Documento Político aprobado el 27 de febrero de 2010 en la 8ª Asamblea de IUN-NEB (IV)

 

4. NUESTRA PROPUESTA.

 

Hemos de intensificar el esfuerzo por abrirnos a la sociedad, a la ciudadanía, a todos los movimientos sociales progresistas y de izquierdas, en constituir un factor de cambio. Pero esa apertura ha de hacerse con las ideas claras sobre cuáles son las propuestas que nos caracterizan y nos configuran como una organización de la izquierda republicana, socialista y federal.

 

4.1. Transformación social; un Estado solidario.

 

Vivimos en una sociedad injusta principalmente porque vivimos en una sociedad desigual. Vivimos en una sociedad donde las diferencias de clase agudizan más la injusticia y las desigualdades sociales. Los derechos reconocidos en teoría a todos los seres humanos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, o a todos los ciudadanos europeos por los tratados de la Unión Europea, o a todos los ciudadanos españoles por la Constitución, no son en la práctica garantizados a todos. Dependiendo del nacimiento, la raza, el sexo, las creencias religiosas o políticas, la opinión y otras circunstancias personales o sociales se tienen más o menos derechos, o incluso no se tiene ninguno. Sigue habiendo ricos y sigue habiendo pobres; sigue habiendo quienes pueden acceder a una buena educación y quienes apenas reciben una mínima alfabetización; quienes tienen trabajo y quienes malviven en el desempleo; quienes tienen una vivienda digna y quienes no; quienes acceden a una atención sanitaria de calidad y quienes no lo pueden hacer; quienes pueden ejercer su libertad de expresión a través de diversos medios de comunicación, quienes no logran ser escuchados y quienes por determinados mecanismos son censurados; quienes son apoyados para superar su discapacidad física o psíquica y quienes se ven condenados por ella; quienes pueden participar en las decisiones colectivas y quienes ser ven marginados de la participación.

 

Los recursos económicos y políticos están desigualmente repartidos. El espejismo de que el crecimiento económico, a través del mercado, acaba por repartir sus bienes entre toda la población, acaba por beneficiar a todos y permite el ascenso social de los más desfavorecidos inicialmente, se revela como eso, como un mito o un espejismo. El capitalismo crea riqueza, pero también crea mucha pobreza y sobre todo crea desigualdad. Las cifras oficiales de organismos internacionales y nacionales son tozudas en el sentido de que en las últimas décadas la distancia entre los más ricos y los más pobres ha crecido en todo el mundo, y en que cada vez menos personas, familias y empresas acumulan mayores porcentajes de los recursos productivos.

 

Somos izquierda transformadora porque queremos, porque exigimos, porque trabajamos por la transformación social. Aspiramos a otra estructura política, otra estructura social, otra estructura económica más justa. Y esa transformación no se va a hacer sola, no va a venir con la mano invisible, no la va a hacer el mercado, no va a surgir con la economía capitalista. Esa transformación exige esfuerzo y exige el avance hacia el socialismo democrático.

 

La transformación social exige un Estado, unos poderes públicos, que trabajen por ella. Un poder público fuerte, democrático y participativo pero fuerte, que se proponga intervenir para garantizar los derechos de todos; para proteger particularmente los derechos de los más desfavorecidos; para establecer servicios públicos de calidad y accesibles a todos que garanticen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al ocio; para redistribuir la riqueza y las oportunidades.

 

La transformación social exige un Estado que promueva no sólo el bienestar social, sino que promueva activamente la justicia y la solidaridad; no sólo un Estado de Bienestar sino también un Estado solidario. Un Estado que establezca un sistema tributario justo y progresivo, donde no solamente contribuyan todos sino que todos contribuyan en la medida en que puedan hacerlo, pagando más quienes más tienen, sin exenciones abusivas según obtengan rentas de trabajo o de capital, sin paraísos fiscales sean territoriales o sociales. Un Estado que incremente fuertemente el gasto público y especialmente el gasto social; un Estado que crea en la inversión pública y en beneficio de toda la ciudadanía; un Estado que no sea indiferente en cuanto al modelo de crecimiento económico, sino que lo ponga al servicio de las necesidades de toda la población y no de las de los sectores con más capacidad de decisión.

