura de Felipe VI, que ya nos lo han dicho. Lo que hace falta saber es cuántos ciudadanos lo apoyan.

 

Lo fundamental de la participación ciudadana mediante referendos no es solo el resultado, pues lógicamente siempre será al gusto de los que ganan y al disgusto de los que pierden, pero la dinámica de consultar permite a una sociedad evolucionar más fácilmente y lo que hoy se decide que sea de una manera, mañana podrá ser de otra.

 

Poner obstáculos a la participación ciudadana, en lugar de buscar mecanismos para facilitarla cada vez más podrá aplazar que la opinión del pueblo se exprese, pero tarde o temprano, de una forma u otra esta siempre acaba expresándose.

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