La Izquierda Navarra

Los impuestos son uno de esos males necesarios con los cuales, desde las épocas más remotas, tiene que coexistir cualquier sociedad. Entendemos por impuestos o tributos cualquier transferencia forzosa de recursos a favor de quien detenta el poder público para satisfacer sus necesidades económicas. A lo largo de la historia varía quiénes detentan el poder y a qué dedican lo recaudado, pero se mantiene siempre esa nota de transferencia coactiva de bienes.

Otra característica que se mantiene en cualquier sistema tributario es que es redistributivo. Es decir, que antes de pagarse los impuestos hay una determinada distribución de los bienes, y después de liquidarlos hay otra. En el último siglo entendemos que el efecto redistributivo debe producirse en el sentido de lograr una mayor igualdad en el reparto de la riqueza, pero no siempre ha sido así. Al contrario, durante la mayor parte de la historia lo normal ha sido lo contrario.

En los sistemas feudales que han imperado durante muchos siglos la redistribución se producía de abajo hacia arriba, si imaginamos una pirámide en cuya cúspide situamos a la minoría más enriquecida y en la base a la mayoría menos afortunada. Los ricos eran ricos precisamente porque eran señores feudales, tenían la potestad de imponer y cobrar los tributos a sus súbditos. La aristocracia, la clase noble, se ha caracterizado durante mucho tiempo por estar exenta de pagar impuestos, algo propio de la clase plebeya.

Las revoluciones liberales de hace dos siglos tuvieron como uno de sus objetivos igualar a todos los ciudadanos ante la ley, y entre otras cosas abolir las exenciones fiscales. La burguesía logra igualarse a la aristocracia y en el siglo XIX no sólo se supone que todos han de contribuir, sino que incluso figurar entre los mayores contribuyentes es motivo de orgullo ya que el sufragio censitario los convierte en ciudadanos de primera, sólo ellos tienen poder de decisión mientras que la mayoría de la población carece de derecho a voto. El posterior impulso democratizador logrará, de un lado, que todo ciudadano obtenga derecho al sufragio, y que se procure también que todo ciudadano pague impuestos (Hacienda somos todos) en proporción a su capacidad contributiva (que pague más quien más tiene).

El Estado social que se va imponiendo en el siglo XX llega a afirmar el principio de progresividad del sistema tributario (artículo 31 de la Constitución española), esto es, no sólo que quien más tiene más debe pagar, sino incluso que quien tiene más ha de pagar en la proporción suficiente como para que su sacrificio sea equivalente al de quien tiene menos. Los impuestos se conciben como un instrumento de redistribución económica en ese sentido que antes aludía de disminuir las desigualdades sociales. En la pirámide de distribución de la riqueza, por tanto, la transferencia debería realizarse desde la cúspide hacia la base, de arriba abajo, al contrario que en el sistema feudal. El principio de solidaridad debe significar que los más ricos pagan impuestos para, entre otras cosas, ayudar a los pobres a cubrir sus necesidades mínimas mediante prestaciones sociales y servicios públicos.

Es de dominio público que esta bonita teoría, por mucho que la hayamos elevado a principio constitucional, no se aplica. Los datos oficiales que nos proporciona la Hacienda Pública nos dicen que en este país los empresarios declaran menores rentas que los asalariados. Nadie es tan idiota (ni siquiera Hacienda, aunque en la práctica se haga la idiota) como para creerse que los empresarios son más pobres que sus empleados. Todos sabemos lo que ello significa; que el fraude es masivo. Por la vía de hecho se ha creado una nueva aristocracia que, en la práctica, ha logrado casi estar eximida de pagar impuestos. En buena parte, ese escaqueo de los que más tienen es perfectamente legal; gracias a sofisticados sistemas de ingeniería financiera, para eso están los asesores fiscales; gracias a la existencia de paraísos fiscales; gracias a la generosidad de Hacienda a la hora de conceder beneficios y exenciones al capital; gracias al chantaje permanente que pueden hacer los dueños del capital (si no me bajas los impuestos, me voy a otro país); quienes más tienen han logrado que su mayor capacidad contributiva quede eclipsada por su mayor capacidad evasiva. Pero en otra buena parte, el fraude se hace fuera de la ley. También es de dominio público la existencia de una pujante economía sumergida que no paga impuestos (todos hemos tenido que optar alguna vez ante ¿con IVA o sin IVA?), la existencia de un crimen organizado al que tampoco gusta tributar, la abundancia de esos billetes de 500 euros que casi ninguno manejamos pero todos sabemos para qué sirven.

Frente a esa minoría aristocrática que consigue, dentro o fuera de la ley, eximirse de la mayor parte de los impuestos, se halla esa mayoría de contribuyentes sin apenas capacidad de evasión, esa moderna casta plebeya compuesta principalmente por los asalariados, por las clases medias y trabajadoras, que soporta en sus carnes las subidas o bajadas de los impuestos, que sostiene la recaudación y que sostiene las prestaciones sociales de los más desfavorecidos que apenas tienen ni capacidad de contribuir. Así que en esa imaginaria pirámide económica nos encontramos con que el dinero no fluye de arriba hacia abajo, sino más bien desde la mitad hacia arriba, y de la mitad hacia abajo. Y fluye hacia arriba no sólo porque los que más tienen, paradójicamente, además de contribuir poco suelen ser los que más ayudas reciben del Estado (ya sabemos que se gasta más en salvar bancos de la quiebra que en salvar pobres del hambre), sino porque el resultado del sistema económico imperante (capitalista, de mercado, o como se prefiera llamarlo) es cada vez una mayor acumulación de riqueza en la cúspide, cada vez una mayor distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, cada vez más distancia entre la pensión de jubilación media y la pensión de jubilación de un ejecutivo de un banco.

Ante este panorama, que no es sino la absoluta negación de lo que dice el artículo 31 de la Constitución (hay mucho constitucionalista de boquilla que jamás se dará por enterado de tal precepto), el debate político debiera estar centrado en quién paga y quién no paga; en la estructura del sistema fiscal; en si los medios de recaudación son eficaces para lograr un sistema progresivo, en si las figuras tributarias existentes son las adecuadas. Tal debate está deliberadamente proscrito por la cuestión de subir o bajar impuestos y de cuál debe ser el peso del gasto público, que funcionan como eficaz tapadera. Sólo nos dejan discutir sobre si se suben dos puntos el IVA, de si mantenemos la exención de 400 euros, de si se congelan las tasas municipales. Es decir, sobre si los que siempre pagan van a pagar un poco más o un poco menos para cuadrar las cuentas. Mientras, los que nunca han pagado seguirán pagando lo mismo.

El feudalismo, al menos, tenía una virtud. Era sincero; el más fuerte, el más bruto, mandaba, se eximía de pagar impuestos y obligaba a sus vasallos a pagarlos a su arbitrio. Nuestra época aplica parecida lógica, pero bien sazonada de hipocresía.