La Izquierda Navarra

El estilo de vida ha cambiado mucho y muy deprisa en nuestro país. Hemos pasado de ser una sociedad eminentemente rural a urbana; de ser un país de emigración a serlo de acogida; las mujeres se han incorporado masivamente al mundo laboral remunerado; ha bajado la natalidad hasta cotas insospechadas; está cambiando el modelo de familia tradicional. Las familias se han atomizado, los lazos sociales se han debilitado; ha desaparecido aquella custodia “social” de la época en que podíamos dejar a los críos solos en la calle. Resumiendo, tenemos más dinero, más medios y menos criaturas que nunca y, sin embargo, es ahora cuando tenemos las mayores dificultades para atenderlas.

Han aumentado las necesidades de las  familias respecto a la atención y cuidado de sus hijos. Se necesita que los niños  y las niñas estén atendidos durante  más horas al día y durante más días al año, sobre todo los más pequeños. Necesitamos que alguien les dé de comer y les atienda hasta que comiencen las clases de la tarde, que los recojan antes del comienzo de las clases de la mañana  porque los  padres comenzamos a trabajar antes de esa hora y  que continúen ocupados por la tarde una vez finalizada la jornada escolar.

La escuela  y sus profesionales  dan una cierta confianza respecto de la guarda y custodia de las criaturas, así que: pidámosle que se haga cargo también de todas estas nuevas necesidades.

En este contexto, cuando la familia  demanda más horario de atención, más actividades escolares y extraescolares, no parece que exista ningún problema en relación a las necesidades del niño, en cambio cuando se  proponen horarios más flexibles en función de las necesidades de cada comunidad educativa,  se dispara la alarma social y se abre  un falso debate que pretende enfrentar los intereses del profesorado respecto a su jornada laboral y las necesidades de los niños, ocultando así la carencia de servicios públicos y la ausencia de previsiones de la administración para hacer frente a estas nuevas necesidades de las familias, que no de los niños.

Es evidente que es preciso conciliar la vida laboral, la vida familiar y la vida escolar. Conciliar sí, pero qué y hasta dónde y sobre todo, a costa de quien. Es decir, ¿por qué no conciliamos el horario escolar con el laboral?. ¿Por qué la escuela no se ajusta al horario y calendario de la Seat ó al del Caprabo?.

O, ¿por qué la escuela no tiene su propio horario y calendario al margen del resto de factores, como lo tiene cada empresa o actividad según su propio ritmo de producción o de mercado? ¿Por qué no empezamos por racionalizar el calendario escolar? ¿Por qué no exigimos de la administración educativa un calendario que equilibre los días festivos a lo largo del periodo lectivo en vez de acumularlos en un trimestre? ¿Por qué todo el alumnado, de todas las edades, tiene que tener el mismo número de horas y días de trabajo escolar?  ¿Dónde queda el reconocimiento de los ritmos vitales de los niños y de las niñas?

Al igual que en la vida de los de los adultos se establecen periodos máximos de trabajo y mínimos entre jornada y jornada, parece evidente que hay que definir y delimitar tiempos en la vida “laboral” de los niños y niñas.

Actualmente la mayoría de los niños y de las niñas dividen su vida entre: horario escolar, dedicado a las actividades curriculares que son obligatorias; horario extraescolar dedicado a las actividades que, generalmente tienen su espacio en la escuela, por las tardes o en los “descansos” del mediodía organizadas por las Asociaciones de padres y de madres o entidades locales y no son obligatorias; y  horario de ocio: juego, lectura, deporte; a cargo de sus progenitores o del  personal contratado particularmente, que tampoco son obligatorias.

¿Dónde acaba lo educativo y empieza lo asistencial?. ¿Es  mejor que todo esto se haga  en la escuela? A las personas adultas ¿nos gustaría trabajar, comer, echar la siesta, hacer deporte, escuchar música, chatear, echar la partida, ir al cine, hacer macramé y leer nuestra novela en nuestro lugar de trabajo?.

Lo que está claro es que actualmente la mayor parte de la financiación de las actividades que no son estrictamente escolares corre a cargo de  la familia. Situación que  coloca en inferioridad de condiciones a los hijos e hijas de las familias más desfavorecidas. También este problema se convierte en competencia de la escuela en el momento en que la propia Administración Educativa Navarra carga con la tarea de buscar y acomodar patrocinadores de las actividades extraescolares, a los pocos centros que, este curso, están experimentando la jornada continua, con independencia de  la pertinencia o conveniencia de este tipo de jornada escolar. Es como si el trabajador de la SEAT estuviera obligado por su convenio colectivo  a negociar el precio de la publicidad de los coches que fabrica.