 

4.2. Democracia radical; la alternativa republicana.

 

No nos conformamos con una democracia reducida a la periódica celebración de elecciones; no nos conformamos con que las elecciones se reduzcan a un circo publicitario y mediático para vender un producto político a unos electores rebajados al papel de consumidores o clientes; no nos resignamos a la mera opción entre candidaturas cerradas elaboradas por partidos políticos convertidos en empresas que luchan por hacerse con la mayor porción del mercado electoral y que presentan programas electorales elaborados con las más sofisticadas técnicas de marketing para convencer al elector indeciso que son olvidados apenas se cierran las urnas.

 

Apostamos por una democracia radical, por recuperar la raíz del mismo concepto de democracia. Poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En la sociedad compleja en la que vivimos no basta con la afirmación teórica de que la soberanía corresponde al pueblo; una democracia de verdad exige extremar el celo por multiplicar y potenciar los mecanismos de participación de los ciudadanos; por posibilitar que cada ciudadano y ciudadana pueda participar en las decisiones, y no sólo unos pocos privilegiados; por garantizar la transparencia en la actuación de todos los poderes públicos; por asegurar una información libre y objetiva al alcance de todos; por extremar los mecanismos de control sobre quienes ejercen el poder; por acercar las decisiones todo lo posible a quienes las van a soportar.

 

Porque creemos en la democracia radical somos republicanos. Y somos republicanos en el doble sentido que tiene la expresión:

 

a) Porque creemos que todos los cargos públicos han de estar al alcance de todos los ciudadanos, incluida la Jefatura del Estado. Rechazamos la monarquía porque supone reservar la suprema magistratura del Estado a una familia y excluir de ella al resto de la ciudadanía. Pero, además, mantener la sucesión hereditaria de la Corona, por el carácter simbólico que tiene la institución, supone aceptar valores tan  conservadores como el papel de la herencia y de la tradición en la conformación de la sociedad política. Además, en el caso particular de la monarquía española, se consagra también el modelo patriarcal al preferir la sucesión masculina a la femenina.

 

b) Porque creemos en la res publica, porque creemos en la igualdad, porque asumimos la tradición de la democracia liberal con espíritu crítico para trascenderla, no limitamos la República a la forma en que se configura la Jefatura del Estado. La República, el Estado republicano, debe basarse no en una nación abstracta sino en la ciudadanía, en la participación, en la pluralidad; en la libertad entendida no como mera abstención del poder público ante el individuo, sino como tarea colectiva que implica la lucha por la emancipación personal y colectiva; en la igualdad entendida no como mero reconocimiento de la igualdad legal sino como efectiva igualdad de oportunidades; en la fraternidad entendida como organización solidaria de la sociedad que promueve la justicia y la felicidad para todos.

 

Por lo tanto nuestra apuesta es clara: una reforma constitucional para llegar a una III República Federal, Laica, Democrática y Solidaria, capaz de garantizar los mismos derechos económicos y sociales a la ciudadanía independientemente del territorio donde resida, que garantice la planificación de la economía en función de las necesidades sociales, y ecológicamente sostenible, basada en un amplio sector económico público controlado democráticamente, la democracia participativa y el derecho de los pueblos a su libre Autodeterminación. Una reforma constitucional que deberá estar precedida de un Referéndum donde nuestros pueblos puedan decidir entre las dos formas de Estado: Monarquía o República. Esa será la exigencia de IU.

