La Izquierda Navarra

• Propone que las operaciones importantes deban contar con el aval del parlamento
• Entre otras medidas, apuesta por que el Registro de Contratos se pueda consultar libremente

[DIARIO DE NOTICIAS] - Con el objetivo de permitir un mayor control del Parlamento sobre la gestión de la Administración, y en especial sobre las contrataciones de las empresas públicas, IUN-NEB ha presentado un proyecto de ley en el que reclama, entre otras medidas, un Registro de Contratos de acceso libre, una redefinición de las empresas de carácter público, la exigencia de comparecencia de los consejeros de esas firmas ante el Legislativo y que éste deba autorizar las operaciones importantes. De ser aceptado, este proyecto de ley imposibilitaría, por ejemplo, que operaciones como la venta de EHN, la compra del 1% de Iberdrola o las modificaciones de contratos en las grandes obras públicas (Canal de Navarra o Autovía del Camino) se pudieran hacer únicamente con el aval del Ejecutivo foral.

El texto, que entró en el Parlamento el pasado lunes, propone ampliar el alcance de la actual normativa que regula el Registro de Contratos remarcando su carácter público y especificando que "su acceso y consulta se pueda realizar por cualquier persona sin necesidad de acreditar un interés legítimo". Además, se pide que la relación de contratos y los datos estadísticos estén disponibles "a través del Portal de Contratación de Navarra" y que la Junta de Contratación Administrativa remita trimestralmente al Parlamento una relación de los contratos de la Administración, sus organismos autonómos y empresas públicas.

Al respecto, la propuesta de IUN también pide que se amplíe la definición de las firmas que entran dentro de este sector a aquellas "creadas por el Gobierno de Navarra en las que la participación directa o indirecta de la Administración y de sus organismos represente la mayoría absoluta del capital social", pero también a aquellas en las que la Administración tenga "participación mayoritaria por disponer de capacidad de nombramiento de más de la mitad de los miembros de los órganos de administración". Asimismo, para la coalición de izquierdas, las empresas cuyos recursos se nutran mayoritariamente de fondos públicos, deberían estar integradas en ese conglomerado.

En cuanto a las funciones de control que la propuesta de ley otorga al Parlamento, éstas son realmente amplias. Así, el texto aboga porque el Gobierno de Navarra requiera la autorización del Legislativo para dar luz verde a aquellas operaciones realizadas, tanto directa como indirectamente (es decir a través de las empresas de titularidad pública), cuyo importe supere los 5 millones de euros. Además, propone que el Gobierno no pueda enajenar valores de titularidad pública sin el consentimiento de la Cámara cuando el valor de éstos supere los dos millones de euros.

Finalmente, se propone que los administradores de las sociedades públicas no puedan acogerse al derecho de secreto empresarial cuando sean requeridos por los grupos para comparecer ante el Parlamento de Navarra o dar información a la Cámara de Comptos para sus informes de fiscalización.