Opinión

Nefasta política de vivienda en Navarra

viernes, 08 de noviembre de 2013

Las políticas de vivienda puestas en marcha en España y en Navarra en los últimos años han sido nefastas en cuanto al objetivo que debe presidir toda política de vivienda pública: garantizar el derecho de la ciudadanía a disponer de una vivienda digna. En su defecto, la política de vivienda pública se ha orientado casi exclusivamente a facilitar la especulación y la construcción sin fin de nuevas viviendas en compraventa, hasta el punto de ser uno de los principales detonantes de la crisis económica por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica asociada a ella.

 

En los últimos meses hemos conocido varios informes muy ilustrativos sobre la política pública de vivienda. Según la Cámara de Comptos, se constata cómo entre los años 2005 a 2012 el precio de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) se incrementó en un 33,89%, muy por encima del IPC, con lo que se encareció muchísimo la única tipología a la que podía acceder una parte importante de la población: la VPO.

 

Igualmente, según dicho informe, el 68% de las ayudas públicas directas a la vivienda (sin contar las desgravaciones fiscales) se han destinado a financiar la compra de vivienda y solo el 32% al alquiler. Además, de las destinadas al alquiler, la mayor parte, el 60%, han ido a parar a promotores de vivienda para financiar la construcción de viviendas suyas destinadas a alquiler, y el resto a los arrendatarios.

 

A los datos aportados por Comptos, hay que sumar los millones de euros en desgravaciones fiscales destinadas en su mayoría a vivienda en propiedad frente al alquiler. Estas desgravaciones, al igual que las subvenciones, lejos de contribuir a abaratar la compra de vivienda, contribuyeron a aumentar su precio. Solo en 2011 fueron 114 millones de euros destinados a desgravaciones fiscales en vivienda, cuando lo destinado a ayudas directas al alquiler (a los inquilinos) entre los años 2005 a 2012 fueron 32,8 millones.

 

Junto a los datos mencionados, hay que añadir otros estudios recientemente publicados, que aportan una serie de datos imprescindibles para sacar conclusiones.

 

Según el INE, existen en Navarra aproximadamente 34.000 viviendas vacías, cuando en el actual censo único de vivienda de Navarra existen 6.000 demandantes de vivienda en alquiler frente a algo más de 1.300 que solicitan comprar vivienda protegida. Así mismo, la asociación de consumidores Irache constataba el aumento de la demanda de vivienda en alquiler, aportando otro informe en el que afirma que entre los años 2007 y 2012 hemos pasado de un 8% de hogares viviendo en régimen de alquiler a un 12,12%.

 

Pese a que no conocemos la cifra exacta de desahucios de familias que no pueden pagar la hipoteca de su primera vivienda (las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial no distinguen si es de una primera vivienda o no), sí sabemos que han sido cientos las familias desahuciadas en Navarra.

 

Mientras la mayoría de los países de Europa central han apostado por el alquiler público asequible como modo de garantizar el derecho a la vivienda para la mayoría de su población, España es uno de los países de Europa con menor porcentaje de personas viviendo en régimen de alquiler. Destacar que si la media española es el 13%, la europea es el 33% y la alemana el 57%.

 

Por todo ello Navarra necesita, a nuestro juicio, un cambio de 180 grados en materia de política de vivienda que pasaría por dar la máxima prioridad al alquiler sobre la compraventa como único camino realista para garantizar por ley el derecho de toda navarra y navarro a una vivienda digna. Si tenemos 34.000 viviendas vacías y una demanda en el censo único de vivienda de 6.000-7.000 personas, hay que buscar fórmulas para que toda persona acceda a una vivienda en alquiler a precios razonables. Entre ellas, destacaríamos como las más urgentes las siguientes:

 

-Reorientar las ayudas y desgravaciones fiscales a la promoción de vivienda pública en alquiler, de tal manera que nadie pague más de un porcentaje determinado de su renta, de modo que el gasto en vivienda no hipoteque la calidad de vida de la ciudadanía.

 

-Aplicar una rebaja sustancial de los precios máximos de alquiler de las VPO, pues hoy día tienen precios en ocasiones superiores a las del mercado libre.

 

-Eliminar fianzas abusivas, pagos de la contribución por parte de inquilinos y otras trabas hoy existentes en el alquiler social público.

 

-Crear un banco de viviendas público para el alquiler: hay solares públicos urbanizados en los que la construcción de vivienda pública destinada a alquilar se puede costear solo con los alquileres, sin suponer sobreendeudamientos a la comunidad.

 

-Facilitar que la bolsa de vivienda privada en alquiler que gestiona Nasuvinsa cuente con un parque de viviendas mucho más amplio (entre otras medidas: eliminando el requisito de que la vivienda deba estar un año vacía).

 

-Aplicar ya la Ley Foral que grava a las viviendas vacías que no se oferten en alquiler (donde no se incluyen segundas viviendas en uso, casas de los pueblos en uso esporádico, etcétera), para incentivar su entrada en el mercado del alquiler.

 

-Aplicar la Ley Foral Anti-Desahucios que permite expropiar el uso temporal de las viviendas de familias que van a ser desahuciadas, sancionar a los bancos que tengan vivienda vacía sin alquilar y facilitar la dación en pago.

 

-Que las aproximadamente 1.000 VPO construidas y que no se venden porque a las personas que cumplen todos los requisitos no les dan crédito, se destinen al alquiler social público y no a la venta al mejor postor para beneficio único de promotores.

 

-Ampliar la cuantía de las ayudas a la rehabilitación (y no recortarlas, como acaba de hacer el Gobierno de Navarra), pues son muy útiles para el mantenimiento del empleo en el sector, la mejora de la eficiencia energética y el ahorro en las viviendas, y la mejora de la condiciones de vida y accesibilidad de personas en situación de dificultad.

 

Ya va siendo hora que lo público ponga en marcha políticas serias cuya prioridad no sea que unos pocos especulen, sino garantizar un derecho fundamental.

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