La Izquierda Navarra

Desde que vine a vivir a Huarte, vengo divulgándolo siempre que surge la oportunidad: ¡en Huarte se vive de escándalo, estupendamente!.Sin embargo, no es el objeto principal de este escrito resaltar las cualidades de este maravilloso municipio o agradecer, que aprovecho para hacerlo, la buena acogida que me han dispensado sus gentes.

No, desgraciadamente en este escrito me voy a referir a otro tipo de escándalos: los que ha puesto de manifiesto recientemente el informe de la Cámara de Comptos respecto de las actuaciones de los regidores de Huarte durante los gobiernos de la Derecha entre 1999 y 2007.

Y es que como escandalosa es como más suavemente cabe definir la gestión municipal ejercida por los gobiernos del GIH, a cuyo frente estuvieron Josetxo Iriguibel y Amparo Miqueléiz, tras haber leído detenidamente el informe del órgano fiscalizador.

Para empezar, la Cámara de Comptos critica la opacidad, la falta de transparencia con que se ha actuado a través del entramado de sociedades interpuestas creado por el Ayuntamiento, lo que ha contribuido a duplicar y alargar las operaciones y ha servido para dificultar  el control y establecimiento de responsabilidades de las que, a tenor de las múltiples ilegalidades que el informe pone de manifiesto, algunos deben responder.

Dejando al margen errores contables y procedimentales, irregularidades en la Plantilla y sus retribuciones, el hecho de que durante años la misma persona que debiera intervenir y controlar las cuentas se encargue de  la contabilidad y asesoría financiera de sociedades municipales lo que es obviamente incompatible y los significativos déficit de gestión resaltados por Comptos, todo ello de suficiente gravedad como para derivar en la asunción de responsabilidades políticas y  gestoras, me centraré esquemáticamente (nada más que un resumen ya me ocupaba una página de periódico) en las que, a mi juicio, suponen las acciones más escandalosas, algunas de las cuales podrían comportar incluso responsabilidades penales.

­.- Así, la sociedad municipal de gestión urbanística AREACEA, creada con carácter instrumental durante el periodo analizado, constituye dos sociedades mixtas para el desarrollo de sus funciones. En la valoración de las ofertas considera “aspectos estratégicos y mejoras” que, excediendo del objeto de la convocatoria, influyen en la adjudicación y que no se han cumplido. Las construcciones se adjudican directamente, de manera irregular, al socio privado. En una promoción se compra a un particular un suelo sobre el que se ha de construir por un valor que duplica la tasación de los técnicos municipales. Areacea nombra “a dedo” a la firma auditora de los ejercicios 2005-07 tres meses antes de solicitar ofertas.

.- Se sacan concursos de construcción y de gestión sin los preceptivos informes técnicos y económicos que justifiquen la viabilidad de los proyectos, la necesidad de los contratos para el servicio público o sus importes económicos; sin anteproyecto de explotación ni estudio económico. Se firma algún contrato para edificación sin que el 100% del suelo sea de la sociedad municipal contratante ni urbanizable en su totalidad. En uno de los casos la empresa adjudicataria carecía de solvencia y capacidad técnica para la construcción por lo que debió haber sido inadmitida y, por lo que de manera ilícita, hubo de subcontratar el 100% de las obras.

.- Se modifican sustancialmente los contratos sin respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad. Se adjudican “a dedo” casi todos los contratos de  redacción, dirección y asistencia en los proyectos urbanísticos.

.- Se adjudican directamente parcelas, de gran tamaño, dotacionales públicas (de obligado destino a uso o servicio público) para uso privativo de entidades privadas, a veces, a cambio de cantidades irrisorias. No se adjuntan informes técnicos que justifiquen o avalen las declaraciones de interés general de las entidades privadas.

.- El concurso para la construcción del CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO  se une artificiosamente al de adjudicación de parcelas para construcción de viviendas. El concurso incluye una parte de una parcela que no pertenece al Ayuntamiento sino a  uno de los licitadores lo que lo condiciona al impedir otras concurrencias que no dispondrían del terreno en su totalidad. El contrato no se adjudica a la oferta más ventajosa de las dos presentadas en plazo sino que se hace a ambas conjuntamente tras negociación de las condiciones sin que medie publicidad ni posibilidad de concurrencia de otros posibles candidatos. Los avales que entregan las adjudicatarias son inferiores a los estipulados. Las parcelas para construcción de viviendas se adjudican por 6.338.096 euros mientras que son valoradas por arquitecto municipal en 8.080.560 euros. Treinta de los garajes que se entregan como parte del pago afectan a subsuelo público.

.- Se enajenan parcelas sin seguir el procedimiento obligado de concurrencia pública y subasta  impidiendo la obtención de mejores precios.

.- Los precios y cánones que se establecen no se basan en valoraciones periciales independientes ni se justifican técnica y jurídicamente. En uno de los casos,  los precios de las parcelas en las fechas en que se permutan son superiores a los marcados en los contratos.

