La Izquierda Navarra

Están en estos momentos en debate parlamentario los Presupuestos Generales del Estado y los de Navarra. Respecto a los del Estado, los presupuestos han merecido críticas por todo el arco parlamentario, tanto de izquierdas como de derechas. Es así que sólo con la abstención de IU y algún otro grupo se ha evitado que el proyecto de presupuestos haya superado las enmiendas a la totalidad presentadas, mayormente por la derecha. ¿Significa esto que estos presupuestos son de izquierdas? Habrá quien piense que, hoy día, derecha e izquierda se diferencian poco, e incluso que son lo mismo, bajo barnices distintos. Como parece con frecuencia necesario explicarlo, fijaré primero los criterios que deberían ser definitorios de la izquierda. Tales son el reparto justo de la riqueza, la defensa de un empleo estable, decente y con derechos, la defensa de las prestaciones públicas en sanidad, educación, la integración social protegiendo a los sectores marginados, dependientes y bajo el umbral de la pobreza, el compromiso con un desarrollo sostenible, reduciendo la emisión de gases con efecto invernadero, la paz y el respeto a los Derechos Humanos, la igualdad de género, el impulso a la democratización..., por citar algunos de los rasgos más relevantes.

Las cifras que pueden aportarse a la hora de enjuiciar una cuestión tan técnica como ésta sólo resultan ilustrativas si se comparan con otros países de nuestro entorno, se examina su evolución en el tiempo, y se coteja con la marcha de la economía española.

Respecto de esta última, se viene dando un crecimiento del PIB (producto interior bruto), en torno al 3,5% anual, lo cual ha permitido un superávit de los ingresos públicos. Sin embargo, no cabe llevarse a engaño, puesto que la economía española arroja sombras preocupantes, por aspectos muy negativos de dicho crecimiento, a saber: el fuerte endeudamiento de familias y empresas, el déficit enorme de la balanza de pagos, la mayor inflación respecto a la media de la UE, una actividad desmedida en el sector de la construcción, y un débil aumento de la productividad, y una precariedad extrema en el empleo. Pese a todo, como decía, se espera acabar el año con superávit (0,2% del PIB), y aún mayor superávit se proyecta para el 2007, del orden del  0,7% del PIB. Esto no sería en sí un dato desfavorable, si no fuera porque concurren otras circunstancias. Reproduzco parcialmente a continuación análisis realizados por destacados dirigentes de IU y por el PCE:

En primer lugar, como es sabido, en ese año entrarán en vigor las medidas de la última reforma fiscal adoptada por el gobierno, a la que se opuso, más que justificadamente, IU. La reforma afecta en un sentido regresivo al IRPF, pues se baja el tipo máximo de 45 a 43% y se le da un trato de favor insólito a las plusvalías del capital al desaparecer la distinción entre plusvalías obtenidas en menos de un año, que cotizaban hasta ahora como rendimientos del ejercicio, y por tanto al tipo marginal, y las de más de un año gravadas al tipo excepcionalmente favorable del 15%. Con razón se valora que esta reforma del IRPF beneficia fundamentalmente a los declarantes de rentas elevadas. La reforma también afecta al impuesto de sociedades, que verá reducir el tipo sobre los beneficios del 35 al 30% en dos pasos sucesivos de 2,5 puntos en 2007 y 2008.

Se estima que las modificaciones de estos dos impuestos representaran una disminución de unos 6.000 millones de euros en la recaudación de los ingresos públicos. Cabe por tanto resaltar que, ante los primeros signos favorables de la evolución de las cuentas públicas, el gobierno del PSOE ha tenido como prioridad reducir la carga fiscal a las rentas del capital y a las personas de elevados ingresos. Si esta iniciativa se encuadra en el marco temporal más prolongado de los últimos tiempos, en el que sucesivas cambios fiscales han tenido los mismos objetivos (recuérdese que en el IRPF el tipo máximo de partida era del 56%, al tiempo que ha aumentado la presión de los impuestos indirectos), y si se compara la situación fiscal de la economía española en el contexto de la UE-15, con un nivel de los ingresos públicos con respecto al PIB (39,4% en 2005), inferior en más cinco puntos a la media de la Unión (45,1%), hay que concluir que desde este punto de vista, IU, la fuerza que pretende representar un proyecto alternativo de sociedad, no puede prestar apoyo alguno a los presupuestos de 2007. Se puede decir que estos presupuestos culminan desde el punto de vista de los ingresos públicos un conjunto de reformas a las que se ha opuesto sistemáticamente Izquierda Unida, afirmación que cobra su significado pleno si se considera la acusada regresividad actual del sistema y la importancia reconocida del fraude fiscal, que no se combate eficazmente.

