Opinión

La villavesa es un servicio público

lunes, 21 de octubre de 2013

Los servicios públicos tuvieron su mayor auge tras la segunda guerra mundial. El fracaso del liberalismo económico de Adam Smith, el auge de las ideas marxistas y el avance del socialismo que obligaron al capitalismo a la aplicación de políticas reformistas  Keinesianas, a grandes rasgos, convirtieron a los servicios públicos (SSPP) en fundamento y motor económico-social y derivaron en el estado de bienestar, medioestar en España, que hoy todos identificamos con estos.

 

¿Pero, que son los SSPP? La sanidad, la educación, las unidades de barrio, por ejemplo, son SSPP que hoy, debido a las políticas neoliberales impuestas por la derecha y asumidas por la socialdemocracia, a sus recortes y a su indisimulada intención de privatizar todo lo que pueda suponer un negocio lucrativo están en el candelero.

 

El transporte urbano comarcal, las villavesas, es otro servicio público esencial (obligatorio para poblaciones de más de 50.000 habitantes según la ley) que hoy está en la cuerda floja debido a las políticas institucionales. Un servicio público destinado a ser herramienta, como lo son los demás, para resolver desigualdades sociales, que afecta a derechos  fundamentales como el acceso a la sanidad, a la educación o el trabajo y que es hoy herramienta fundamental e imprescindible para un equilibrado desarrollo económico –social y para el progreso de las poblaciones y de la sociedad en su conjunto, se va deteriorando por el desinterés y descuido de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, de Gobierno de Navarra y ayuntamientos que tienen la lógica consecuencia del abandono por parte de los usuarios.

 

Un servicio que era hasta ahora de los más usados comparado con los de otras ciudades, resulta también de los más lentos y caros haciendo la misma comparación, evidenciando la nula actuación institucional para su adaptación a las necesidades de la población y del servicio y la no aplicación de precios desligados de los costes que son una máxima a la hora de ofrecer los SSPP que aquí no parece haberse entendido muy bien. Ni parece que se entienda muy bien lo que es el interés colectivo o la utilidad social viendo la falta de empeño que muestran quienes gobiernan hacía nuestros SSPP. En línea con lo que desde IU venimos haciendo desde hace muchos años, el propio comité de la empresa adjudicataria denuncia que todas las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Pamplona y por Gobierno de Navarra en el ámbito de la movilidad han sido lesivas para el TUC. Por otro lado, si el Gobierno de Navarra financiase el transporte público de la Comarca de Pamplona como lo hace el gobierno central a través de contratos-programa en otras  ciudades sujetas al régimen fiscal común, dispondríamos de casi 2,5 millones más para mejorar nuestro TUC, y evitaríamos el agujero que hoy tanto preocupa.

 

Con estas políticas, millones de viajeros en los últimos años se han perdido, pero la situación de perdida de viajeros no se quiere repercutir sobre los responsables de una nefasta gestión privatizada sino que se hace pagar a los usuarios y a la ciudadanía en general con modificaciones contractuales y otras medidas que perjudican al servicio y con incrementos de tarifas que duplican de media en porcentaje las previsiones de incremento del IPC y el incremento de las aportaciones institucionales. También se quiere traducir en bajadas de salarios a los trabajadores del 6% y aumento de horas laborales que pretende la empresa concesionaria del TUC. Una empresa que en su último ejercicio ha repartido dividendos por tres millones de euros, habiendo tenido beneficios hasta el pasado ejercicio y con unas perspectivas reales de no perder un euro y que arrojan un saldo millonario a favor de la empresa al final del contrato, abusa de sus trabajadores  apoyándose en la infame reforma laboral.

 

Ahora que se viene demostrando día a día, la incapacidad de la lógica de mercado para organizar los SSPP en función del interés general y la satisfacción de las necesidades  colectivas, en estos momentos en los que nuevamente con la gestión privada el servicio queda en peligro (ya sucedió cuando la concesionaria era MONTAÑESA), no creemos  que proponer una gestión directa del TUC, transparente y con control de usuarios y  trabajadores, con una financiación adecuada que desde lo público garantice el servicio, su continuidad y su adaptación a las necesidades, sea algo descabellado.

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