 

4.3. Con el trabajo y los trabajadores.

 

Como decía el artículo primero de la Constitución de 1931, queremos “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”. Asumimos la tradición del movimiento obrero y ponemos en el centro de nuestra actividad política los problemas de los trabajadores y trabajadoras, la contradicción capital-trabajo y su interrelación con otras contradicciones insolubles dentro del sistema capitalista: la crisis ecológica o alimentaria y los problemas de la pobreza. La lucha por la igualdad, la centralidad de los problemas del mundo del trabajo y de los derechos sociales en nuestra agenda caminan de la mano junto con las otras contradicciones.

 

Los trabajadores y trabajadoras son la mayor riqueza de nuestra sociedad.  Apoyamos su organización y movilización, la acción sindical en las empresas y la negociación colectiva como instrumento para la garantía de los derechos de los trabajadores, en particular para mantener y mejorar su poder adquisitivo y su protección social, así como la globalización de los derechos y la acción sindical a nivel internacional para hacer frente a un capital globalizado que utiliza sistemáticamente el dumping social y la desregulación de todo tipo (laboral, medioambiental) para el mantenimiento de sus privilegios.

 

Queremos una mejora de la situación de los asalariados frente a la explotación y la exclusión propias del sistema capitalista, incluidos los parados y quienes buscan trabajo. Aumento del salario mínimo, penalización de la precariedad laboral, lucha contra la discriminación salarial; medidas efectivas de inserción laboral de discapacitados, inmigrantes y personas con mayores con dificultades; derecho a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Prioridad en la creación de empleo fijo y de calidad.

 

Pero no nos conformamos sólo con una mejora de las condiciones de vida de los asalariados. Defendemos un modelo económico alternativo que contemple el interés social sobre el beneficio privado, el trabajo sobre el capital, un desarrollo social y ecológicamente sostenible, el control público y social de la economía, el mantenimiento de la propiedad y la gestión pública de los servicios públicos y los sectores productivos estratégicos, la planificación democrática de la misma y la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo y el control del excedente económico.         Frente a los intentos de refundación del capitalismo, decimos que solo el socialismo, el internacionalismo y el desarrollo sostenible pueden dar solución a los problemas de los trabajadores, de los pueblos y del Planeta.

 

4.4. Autogobierno y participación; nuestro federalismo.

 

Apostamos por una democracia participativa real, creando los mecanismos necesarios para que la ciudadanía se vea como sujeto activo en las decisiones colectivas frente a una democracia formal, institucionalizada y reducida a la mera lucha por el ejercicio del poder.

 

Nos hemos de reafirmar en nuestra alternativa por la República Federal, por el federalismo, por el pacto entre los ciudadanos para constituir la organización política. Otros que enuncian el federalismo en sus estatutos o en sus principios, se abstienen de promoverlo en la práctica. Para nosotros el federalismo es la consecuencia inevitable de nuestra apuesta por la democracia y la participación.

 

Nuestra opción federalista no es un intento de satisfacer o aplacar a los nacionalismos o regionalismos que rivalizan por imponer sus ideas, sino una alternativa ideológica a los mismos. Afirmamos la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas y la construcción de la democracia en todos los niveles de la organización social, propugnamos la unidad federal construida sobre la libertad y la voluntad, sobre la máxima autonomía política y corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas, la participación ciudadana y la solidaridad entre los ciudadanos y los territorios. No reducimos la soberanía o la autodeterminación a decisiones puntuales sobre dónde situar las fronteras nacionales; todos los procesos de  decisión afectan a varias partes y deben resolverse mediante la negociación y el pacto.

 

La República Federal Solidaria que propugnamos es de libre adhesión y, por tanto, reconocerá el derecho de autodeterminación de todos los pueblos, regulándose su ejercicio a partir de la exclusión de la violencia como medio para la resolución de conflictos entre pueblos, de modo que su participación en el Estado descanse sobre su libre decisión y no sea impuesta por la fuerza. A su vez, la solidaridad requiere un sistema de financiación equitativo y solidario concertado multilateralmente en un marco federal, donde cada uno aporte progresivamente según su renta y reciba según sus necesidades, de modo que la carga fiscal dependa de los ingresos de cada persona física o jurídica, y no del territorio donde resida -con independencia de que la recaudación sea gestionada desde cada comunidad- y con una redistribución equitativa tal que, descontados los gastos federales generales, cada comunidad reciba la parte proporcional que le corresponda, de acuerdo con criterios objetivos acordados de forma multilateral como la magnitud de la población o del territorio. Es nuestro objetivo irrenunciable que cualquier ciudadano o ciudadana que viva en cualquier comunidad Autónoma goce de la misma calidad de servicios públicos, los mismos derechos y las mismas prestaciones.

