Opinión

Extranjero en Salou

jueves, 14 de noviembre de 2013

No me gusta ser extranjero en Salou, en realidad no me gusta serlo en ningún sitio. Es inevitable ser de un lugar y, por ello, forastero en todos los demás, pero extranjero significa extraño, ajeno, intruso, no ser un ciudadano con todos los derechos. Una de las cosas buenas de la Unión Europea (también las tiene malas) es superar las fronteras y hacernos ciudadanos, con iguales derechos, en todo su extenso territorio. Digo que no me gusta, no que no me gustaría, porque soy extranjero en Salou en cuanto a lo que enseguida explicaré. No porque piense que esté en una nación distinta a la mía, no creo en las naciones en ese sentido -para mí la patria son los derechos- aunque gracias a la acción combinada y simbiótica de los nacionalismos español y catalán a lo peor en unos años hay que enseñar un pasaporte para ir de Pamplona a Salou. O para ir a Irún, a Nájera o a Jaca, depende de los frutos que dé el ejercicio del derecho a decidir, parece que por ahora limitado a decidir dónde han de quedar en el futuro las fronteras. Las naciones son eternas e indisolubles en la idea de quienes creen en ellas, pero nada más mudable a lo largo de la historia que las fronteras.

 

Pero a lo que voy. A los efectos del derecho de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud que reconoce la ley, en Salou soy extranjero extracomunitario sin permiso de residencia. Mi tarjeta sanitaria expedida por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, con una leyenda que dice: "Este documento solamente tiene validez para la Asistencia Sanitaria Pública en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra", presentada en un centro sanitario de Salou vale lo mismo que el carnet de conducir de Ohio de un turista norteamericano. A los dos nos atenderán, faltaría más, pero luego nos pasarán la factura. El yanqui seguramente tendrá un seguro privado que le cubra los gastos sanitarios en el extranjero. Yo no, al menos que me cubra todo (sí que me descuentan en la nómina una cuota por una atención complementaria y voluntaria -cualquiera la rechaza para quedarse en pelotas- por el que me reembolsarán una parte de esos gastos, todo solo si es a vida o muerte, después del correspondiente papeleo. Por su parte, el turista alemán con el que coincida en la sala de espera exhibirá su Tarjeta Sanitaria Europea (de la que yo carezco) y será atendido sin tener que abonar la factura, igual que un zaragozano con su tarjeta del Servicio Aragonés de Salud o la mayoría de los navarros con la suya de Osasunbidea con validez para todo el Sistema Nacional de Salud, y es posible que el médico de Salou pueda consultar por Internet sus respectivas historias clínicas digitales (la mía no, no pertenezco al sistema). Esto sucede porque soy funcionario desde antes de 1992 y no ingresé en la Seguridad Social sino en el montepío de funcionarios de la Administración de la Comunidad Foral. Las administraciones foral y estatal no han llegado nunca a un acuerdo para que nos integremos en la Seguridad Social, como todos los demás funcionarios de este país, y constituimos una peculiaridad a extinguir pero compuesta por más de siete mil funcionarios forales y municipales (unos cinco mil jubilados) que pensamos tardar todavía unos años en extinguirnos.

 

Los tiempos en que recibir o no -y cómo- la asistencia sanitaria dependía de la situación laboral y económica de cada uno se supone que pertenecen al pasado. La Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud y las leyes han ido ampliando el ámbito de la asistencia sanitaria a lo largo de las últimas décadas. Punto culminante del proceso es el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, que modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta norma es conocida -y criticada- por su lado más negro, haber excluido a los inmigrantes sin papeles (y no voy a caer en la demagogia de compararme con ellos, cuya situación de desprotección es extrema y a los que se priva injustamente de un derecho que debe de tener todo ser humano con o sin papeles, sé que lo suyo es prioritario). Pero la ley tiene también un lado positivo, se ha extendido la asistencia sanitaria pública a todos los residentes legales en España (con la sola excepción de quienes sin estar en la Seguridad Social tengan unos ingresos anuales de más de 100.000 euros) que han de ser atendidos en iguales condiciones en todo el territorio nacional con una tarjeta sanitaria en formato único y común válido para todo el Sistema Nacional de Salud.

 

Esa es la teoría. La práctica con algunos ciudadanos -los funcionarios de los montepíos forales- es otra. Para obtener una tarjeta sanitaria válida para todo el Sistema Nacional de Salud, o una Tarjeta Sanitaria Europea, primero tenemos que ser reconocidos como asegurados e incorporados a una base de datos cuya llave tiene -curiosamente- el INSS. Las administraciones públicas competentes juegan a lanzarse mutuamente la pelota. El Gobierno de Navarra, nuestro patrón y el que gestiona nuestra asistencia sanitaria dentro de Navarra, se ha limitado a llamar a Madrid sin que de momento le cojan el teléfono. El diputado de UPN en el Congreso ha preguntado al Gobierno de España y le ha salido por peteneras (que no somos de Muface, le dicen, algo que ya sabíamos). El Ministerio de Sanidad desvía el asunto al INSS, al que la ley le otorga la facultad de reconocernos como asegurados, y a los funcionarios que reclamamos individualmente el INSS nos contesta (fuera de plazo y tras queja ante la Defensora del Pueblo por el silencio administrativo) que no tenemos derecho a que la Seguridad Social nos preste asistencia sanitaria, cosa que no hemos pedido porque desde hace muchos años la Seguridad Social ya no la presta, lo hacen los servicios autonómicos de salud, pero parece que no tienen al día los boletines oficiales. Total, que algunas decenas de funcionarios hemos ido a pedir que se cumpla la ley a la colapsada jurisdicción social, que es la que toca para pelear con el INSS. Y en ello estamos, esperando, la situación típica de quien reclama justicia. Entre la demanda y el juicio se va un año, a partir de marzo de 2014 verán nuestro caso. Ya me gustaría creer en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles que dice la Constitución, para que se trasladara la unidad al Sistema Nacional de Salud y a mi tarjeta sanitaria, pero de momento sigo siendo extranjero en los centros sanitarios de Salou, de Zarautz o de Lanzarote.

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