La Izquierda Navarra

A LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

Ion Erro Armendáriz, portavoz de la AGRUPACIÓN DE PARLAMENTARIOS FORALES DE IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA-NAFARROAKO EZKER BATUA, al amparo de lo que dispone el Reglamento de la Cámara propone que por esa Junta se adopte la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

1º.- El Parlamento de Navarra reitera una vez más su compromiso con la defensa de los derechos y libertades fundamentales y, por tanto, su firme posición frente a la violencia terrorista. El uso o amenaza de la fuerza para provocar un estado de terror en la ciudadanía con propósitos políticos es injustificable en cualquier circunstancia, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza que puedan ser invocadas para pretender su justificación.

2º.- El Parlamento de Navarra considera que, para acabar con la lacra del terrorismo y alcanzar la paz total, definitiva e irreversible, es necesaria la unidad de todas las fuerzas democráticas, de las organizaciones sociales y del conjunto de la ciudadanía para, desde la legalidad y con toda su firmeza, promover la deslegitimación ética, social y política del terrorismo.

3º.- Esta unidad exige impulsar un Pacto Social y Político contra el Terrorismo que pasa por los siguientes principios:

A. La unidad que reclamamos implica eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre las diversas organizaciones políticas las medidas para acabar con el terrorismo. Por ello, las fuerzas políticas y las Instituciones se comprometen a no hacer ningún uso político de la lucha contra el terrorismo, a no utilizar las legítimas diferencias en esta u otra materia para obtener ventaja partidista y a evitar que se conviertan en obstáculo para la colaboración a los fines expresados en esta declaración.

 

B. La lucha contra el terrorismo ha de hacerse necesariamente a través de los mecanismos del Estado de Derecho, de sus instituciones judiciales y policiales y de la cooperación internacional en esos ámbitos, con estricto respeto de los derechos humanos y de los cauces legales establecidos. Nos comprometemos a apoyar activamente a las instituciones y organismos competentes en esa acción.

 

C. Apelamos a la movilización social y a la conciencia ciudadana de repulsa de la violencia terrorista y reivindicación de los valores de pluralismo, tolerancia y la construcción de la paz. Todos los proyectos políticos, territoriales o sociales que respeten los valores y principios democráticos son legítimos; lo que es ilegítimo es su defensa a través de la violencia. Reclamamos de toda la ciudadanía y todas las instituciones y organizaciones públicas y privadas su expresión de rechazo expreso frente a quienes utilizan o justifican la violencia terrorista.

 

D. Manifestamos nuestro compromiso de no cooperar ni concluir acuerdos de cooperación política con quienes no rechacen expresamente la violencia de ETA y de cualquier otro grupo terrorista, o quienes de cualquier otro modo justifiquen la actividad terrorista. Este compromiso implica no compartir coaliciones o candidaturas; no apoyar a esas personas o grupos en su elección para ningún cargo en cualesquiera instituciones públicas; no encomendarles ni delegarles ninguna función representativa de cualquier tipo en dichas instituciones, y no compartir responsabilidades de gobierno en las mismas. Todo ello con el límite del estricto respeto al pluralismo político, a la voluntad expresada por los electores, a los derechos de representación política y en la garantía del buen funcionamiento de las instituciones.

 

E. Rechazamos la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas.

 

F. Reiteramos nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo y la exigencia de impulsar todos los medios legales y políticos para su reconocimiento y el establecimiento de un sistema de protección y asistencia a las personas que hayan sufrido la acción terrorista, con el fin de reparar y aliviar los daños de toda índole vinculados a dicha acción. Las instituciones públicas y las organizaciones políticas han de colaborar para que no existan situaciones injustas o de desamparo generadas por la impunidad de los terroristas y para garantizar un sistema de reparación efectiva e integral con medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, atención y satisfacción moral.

 

G. Reclamamos el reconocimiento del derecho a la memoria, que abarque las injusticias padecidas por todos aquellos ciudadanos que hayan sufrido las acciones terroristas. Promoveremos el asentamiento de una memoria colectiva que contribuya a la convivencia en paz y libertad, a la deslegitimación total y radical de la violencia, al reconocimiento de las víctimas y a la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente: las libertades encarnadas en el Estado democrático de Derecho y el derecho de la ciudadanía a una convivencia integradora.

4º.- El Parlamento de Navarra promoverá la adhesión al contenido de esta Declaración de todas las instituciones públicas y privadas y organizaciones políticas, sindicales y sociales de la Comunidad Foral.

Pamplona-Iruña, 9 de septiembre de 2009