 

Concebimos a Navarra en un doble marco federal, español y europeo. Consideramos el autogobierno como principio básico de la organización institucional de nuestra tierra. Somos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Navarra quienes debemos decidir todas las cuestiones que nos afectan directamente. Desde una perspectiva de izquierdas el autogobierno debe servir para impulsar y desarrollar mejor las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que son imprescindibles para garantizar los derechos y la satisfacción de las necesidades de todos, así como un mayor control social sobre el poder político, mayor trasparencia y más eficacia.

 

4.5. Nuestra identidad laica: pluralismo y convivencia.

 

Somos una organización laica que propugna el laicismo de la organización política. Laicismo en un sentido amplio, no solo -aunque también- en su acepción más usual en relación con la religión.

 

Los poderes públicos han de respetar con el máximo rigor la libertad de las personas, en particular en relación con su opinión y sus creencias religiosas, filosóficas y políticas, y también han de garantizar el derecho a la diferencia, la pluralidad cultural, lingüística e identitaria de la sociedad en la que vivimos. El poder público ha de regirse por una serie de valores compartidos que hagan posible la convivencia en un marco de respeto de los derechos de todos, pero no ha de imponer una identidad ni a los ciudadanos individualmente, ni a los colectivos sociales ni a la sociedad en su conjunto.

 

En el pasado el Estado ha pretendido imponer una identidad religiosa, con una religión oficial y obligatoria. Hoy ya no es aceptable la afirmación de la Constitución de Cádiz de que “la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera”. Ni el Estado ni la Nación pueden declarar una religión como verdadera y mucho menos imponerla. El Estado debe ser laico, es decir, debe respetar la libertad religiosa, la libertad de profesar y expresar cualquier creencia religiosa, o de no profesar ninguna, y la libertad de practicar o no practicar esa religión y sus modos de culto, con los únicos límites de la ley para preservar el orden público y los valores esenciales del régimen democrático. Pero debe ser neutro ante las diferentes confesiones  u opciones religiosas, no debe ni propugnar, ni obstaculizar, ni identificarse con ninguna de ellas. Debe garantizar y promover el ejercicio del derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos, pero no debe promover ninguna confesión o práctica religiosa en particular. Y en este sentido, reivindicamos que España pase a ser de verdad, y no sólo en la teoría de su texto constitucional, un Estado laico, porque quedan en las leyes y las prácticas políticas muchos rastros de la antigua confesionalidad católica.

 

Apostamos por un modelo de estado inspirado en los valores del humanismo laico, que se asienta en el principio de libertad absoluta de conciencia. Hay que derogar el inadmisible Concordato suscrito con el Vaticano hace tres décadas y liberar a la escuela pública del adoctrinamiento de cualquier religión. Proclamar el carácter laico del Estado y de los servicios públicos, que elimine los privilegios concedidos por el Estado a la Iglesia Católica, como la inclusión de la religión en la Escuela.

 

Pero después de la identidad religiosa con frecuencia el Estado ha pretendido imponer una identidad nacional. Tampoco aceptamos que se pretenda imponer ideas esencialistas como la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” del actual texto constitucional. El Estado ha de ser laico también en lo nacional e identitario, respetuoso con el pluralismo de identidades y no propugnar ninguna idea trascendente en torno a la nación o la patria. Imponer una identidad nacional está tan fuera de lugar como imponer una identidad sexual prohibiendo la homosexualidad y la transexualidad, algo que afortunadamente hoy se está superando incluso con la aprobación de leyes que garantizan el derecho a ser respetado en la orientación sexual y a la transexualidad.

