La Izquierda Navarra

• La formación pregunta al gobierno si lo conocía y no descarta emprender acciones judiciales 

[DIARIO DE NOTICIAS] - Izquierda Unida exigirá al grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Castejón (mayoría absoluta) que anule el acuerdo que ha firmado con Hidrocantábrico por el que la empresa eléctrica pagará de forma fija 395.000 euros por cada uno de los grupos de las térmicas, en concepto de contribución territorial urbana. Así lo solicitará a través de una moción que presentará esta formación, dado que consideran el acuerdo "totalmente ilegal", al tiempo que anunciaron que también van a solicitar todos los acuerdos firmados por el Consistorio para conocer si existen más casos, "especialmente los hechos con Iberdrola".

Por este motivo, y según explicó ayer la parlamentaria Ana Figueras, sus protestas se dirigirán también hacia el Gobierno de Navarra, "queremos saber si el departamento de Hacienda conoce, comparte y ampara este documento". Para ello Izquierda Unida presentará una pregunta parlamentaria dado que "este convenio hace trizas el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y se sitúa abiertamente en el terreno de la arbitrariedad y el abuso de poder". En este sentido, Figueras añadió que no descartan acudir a los tribunales ordinarios si no se toman medidas para anular este acuerdo.

Félix Bienzobas, coordinador de IU en la Ribera, mostró su sorpresa porque precisamente fuera Francisco Javier Sanz Carramiñana quien hubiera suscrito este acuerdo. "Demuestra la subjetividad a la hora de ver la fiscalidad de una persona que tiene un cargo importante del partido, que es alcalde, senador por Navarra y vicepresidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Sabe perfectamente que no se pueden hacer este tipo de acuerdos porque son ilegales".

Además desde Izquierda Unida se hizo especial hincapié al hecho de que no se quisiera dar a conocer este acuerdo por la "cláusula de confidencialidad" que contenía. "Es muy grave y se puede considerar un fraude democrático el hecho de no poner este acuerdo a disposición de todos los ciudadanos. Es un fraude democrático que no podemos consentir".

Desde esta formación se recuerda la afirmación del tribunal del TAN que señala que "el convenio podría dar lugar a una defraudación tributaria tipificada como delito en el Código Penal".