La Izquierda Navarra

Desde la antigua democracia griega se afirma que los cargos públicos deben ser retribuidos para no vedar el acceso de quienes no tienen recursos suficientes para abandonar total o parcialmente las ocupaciones que les proporcionan su sustento. Sólo en regímenes aristocráticos o caciquiles todos los cargos políticos pueden ser gratuitos. La cuestión que periódicamente vuelve al debate no es tanto sobre la existencia de retribuciones sino sobre su cuantía y condiciones de percepción.

Los cargos políticos en España suelen estar escasamente retribuidos, desde cierto punto de vista, o lo están en exceso si atendemos a otra perspectiva. La primera visión es correcta si hacemos la comparación con otros países europeos o con el sector privado. Dado el nivel de dedicación y responsabilidad que se exige y la preparación intelectual o técnica deseable para una actividad cada vez más compleja (ya no basta, como antaño, un poco de sentido común), se retribuye en cuantías notoriamente inferiores a las habituales para cargos equivalentes en el ámbito empresarial o profesional. Ello tiene como efecto que la política a veces reclute a personas con muy limitadas aptitudes que en otro ámbito no podrían aspirar sino a retribuciones mucho menores y que, a menudo, en vez de ocupar un cargo político para servir a la ciudadanía se sirven de ella para garantizarse un sueldo poco merecido. No debe generalizarse, como tanto se hace, colocando a todos o a la mayoría de los políticos en esta categoría; en realidad, pienso que son una minoría, pero una amplia minoría demasiado visible ya que suele perpetuarse en el desempeño de los cargos, pasando de unos a otros (si es necesario, como concejal en una localidad distinta cada legislatura o como diputado en una provincia en la que apenas ha puesto el pie) sin que se les conozca otra profesión ni otra habilidad o mérito que su fidelidad a quien hace las listas cerradas y bloqueadas de nuestro sistema electoral. Su permanencia y persistencia en la política, prolongada a veces hasta su jubilación, hace que sean más conocidos y se les identifique más como los políticos por excelencia, miembros de una casta apegada a las poltronas y eternamente nutrida del erario. Lo cierto es que con mucha frecuencia los cargos públicos son desempeñados por personas que tienen otra profesión, que han acreditado su capacidad en el mundo de la empresa, de la Administración, de la universidad, de los movimientos sociales, y que tras su paso por la política vuelven a su actividad anterior. Personas menos conocidas y con frecuencia prontamente olvidadas precisamente por lo breve de su desempeño, cuatro u ocho años a lo sumo, fugacidad incentivada porque suelen estar mejor recompensadas fuera de la política y no solo ni principalmente en lo económico dada la escasa valoración social de su dedicación. En suma, tenemos un sistema político que no se distingue por reclutar a los mejores para el desempeño de las más altas responsabilidades públicas sino más bien por ahuyentar a algunos de los más capaces, eternizar a algunos de los menos preparados y lograr un nivel de palpable mediocridad.

Pero la política se retribuye en exceso, en opinión generalizada, precisamente por esa imagen de estar copada por personas poco brillantes, poco sacrificadas, poco preocupadas por los intereses de la ciudadanía, aferradas a sus escaños y despachos para proteger sus privilegios y los de los suyos. Imagen en parte falsa pero en parte verdadera, en buena parte injusta para una buena cantidad de personas que no se la merecen porque sí tienen una auténtica y desinteresada vocación de servicio, pero en buena parte ajustada por desgracia a los abundantes y nefastos ejemplos de nepotismo, corrupción y abuso que con demasiada frecuencia ocupan las portadas de la prensa pero que no parecen inquietar demasiado a los líderes de los principales partidos.

Y, sobre todo, la retribución de los políticos se antoja excesiva en un país como el nuestro con un salario mínimo por los suelos y un salario medio poco por encima de la altura del betún, con cinco millones de parados y varios millones más de trabajadores atemorizados por caer también en el desempleo, con una quinta parte de la población bajo el umbral de la pobreza, en una situación de forzada austeridad que se exige principalmente de las clases sociales más modestas y no de los que más tienen, donde nadie se hace responsable de la crisis económica o del despilfarro de años anteriores, donde los mismos que nos han llevado al desastre siguen tan campantes en sus puestos predicando las mismas recetas, donde ante la falta de perspectivas y de soluciones difícilmente nadie puede pensar que los que mandan se estén ganando el sueldo. La ciudadanía puede tolerar las cifras astronómicas que se pagan a futbolistas o artistas porque al menos tiene la sensación de que hacen su trabajo, pero cualquier cantidad le parecerá excesiva para retribuir a políticos que no están haciendo el suyo.

No obstante, pienso que el mayor problema de las retribuciones no estriba tanto en su cuantía, que siempre será escasa o excesiva según se mire, sino en la sospecha generalizada sobre su nula transparencia, sobre que aparte de lo que se declara haya otras percepciones no conocidas y otros privilegios inconfesados e inconfesables; en la sospecha de que mientras se finge hacer una labor en beneficio de la comunidad en realidad se está haciendo carrera en beneficio propio, en que la mayor parte de las retribuciones son diferidas, los políticos son recolocados en otro cargo público mejor remunerado o, peor, en otro cargo en la empresa privada en pago a los favores recibidos; en la sospecha de que detrás de tanto autobombo y autopromoción no hay más que humo; en la sospecha de que tras la protesta de perder dinero en la política, o de que tras la ufana afirmación de que no se trabaja por la pasta, no hay sino hipocresía. O, como acaba de suceder en Navarra, en el cinismo de pretender hacer pasar como reducción lo que constituye un aumento del sueldo a cargo de los presupuestos generales.

Ante este panorama necesitamos regenerar profundamente la política, recuperar el prestigio de trabajar por los intereses generales, hacer atractiva la participación y el desempeño de cargos públicos. Hay que adoptar medidas contundentes que no hace falta inventar, que ya existen en otros países, que ya practicaron los antiguos griegos: incompatibilidades rigurosas, principio de un solo cargo por persona y un solo sueldo por cargo, homologación al régimen general de seguridad social en cuestión de pensiones y desempleo, sin privilegios, limitación de mandatos y períodos de inelegibilidad temporal antes de poder optar a nuevos cargos, publicidad de las declaraciones de ingresos, actividades y bienes antes y después del desempeño de cargos públicos, transparencia absoluta de las retribuciones, control sobre la actividad y posibilidad incluso de revocación del mandato por los ciudadanos, candidaturas desbloqueadas, primarias abiertas para designar a los candidatos.

Frente a todas esas medidas la exacta cuantía de la retribución de los políticos –que nunca se fijará a gusto de todos- es cuestión menor. Mi propuesta: sustituir el sueldo por la indemnización, que no se pague por un trabajo que en el fondo debe hacerse por vocación de servicio pero que se compense por la dedicación que se exija; que se retribuya por los ingresos que se dejen de percibir al abandonar el trabajo anterior, haciendo una media de los percibidos los años inmediatos con un máximo y un mínimo razonables (como el salario mínimo por abajo, lo que a lo mejor incentivaba su elevación a niveles más dignos); que se garantice que el político ni pierde ni gana, ni se enriquece ni se empobrece con su dedicación a lo público, y que al regresar a su profesión anterior su patrimonio no haya notado la diferencia.