 

El federalismo que defendemos no es un federalismo nacional ni nacionalista sino un federalismo pluralista o plurinacional que acoge la pluralidad de identidades nacionales que pueden existir en un mismo territorio; plurinacional no únicamente en el sentido de que suponga unir varias naciones preexistentes con límites perfectamente definidos, sino porque permite la convivencia en el mismo territorio y en la misma comunidad de personas que tienen concepciones distintas sobre la nación a la que pertenecen y que mantienen distintos sentimientos de identidad. Personas de diferentes sentimientos de identidad nacional, diferentes concepciones del hecho nacional y diferentes proyectos han de poder convivir en el mismo marco político.

 

Queremos una Navarra plural, integradora y tolerante. Navarra es un territorio abonado para la controversia social y política, con un plus de polarización identitaria debido a una alta diversidad, a los grandes contrastes internos y a una tradición histórica cargada de conflictos. Frente a los modelos culturales excluyentes, sean en versión españolista, navarrista o vasquista,  nosotros apostamos por una Navarra cuyas señas de identidad sean la pluralidad y la integración. Es necesario superar la tendencia a la exclusión y a la fractura entre las distintas opciones sociales y culturales que componen Navarra. Sus poderes públicos han de garantizar el derecho a la identidad y a la diferencia, pero no imponer identidades verdaderas u oficiales. El diálogo en todas sus formas y ámbitos debe ser el mejor instrumento de trabajo y el único camino democrático.

 

La pluralidad y el diálogo deben practicarse hacia dentro y hacia afuera. Es por ello que defendemos la normalización de las relaciones con la Comunidad Autónoma del País Vasco y el reconocimiento institucional a la identidad vasca de una parte de la ciudadanía navarra, sin que ello implique ningún menoscabo del pleno autogobierno de Navarra. Igualmente apoyamos la normalización lingüística con  desarrollo de la ley foral del vascuence para que se puedan incorporar a la zona mixta cuantos ayuntamientos lo decidan de forma democrática, apoyo al uso de la lengua vasca en los medios de comunicación y un rápido acuerdo de los gobiernos navarro y vasco para la captación de ETB.

 

4.6. Hombres, mujeres e igualdad.

 

El feminismo es una de las señas de identidad de la izquierda y de Izquierda Unida en particular. Nuestro compromiso con el feminismo y la igualdad entre mujeres y hombres es irrenunciable. En una de las desigualdades –injusticias- más evidentes que ha venido existiendo en nuestra sociedad, en cualquier sociedad, hemos recorrido un camino muy importante. Buena parte de las mujeres de hoy nacieron todavía en tiempos en los cuales su situación conforme a las leyes vigentes era de una permanente minoría de edad y sumisión a los hombres. Hace todavía menos de cuarenta años era necesario el permiso marital para que una mujer firmara un contrato de trabajo o abriera una cuenta bancaria. Uno de los mayores logros del movimiento feminista ha sido la total equiparación de derechos que partiendo de la Constitución se ha ido introduciendo en toda nuestra legislación, desde el derecho de familia hasta las listas electorales paritarias.

 

Pero si en el terreno jurídico y político se ha conseguido la igualdad, en la realidad social, en la experiencia práctica de cada día, la desigualdad y la discriminación siguen existiendo, la mentalidad patriarcal y machista se manifiesta a cada paso. Con frecuencia las buenas intenciones del legislador conviven con la falta de voluntad de llevarlas a la práctica. La igualdad real sigue pendiente; quedan muchos techos de cristal que romper, muchas exclusiones subrepticias, muchas diferencias de hecho, muchas situaciones que perpetuan la dominación-sumisión e incluso la empeoran (la violencia de género, una de las plagas del siglo XXI). En el ámbito laboral, educativo, sanitario. Es necesario mantener y potenciar las políticas de igualdad y de discriminación positiva. Hemos de intensificar nuestra exigencia de paridad efectiva en todos los ámbitos de representación social e institucional: en la lucha contra la feminización de la pobreza, contra la violencia de género, contra la discriminación social removiendo los obstáculos que dificultan la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en todos los niveles, y luchar por la paridad efectiva tanto en el ámbito privado como en las distintas esferas de lo público, en la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

