Parlamento

Izquierda-Ezkerra pide la retirada de la regresiva reforma educativa del PP por clasista, segregadora, mercantilista, y antidemocrática

martes, 15 de enero de 2013

A LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

 

José Miguel Nuin Moreno, portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda-Ezkerra, al amparo de lo establecido en el reglamento de la Cámara, y para su debate y votación en Pleno, formula la siguiente MOCIÓN

 

Exposición de motivos

 

La educación en España ha mejorado notablemente en la etapa democrática, si bien es evidente que tiene aspectos importantes que mejorar. Los principales retos que debería afrontar la educación de nuestro país son erradicar las altas tasas de fracaso, el abandono escolar y los defícit de convivencia y de socialización del alumnado, mejorando la calidad de nuestro sistema educativo, pero sin dañar su grado de equidad, asegurando la cohesión social y evitando una estructura educativa que potencie las desigualdades personales y de origen social o económico.

 

Los informes internacionales, como el reciente de la UNESCO, y los propios objetivos de Europa 2020 inciden una prioridad básica para ello: invertir en educación. Pero las medidas que se están llevando a cabo en España y en Navarra, centradas exclusivamente en la reducción del déficit público, están determinando unas políticas restrictivas caracterizadas pura y simplemente por los recortes en el servicio público educativo. La disminución de las plantillas de los centros públicos y de los servicios educativos complementarios, el incremento del alumnado por clase, la supresión de Escuelas Rurales, la desaparición de programas de apoyo y refuerzo, de planes de convivencia, la subida del IVA al material escolar,  el deterioro y escasez de  infraestructuras públicas educativas por falta de inversión,  las normas de escolarización que fomentan la segregación del alumnado por razón de sexo, religión, condición social  y/o procedencia ..., son medidas y recortes que afectan directamente a la calidad y a la equidad del sistema, que merman  la capacidad de los centros para atender a la diversidad de su alumnado y restringen las posibilidades reales para articular planes y medidas eficaces.

 

El proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa viene, por tanto, acompañada de una memoria económica real de -5.212 millones, que son los recortes que el gobierno del Partido Popular en España ha hecho en educación desde su llegada, y otra memoria comprometida en recortar otros 15.000 millones hasta 2015. De tal forma que los compromisos del Gobierno de España con Bruselas recortarán hasta el 3,9% del PIB en gasto público educativo, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE.

 

Cuando invertir en los servicios públicos, invertir en educación debería ser una prioridad, el gobierno de España y el gobierno de Navarra hacen todo lo contrario, reducen la inversión y se pretende imponer una reforma que no responde a las necesidades del sistema, ni a las necesidades educativas de la población. Una reforma que avanza en la privatización de la educación, convirtiendo la educación pública en una red subsidiaria y asistencial, dirigida a los sectores mas desfavorecidos y con mayores dificultades de aprendizaje y generando graves problemas de convivencia y socialización en todo el alumnado.

 

Esta propuesta de reforma pretende un sistema de enseñanza más selectivo y más clasificador, más impregnado de aprendizajes estrictamente disciplinares que de aprendizajes instrumentales y formativos, que son los que contribuyen en mayor medida a  la formación integral del alumnado. Es una propuesta que modifica  sustancialmente los principios básicos del sistema educativo español actual como son la igualdad de oportunidades, la compensación educativa, la socialización y la formación común para el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable. Es una Ley, que pretende mercantilizar la educación y ponerla al servicio de las necesidades empresariales y de los mercados.

 

Se trata de una propuesta plagada de contradicciones: No se mejora la educación, cuando se recortan los recursos y el sistema pierde en comprensividad. No se combate el fracaso escolar y el abandono escolar cuando no se establecen ni medidas curriculares ni medidas organizativas orientadas a ese fin. No se mejora la educación cuando se trata de una propuesta, sin base científica y pedagógica que parta de un diagnóstico de las causas que originan las dificultades de enseñanza-aprendizaje que las respalde.

 

Es una ley con una filosofía profundamente mercantilista que se refleja a lo largo de su articulado.  La Educación no se define, en esta Ley, como un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una red escolar de centros públicos, sino como “un bien” particular que deberá estar especialmente al servicio del sistema productivo, de la competitividad y de la empleabilidad.

 

Es una ley profundamente privatizadora. Introduce una nueva definición del Sistema Educativo Español (Art. 2.bis), que supone situar en un plano de igualdad al conjunto de agentes públicos y privados que “desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España”. Supone la consagración de las empresas privadas que prestan servicios educativos en pie de igualdad con el sector público educativo. En este sentido determina que la programación de la red de centros se establecerá de acuerdo a la “demanda social” y suprime la obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.

 

Es una ley clasista, segregadora y que retrocede en la igualdad. Elimina la función de cohesión e integración social de la educación, especialmente importante en el caso de la educación básica y  no se incluye como objetivo prioritario el éxito educativo de todos los estudiantes para garantizar la igualdad de oportunidades. Da cobertura legal a los conciertos a los centros educativos que segregan al alumnado por razón de  sexo y a la especialización de centros en función de la tipología de alumnado.

 

Es una ley profundamente recentralizadora,  que empobrece y controla el currículum. Las materias curriculares se clasifican en función de su carácter estrictamente instrumental centradas en contenidos considerados “útiles” para el futuro laboral y reduciendo o suprimiendo enseñanzas artísticas, clásicas, de economía, geografía, tecnología o de humanidades que se consideran de segunda categoría o prescindibles. Se reduce la autonomía curricular de los centros educativos y de las Comunidades Autónomas, en particular las que tienen dos lenguas oficiales.

 

Es una ley que introduce en el sistema educativo la competitividad darwinista. El estado delega en cada uno de los centros educativos la responsabilidad sobre la calidad educativa y somete a los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados en ranking públicos.

 

Es una ley profundamente antidemocrática. Modifican el art. 119.1 para desposeer a la comunidad educativa de su actual capacidad de gobierno y evaluación de los centros. Se produce un trasvase de competencias desde el Consejo Escolar hacia el director y propone gestionar los centros públicos, mediante una mayor autonomía financiera a través de financiación privada, introduciendo así los intereses privados y mercantiles en la educación pública.

 

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

 

Propuesta de Resolución

 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a que retire el Proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa porque es una Ley que no contribuye al desarrollo de una sociedad más cohesionada y justa, que promueve un modelo educativo clasista y segregador, que no aporta elementos que supongan una mejora la calidad educativa de todo el alumnado ya que expulsará del Sistema Educativo al alumnado con dificultades socioeconómicas, que atenta contra la educación inclusiva y la coeducación, que no favorece la  disminución del fracaso y el abandono escolar, que niega la participación de la comunidad educativa, que no contempla una formación integral básica y común para todos los escolares que les dote de las competencias suficientes para integrarse, actuar y participar con libertad y espíritu crítico como miembros activos de  la sociedad, que restringe el desarrollo de las lenguas co-oficiales de cada CCAA, y porque supone la cesión, de los poderes públicos, de la toma de decisiones  sobre la educación de la población a la iniciativa privada.

 

Pamplona, a 14 de enero de 2013

 

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