.- El Ayuntamiento cambia un expediente en función de los intereses de los propietarios particulares. Se otorgan cambios de uso y alturas no permitidos. Los propietarios iniciales incumplen el convenio con el Ayuntamiento, que no lo denuncia, y transmiten la propiedad a otros particulares que, en vez de proceder a la cesión de una nave al Ayuntamiento como se había establecido, pagan en efectivo un importe inferior al indicado en la valoración del asesor municipal y 2 meses antes de que se apruebe un nuevo convenio que lo permita; no se explica ni justifica (esto sucede ya con el actual equipo de gobierno municipal).

.- Se adjudica directamente, sin licitación pública, un derecho de superficie sobre una parcela de 40.779 m2. Se aplica una tasa por alquiler inferior a la legal en un 2%.

.- Se adjudican viviendas en alquiler sin que conste en el expediente municipal la valoración de los criterios de aplicación.

.- Se produce una rebaja injustificada del 30% sobre la valoración informada  en el precio por la cesión de una parcela de 300 m2 (supone una reducción de 26.848 euros).

Pues bien, tras publicarse el demoledor informe de Comptos que aquí he intentado resumir, se producen algunas declaraciones que, al menos en mí producen también cierto escándalo. Me refiero a las que realiza Amparo Miqueléiz, alcaldesa de la villa entre 2005 y 2007 en las que sostenía que “se actuó conforme al interés público y general”. Por lo visto, para esta señora, que se hurten dotacionales públicos de su obligado uso y servicio público para entregarlos a usos privativos de entidades privadas o que muchas de las actuaciones municipales hayan supuesto, injustificadamente, mayores costos o menores ingresos para las arcas municipales responde al interés de los vecinos; que de 1857 viviendas construidas durante los mandatos de su grupo político sólo el 9% sean VPO satisface el interés general, ¡curiosa interpretación!. Pondré un ejemplo significativo del “interés público” de algunos procederes: disfrutar (quien tenga interés, que a mí no me despierta ninguno) de los servicios del balneario que esta señora y su grupo avalaron y desarrollaron y que no suponen sino un negocio para la entidad privada que lo gestiona, nos cuesta a cada vecino de Huarte unas 250.000 de las antiguas pesetas además de la correspondiente entrada a precio de mercado y del billete de la villavesa que habremos de coger dada la importante distancia que lo separa del núcleo urbano. Este proyecto de pista de hielo y balneario adjudicado inicialmente por 5.166.224 euros termina costando 12. 793.508 euros sin que se modifique el canon a pagar por la empresa explotadora del negocio que ahora no representa más del 30% del valor de la inversión ni cubre siquiera la mitad de los intereses y gastos financieros de la misma. Por cierto, el canon del 2007 está aún sin pagar y no consta justificación de los incrementos de costos que aprueba la sociedad municipal de desarrollo urbanístico y que alcanzan los 2.586.350 euros mas IVA.

Pretendía también Amparo Miqueléiz disculparse aduciendo que sólo se habían detectado “errores de procedimiento”( triste disculpa para quien además de alcaldesa ejerció en el periodo anterior las funciones de Secretaria del Ayuntamiento y era por tanto la máxima responsable de que todas las actuaciones se ajustaran a la legalidad y al procedimiento) interpretación interesada que no sólo desbarata el relato de las múltiples ilicitudes cometidas en el periodo analizado sino que queda rebatida por la propia Cámara de Comptos que, como sólo hace muy excepcionalmente cuando observa claros indicios de delito, ha dado, de oficio,  traslado de su informe a la fiscalía.

Tampoco me parecen de recibo las declaraciones del actual Alcalde, señor Basterra, minimizando las conclusiones de Comptos y considerando que algunas de las actuaciones en que este órgano observa indicios de delito “no tienen demasiada relevancia”. En un primer momento vino a destacar que, respecto a posibles ilegalidades contables, en el informe “no ha salido nada”. Mire señor Basterra, de los actos ilegales no suelen realizarse apuntes contables, jamás he visto un asiento contable que exprese “por cohecho… tantos euros”, “desviaciones de capitales…X”…, sin embargo el informe no deja lugar a dudas de que en Huarte importantes sumas de dinero se han quedado por el camino e, injustificadamente, o no han llegado o han salido de las arcas municipales. No sea usted tan buen tío disculpando cualquier cosa y actúe como le exige su cargo en defensa de los intereses municipales y de los vecinos de Huarte.

Ahora, dada la situación destapada por Comptos, lo que procede, a mi juicio y así lo exijo como vecino, es intentar reparar en lo posible los graves perjuicios causados a la Villa y a su población y ello conlleva que el Ayuntamiento se persone ante fiscalía y aporte el resultado de  una investigación profunda y completa, transparente, objetiva y sin duda de imparcialidad ( no - y que nadie vea en lo que ahora desvelo ningún afán de acusación sino de precaución- como la que se encomendó respecto a la pista de hielo – balneario, entre otros, a unos arquitectos que forman parte del equipo que resultó encargado de diseñar la nueva sede del grupo Iruña que costó 8 millones de euros, grupo cuyo director general resulta ser casualmente el ex alcalde de Huarte Josetxo Iriguibel).