 

Queremos una sociedad de hombres y mujeres iguales en derechos, incluido el derecho a su diferencia, iguales en dignidad y en oportunidades. Una sociedad de mujeres y hombres que ha de edificarse mediante la cooperación, mediante la complicidad, mediante el cambio de mentalidad y la ruptura de los tópicos que dividen a la sociedad por géneros.

 

4.7. Nuestro planeta; ecologismo y pacifismo.

 

La humanidad en su conjunto se enfrenta a una amenaza cierta para su subsistencia en nuestro planeta; el futuro de las generaciones que vienen está seriamente comprometido. Aunque desarrollamos nuestra actividad en un planeta cuyos recursos son finitos, el modelo económico imperante, capitalista y depredador, basado en el desarrollo infinito, en el incremento constante de la producción y el consumo, en el gasto creciente de materias primas y en el consumo acelerado de energía, funciona como si no existieran límites al crecimiento.

 

No hace falta atemorizar con el anuncio de un Apocalipsis futuro. El presente ya es suficientemente preocupante. La contaminación de suelos, mares y atmósfera; la producción de residuos cada vez más peligrosos; el cambio climático causado principalmente por las emisiones de CO2; el deshielo de los polos y la desaparición de glaciares; la destrucción de los ecosistemas, la extinción de especies animales y la deforestación masiva; el agotamiento de los recursos pesqueros por sobreexplotación; las sequías cada vez más frecuentes; son fenómenos que ya están alterando nuestra vida, que producen importantes daños en la calidad de vida de las poblaciones más afectadas, que en ocasiones agreden directamente la salud de las personas y producen la muerte de las más indefensas.

 

Un orden económico basado en la acumulación y en la competitividad (de individuos, de empresas, de países) lleva consigo inevitablemente a la toma de decisiones con un criterio radicalmente egoísta y a corto plazo. Importa cuadrar la cuenta de resultados de este trimestre; importa la cotización de la bolsa de esta semana; importa el dato del IPC de este mes; importa la intención de voto del sondeo de hoy mismo. La inexistencia de un gobierno mundial que analice y planifique con la vista puesta en el largo plazo y en los intereses comunes del planeta hace que todos los actores políticos, sociales y económicos con capacidad de tomar las decisiones más relevantes se sacudan su responsabilidad y esperen a que sean los demás quienes salven la papeleta. Las grandes declaraciones, los grandes eventos de un ecologismo de boquilla convertido en políticamente correcto y obligatorio, se convierten en humo. Los compromisos se incumplen (ahí tenemos el triste caso del Protocolo de Kyoto) sin que nadie se sienta responsable. A nivel individual el panorama tampoco es mucho mejor. Los consumidores de los países desarrollados confían en mantener el nivel de despilfarro que les garantiza una confortable calidad de vida; los de los países en desarrollo aspiran a alcanzar esos mismos niveles; los sectores más depauperados exigen poder alcanzar unos mínimos de supervivencia que ahora mismo ni siquiera tienen garantizados.

