Opinión

La paga extra

martes, 18 de diciembre de 2012

El embrollado debate en el Parlamento de Navarra puede despistar a más de uno y hacerle creer que la cuestión es si pagar en diciembre o pagar en enero, cuando el tema de fondo es mucho más complejo.

 

1. Una paga que no es extraordinaria. La herencia de la historia nos hace arrastrar una denominación engañosa, como si se tratara de un aguinaldo, una gratificación graciosa o un complemento de concesión excepcional. La retribución de los funcionarios comprende una cuantía anual (sobre la que se calcula la retención del IRPF o la cotización de pasivos) que luego se reparte en catorce pagas que lo mismo podrían llamarse todas ordinarias, doce mensuales y dos semestrales. Aquí se trata de suprimir lisa y llanamente una catorceava parte, la catorceava paga de 2012. Que una de las catorce pagas de 2013 se adelante de junio a enero no compensa el saqueo.

 

2. Un decreto ley inconstitucional. Para dictarlo, Constitución en la mano, el Gobierno debe justificar una extraordinaria y urgente necesidad que el Tribunal Constitucional ha descrito como necesidad de una solución normativa inmediata que no permita esperar a la tramitación de un procedimiento por las Cortes Generales, titulares de la potestad legislativa. Un decreto ley dictado en julio que debe aplicarse a finales de diciembre no cumple con ese requisito, sobre todo, si tenemos en cuenta lo rápido que puede ser el procedimiento legislativo cuando interesa (el art. 135 de la Constitución se reformó exactamente en un mes). Para más inri, el decreto ley que nos ocupa ha sido modificado parcialmente, incluso antes de aplicarse en cuanto a la paga extra de Navidad, por una disposición final de la infausta Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales. Si esto ha sido posible, con mayor razón se podía haber adoptado la medida a través de una ley ordinaria.

 

3. Inconstitucional e injusto. Como lo ha dicho el Tribunal Constitucional de Portugal sobre la misma medida de supresión de pagas extra de los empleados públicos aplicando preceptos de la Constitución de ese país en todo análogos a los de la Constitución española (derecho a la igualdad, proporcionalidad en el reparto de las cargas públicas). Señala que el reparto de los sacrificios exigidos por la grave situación económica no puede ser demasiado desigual y no pueden recaer, no entre todos los ciudadanos según su capacidad, sino solo entre quienes perciben retribuciones o pensiones de fondos públicos; cuanto mayor es el grado de sacrificio impuesto a los ciudadanos mayores son las exigencias de equidad y justicia en su distribución. Doctrina íntegramente trasladable a nuestro caso que espero que adopte el Tribunal Constitucional español al resolver, entre otros, el recurso interpuesto por el Parlamento de Navarra.

 

4. Dejación de competencias de Navarra. El Gobierno de Navarra asume la aplicación directa del decreto ley a sus funcionarios, alegando que es legislación básica estatal, e incumple la legislación foral en una clamorosa dejación de la defensa de las competencias de Navarra en materia de función pública. Cierto que el decreto ley invoca el art. 149.1.13 de la Constitución, la competencia del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Pero lo invoca también cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado al fijar las retribuciones de los empleados públicos, unas retribuciones (sueldo básico de grupo, trienios, complemento específico) que nunca se aplican en Navarra por entender que, en realidad, el Estado está ejercitando la competencia del art. 149.1.18 para dictar la legislación básica de función pública (que en Navarra se aplica solo en cuanto a derechos y obligaciones esenciales de los funcionarios públicos). La competencia del art. 149.1.13 capacita al Estado, como tiene dicho el Tribunal Constitucional, para fijar límites generales o topes máximos al incremento de la masa retributiva, pero no para fijar los conceptos retributivos o las retribuciones concretas a percibir por los empleados públicos. Navarra tiene que aplicar, por ejemplo, la congelación salarial decretada por el Estado; pero ni tiene que abonar trienios ni suprimir la decimocuarta paga de este año. El Gobierno de Navarra (y las entidades locales) tiene que aplicar su Estatuto del Personal, que fija quinquenios y catorce pagas.

 

5. Un Gobierno abusón. El Gobierno del PP se está pasando la Constitución por el arco del triunfo. No solo en cuanto al sistemático abuso del decreto ley (28 lleva publicados el BOE este año, por solo 10 leyes), sino también por el abuso del recurso al Tribunal Constitucional. Le da igual lo endeble de su posición; actúa con la prepotencia de saber que sus recursos suspenden automáticamente la ejecución de las leyes o actos recurridos, como ha hecho respecto del País Vasco y como amenaza hacer en Navarra. Abusa de la inoperancia del Tribunal Constitucional, que resolverá dentro de cuatro, seis, ocho años. A Rajoy solo le preocupa cumplir los límites de déficit aquí y ahora, no las sentencias que puedan publicarse quizás cuando él haya pasado a otras ocupaciones. Rinde cuentas a Merkel, no a la Constitución ni a los ciudadanos.

 

6. Una nómina esquizofrénica. Así que los funcionarios forales nos podemos encontrar dentro de unos días, en lugar de con lo que procede de acuerdo con la legislación foral tal como se ha interpretado y aplicado hasta ahora, una nómina con las dos pagas de todos los meses de diciembre, con una nómina esquizofrénica. Con una paga ordinaria conforme a la legislación foral, con su retribución básica de nivel, sus quinquenios, su grado, su complemento de puesto de trabajo, y con la ausencia de una paga extraordinaria a la que se ha aplicado la legislación estatal, suprimida en su sueldo de grupo o subgrupo, sus trienios, su complemento específico, su complemento de destino. Y que perdonen quienes sufren de esquizofrenia (mente dividida, en griego) por utilizar el nombre y la imagen de su enfermedad, pero es que realmente nos encontramos ante otro preocupante problema de salud pública, en este caso la del Estado de derecho.

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