El comparativo retraso fiscal que acaba de destacarse tiene su correlato inevitable en la brecha que representan los gastos públicos en términos del PIB con respecto a la media de la UE-15 (38,3 y 47,4% en 2005, respectivamente), con una diferencia de 9 puntos, con lo que ello implica de capacidad del Estado para la redistribución personal y geográfica de la renta y las posibilidades de atender los servicios e infraestructuras públicos. La brecha aún es más acusada en los gastos sociales por la falta de atención sistemática que desde el gobierno del PP y el gobierno actual del PSOE se les ha prestado, en coherencia con los criterios neoliberales dominantes. Según la memoria del año 2005 del CES, en el año 2003 los gastos públicos en nuestro país en protección social representaban sólo el 19,7% del PIB, frente al 28, 3 % de la UE-15. Se da la circunstancia agravante de que este último porcentaje ha permanecido prácticamente estable desde 1994, mientras en el caso español en esa década el porcentaje cayó en tres puntos. Como nuestro país, además, tiene una renta media inferior a la de la UE-15 ocurre que el gasto medio por persona en protección social era sólo en 2003 el 48% de la media europea. Esto es, para los aficionados a las comparaciones de todo tipo con Europa: nuestro país no sólo está relativamente atrasado y mantiene una distribución de la renta entre beneficios y salarios de las más desfavorables de Europa, para estos últimos, como es obvio, sino que la incidencia redistributiva de la política fiscal es acusadamente más débil que en los países de nuestro entorno, inferior incluso a la de Portugal y Grecia.

La posición abstencionista del grupo parlamentario en el Congreso no ha sido compartida por toda la organización, y al respecto hay que decir que el PCE se ha posicionado por el voto en contra, por considerar estos presupuestos claramente neoliberales e incapaces de atajar los problemas. Para el PCE, la política económica neoliberal (que se mantiene en los PGE/2007) no ha conseguido los objetivos propuestos, según los datos oficiales de las variables macroeconómicas, en temas como: incremento de la productividad, reducción de la inflación, balanza comercial, situación desequilibrada de los sistemas productivos básicos. El incremento de la productividad, se sigue haciendo a base de sacrificar los derechos sociales y económicos de los trabajadores y en la explotación de los inmigrantes, así como en el mantenimiento de índices escandalosos de precariedad, frente al incremento de las nuevas tecnologías. Por otra parte, son destacables los aumentos en la financiación de la Iglesia católica, que alguien ha calificado como “laicismo inteligente” y así mismo los gastos militares, cabe imaginar que para seguir en Afganistán y desarrollar mejores y más mortíferas armas. El PCE propone siete líneas de actuación basadas en: la inversión en políticas activas de creación de empleo; ampliar el giro social, favoreciendo las rentas más bajas y los sectores más desfavorecidos; apuesta por un municipalismo de izquierdas; impulso hacia un giro medioambiental, apostando por otro modelo energético y un modelo responsable de los recursos naturales; apuesta por la introducción de políticas que vayan avanzando en otro modelo económico; apuesta por los servicios públicos y dotación adecuada para la aplicación de la ley referida a la violencia de género.

El tiempo dirá si los argumentos a favor de la postura abstencionista, del estilo “el escaso margen de ZP”, y el tipo de oposición “exigente e influyente” son entendidos por la base social de la que IU quiere ser referente. Quedan muchas enmiendas por pelear, y el riesgo evidente de que las mejoras introducidas sean capitalizadas por el Gobierno “ZP”.

En Navarra, ante los Presupuestos del Gobierno de la derecha, tenemos la oportunidad de defender y plantear con nitidez las propuestas que perfilan a IU como una fuerza de izquierda alternativa. A por ellos.