 

Las agresiones al medio ambiente, además de poner en peligro la existencia de la especie humana, incrementan las desigualdades. La escasez de recursos para satisfacer las necesidades materiales de nuestra civilización incide en un reparto más desigual y genera un orden político y económico internacional más agresivo y menos solidario. Los países ricos trabajan para seguir acumulando riqueza; los menos ricos tratan de abrirse paso a codazos. Si el momento de las grandes guerras mundiales parece que ha pasado, ya que a diferencia de otras  épocas los enormes daños que pudieran causar no compensarían jamás las posibles ventajas, las pequeñas guerras localizadas en el Tercer Mundo son un fenómeno crónico, y la mayor parte de las veces están inducidas por la lucha por el acceso a recursos naturales, por garantizarse el suministro de materias primas o de fuentes de energía, o por consolidar espacios de influencia económica. A su vez, las desigualdades dentro de los países aumentan, incluido el llamado “primer mundo” en cuyo seno se extiende el llamado “cuarto”, mientras la riqueza insultante de las clases dominantes en el mundo menos desarrollado resalta la miseria que padece la gran mayoría de su población, que es también la mayor parte de la humanidad.

 

Nos comprometemos a construir un modelo de desarrollo que garantice la calidad de vida de la generación actual sin comprometer la de las generaciones futuras, un modelo de desarrollo sostenible con la incorporación de los costes ecológicos y sociales en la realización de infraestructuras y en la contribución económica de todas las actividades productivas a la corrección de los impactos ambientales y a la protección del medio. Ello solo será posible superando el modelo económico y social imperante; el capitalismo, la ideología del mercado, son incompatibles con el desarrollo sostenible porque por naturaleza se basan en el crecimiento sostenido e ilimitado, en una sed insaciable de acumulación y ganancias. El único sistema social que realmente va a estar interesado en un desarrollo económico sostenible y respetuoso con la naturaleza es aquel que se base en una planificación democrática de la economía y en la participación de toda la sociedad en su gestión y gobierno.

 

Además del ecologismo, el pacifismo es otra de nuestras señas de identidad y otro de nuestros compromisos irrenunciables. La guerra, el uso de la violencia para conquistar posiciones políticas o económicas es radicalmente contrario a la defensa del derecho a la vida, a la dignidad humana y al resto de derechos humanos que asisten a todas las personas. La ley del más fuerte se opone al principio de igualdad que distingue a la izquierda. La imposición mediante la violencia física o la amenaza es incompatible con los principios democráticos, con la decisión a través del debate, el consenso, la regla de la mayoría y el respeto de las minorías y el pluralismo que están en su base.

 

La paz es el único camino tanto a nivel internacional como interno de los estados. Nos oponemos a la guerra, a las políticas de bloques y a la carrera de armamento, que con menor intensidad y visibilidad que en la época de la Guerra Fría siguen siendo realidad. Creemos en la potenciación de los espacios de negociación, conciliación y acuerdo para resolver los conflictos entre países. Por las mismas razones nos oponemos a todas las formas de terrorismo, se practiquen desde poderes públicos o desde grupos privados, y se practiquen con cualquier excusa, para la presunta defensa de derechos individuales o colectivos vulnerados o para la supuesta lucha contra el propio terrorismo. Apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero siempre dentro de los límites del Derecho Internacional y del Estado de Derecho, sin buscar atajos que pasen por la disminución de las garantías de los derechos y libertades.

 

En particular, estamos comprometidos con la desaparición del terrorismo de ETA, con el reconocimiento de las víctimas y con la normalización política en nuestro país de modo que la violencia quede definitivamente excluida y sustituida en todo caso por utilización de los principios y procedimientos exclusivamente democráticos para la resolución de cualesquiera cuestiones políticas, a través de la participación ciudadana, el respeto de la voluntad popular y la cultura del consenso y de los acuerdos transversales para establecer soluciones a los problemas de convivencia. Exigimos el respeto escrupuloso de los derechos de detenidos y presos, y en particular a la asistencia letrada desde el momento de la detención y un juicio rápido con todas las garantías, y la adopción de medidas efectivas para evitar y perseguir la tortura, como la instalación de videocámaras en los centros de detención. Discrepamos de la Ley de Partidos Políticos y de sus consecuencias. Apoyamos las medidas de reconocimiento y asistencia política, social y material a todas las victimas del terrorismo, cualquiera que sea su origen, y rechazamos cualquier manipulación de las mismas con fines partidistas.

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