Opinión

Defectos de forma

escrito por Miguel Izu jueves, 05 de enero de 2006

Con motivo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anula la orden foral por la que se adjudicaron dos concesiones administrativas para emisoras de radio, el Gobierno de Navarra ha acudido a dar la explicación que suele en estos casos. Es decir, que la actuación del Gobierno fue correcta, que la sentencia así lo reconoce, que la estimación del recurso es sólo por "defectos de forma", y que quien realmente ha salido vapuleado en sus argumentos ha sido el recurrente.

 

Hay sobrados precedentes; algo parecido dijo el Gobierno cuando el Tribunal Superior de Justicia anuló varios preceptos del decreto foral que regula el uso del vascuence en la Administración. Entonces se afirmó que la sentencia avalaba la política del Gobierno porque sólo estimaba el recurso en "aspectos menores", y la mayor parte del decreto foral no era anulada. Y en la misma línea ha actuado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ante sucesivas sentencias que anulaban la adjudicación del aparcamiento de la Plaza del Castillo; se trataba también de "defectos de forma" que no impedían seguir con las obras y con la gestión del aparcamiento.

 

Ante sentencias que anulan actos administrativos por no ser conformes a Derecho (si lo fueran no podrían ser anulados), se acude con reiteración a la práctica de escurrir el bulto. Sobre todo, que el ciudadano no se dé cuenta de que los gobernantes de turno han infringido la ley, es decir, han faltado a uno de los primeros deberes que tienen los poderes públicos en un Estado de Derecho: obrar siempre conforme al principio de legalidad. Reconocer que no se ha obrado correctamente podría llevar a tener que pedir humildes disculpas a la ciudadanía y reconocer que los que mandan no son infalibles. Algo, por lo visto, incompatible con la soberbia y la prepotencia que parecen requisitos ineludibles para el ejercicio del poder en nuestro país.

 

El argumento de "los defectos de forma" debiera formar parte de cualquier manual del mal político, sobre todo, porque suele ser falso. En nuestro ordenamiento jurídico no se suelen anular actos por simples defectos formales. Por mucho que se quiera presentar a los jueces como unos sujetos maniáticos y quisquillosos capaces de echar abajo un complejo expediente causando un grave trastorno a los intereses generales porque falte un informe o una póliza no esté en su sitio, la realidad no es así. La ley deja muy claro que, como norma general, los defectos de forma no implican anulación; solamente si faltan requisitos indispensables o se da lugar a indefensión de los interesados. Claro que esto no se dice porque sonaría a muy mala disculpa: "nos han anulado el acto porque no hemos respetado el derecho de los implicados a defender sus intereses, o porque faltaban los requisitos indispensables que exige la ley". Eso es lo que se esconde tras la excusa del "defecto de forma".

 

El otro argumento que suele acompañar al "defecto de forma" es que el tribunal ha rechazado algunos de los argumentos o peticiones del recurrente, lo que se intenta colar como un aval a la actuación administrativa y un triunfo cuando menos parcial. Una explicación que puede tacharse de media verdad, que suele ser la peor de las falsedades. Cierto que lo más habitual en la jurisprudencia es la estimación parcial de los recursos, lo cual quiere decir que algunas de las pretensiones del recurrente no son admitidas. Pero no menos cierto es que los recurrentes, en realidad los abogados de los recurrentes, para garantizarse el éxito no tienen más remedio que pedirlo todo para que les den algo. Un buen abogado agotará todos los argumentos que se le ocurran, ya que nunca puede estar seguro de cuáles van a ser los más convincentes para los jueces. Así, a aquellos fundamentos que considere más sólidos añadirá, por si acaso, otros menos seguros sin dejarse ninguno en el tintero. No sólo señalará la infracción de la ley que le movió a recurrir sino que aprovechará para discutir la competencia del órgano que dictó la resolución, objetar el procedimiento, dudar del cumplimiento de los plazos, echar en falta una motivación más sólida, denunciar la indefensión del interesado y hasta cuestionar la constitucionalidad de la ley o la legalidad del reglamento aplicados. Y a la hora de pedir, pedirá la luna si hay oportunidad. Si se trata de anular, se invocará la nulidad de pleno derecho y no sólo la anulabilidad, se preferirá extenderla a toda la norma o toda la resolución antes que sólo a una parte, y si hay que alegar daños y pedir indemnización se sumará al daño emergente el lucro cesante, a los daños físicos los morales, se elevará la cantidad todo lo posible y a la menor se sumarán los intereses.

 

El letrado que defienda lo actuado por la Administración estará obligado al mismo celo profesional. Deberá discutir la legitimación del recurrente para recurrir, el recurso que ha elegido y la competencia del órgano ante el que presentó la impugnación. Dudará del cumplimiento de los plazos y demás requisitos para recurrir y pedirá la inadmisión del recurso, discutirá que sea de aplicación la legislación invocada por el recurrente, alegará la improcedencia de las pruebas propuestas, negará la relación de causa y efecto entre la actuación administrativa y los perjuicios alegados por el recurrente, impugnará las valoraciones de daños presentadas. En fin, no dejará tecla sin pulsar.

 

El órgano jurisdiccional se ve obligado casi siempre, por tanto, a separar el grano de la paja. La mayoría de las sentencias siguen el mismo cauce argumental; primero va desestimando todos aquellos argumentos de las partes que carecen de peso suficiente, y finalmente se centran en los argumentos que tienen fuerza para llevar al fallo de estimación o desestimación del recurso. Así que las partes siempre tienen la posibilidad de decir "me han dado la razón en parte". En un recurso contencioso-administrativo, sin embargo, hay una diferencia entre las partes. Una suele ser un particular que defiende sus intereses privados frente a la Administración, y no tiene que justificarse ante nadie. La otra es una Administración Pública que tiene que responder de todos sus actos ante la ciudadanía. Y no es de recibo que se trate de confundirla aparentando una victoria parcial cada vez que los tribunales fallan que, en más o en menos, la actuación de la Administración no ha sido conforme a la ley.

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