Los padres y madres hacen bien en exigir garantías de atención a los menores, pero deberían recordar más a menudo de quién son los hijos y en qué nivel de sociedad del bienestar nos encontramos. No es competencia exclusiva de los poderes públicos tomar las decisiones adecuadas para conciliar la vida escolar con la familiar.

El profesorado debe asumir que, con la organización actual, no podrá ser como el resto de funcionarios, el de ocho a tres, porque los niños no son carpetillas que se puedan aparcar hasta la jornada siguiente. Es más debería implicarse en la organización de todos estos servicios (mejor que se impliquen los profesionales de la docencia que dejarlo al albedrío del departamento de marketing de la entidad financiera de turno).

Evidentemente, no se puede proponer que  se aumente la jornada laboral de profesorado para una ampliación del horario de atención a los escolares. Existen soluciones laborales, muy aceptables en nuestra opinión, que todavía no se han puesto encima de la mesa negociadora  como por ejemplo el reconocimiento de la jornada partida o los cómputos  lectivos para  preparar, impartir o supervisar actividades extraescolares y complementarias. En todo caso, el profesorado está al servicio de las necesidades del sistema de enseñanza y es en sus ámbitos de negociación dónde ha de reivindicar los aspectos relativos a su jornada laboral.

Los responsables de la administración (la educativa, la de servicios sociales, la de hacienda…) deberían empezar a elaborar propuestas un poco menos pacatas y más imaginativas, sin obviar que este tipo de servicios complementarios son de uso voluntario.

Aquí van algunas:

• Adecuar el horario y el calendario escolar a las edades y necesidades educativas del alumnado.
• Establecer un calendario escolar que reparta los periodos de trabajo y los de asueto.
• Establecer un horario escolar flexible para que éste se pueda adecuar a las características de la comunidad educativa. No es lo mismo acudir a la escuela  en una zona rural que en una urbana, ni es lo mismo vivir en el norte que en el sur en verano y en invierno. Tampoco es lo mismo tener que desplazarse obligatoriamente cada día, que acudir caminando al centro educativo.
• Determinar cuáles son las  necesidades de atención a los menores fuera del horario escolar, cuáles de estas necesidades han de satisfacerse con respuestas de los organismos públicos, y en qué casos y en que condiciones se debe prestar atención gratuita. Se han de definir unos servicios complementarios de calidad y se ha  de  cuantificar y prever su financiación.
• Elaborar planes de atención extraescolar para los menores, garantizando  la igualdad de oportunidades.
• Implicar a las entidades locales para conseguir una buena oferta de actividades extraescolares.

No se trata de hacer propuestas parciales. Es el momento de abordar la cuestión globalmente ¿Nuestros menores están bien atendidos?. ¿Las familias, la escuela, los organismos públicos y la sociedad en general les ofrecemos realmente lo que necesitan?. Es preciso hacer una reflexión sobre qué tipo de atenciones necesitan nuestros menores, quiénes las necesitan, quienes tienen el derecho de decidir y de intervenir en la organización de la vida de  los niños y niñas, qué medidas educativas y asistenciales son necesarias y quiénes tienen la responsabilidad de garantizarlas. Hace falta determinar qué servicios son  responsabilidad de las administraciones públicas y si se han de prestar en igualdad de condiciones para todos y todas.

En todo caso, tampoco se puede pretender que sea la administración pública quien se haga cargo de todas las necesidades de los menores que sean  consecuencia de las decisiones particulares de cada familia, ni se deben generalizar unos servicios de atención, en la medida en que no han de ser obligatorios, ya que hay familias que no los necesitan o no los desean. Como reza un antiguo dicho africano: es necesaria toda la tribu para educar a los más jóvenes.

En fin, mucho que hacer todavía para que esta sociedad del bienestar se ocupe de los menores como ellos se merecen, pero, tampoco nos extrañe: acabamos de poner en marcha la Ley que atiende a las personas mayores que necesitan atención constante y sigue estando basada en que les atienda su propia familia.