La Izquierda Navarra

Tuve la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de la justicia del siglo XIX. No es que sea tan viejo, ni tenga una máquina del tiempo. Somos muchos los contemporáneos que la conocimos. Seguía funcionando cuando inicié mi actividad profesional como abogado a fines del siglo XX. Poca cosa había cambiado en un siglo. En aquellos lúgubres juzgados lo más moderno que uno podía encontrar eran las máquinas de escribir, donde los funcionarios seguían utilizando papel carbón para confeccionar aquellas copias casi ilegibles de providencias, autos y sentencias. Los legajos cosidos a mano amontonados por todas partes, el vetusto mobiliario y la tapicería despanzurrada de tantas sillas, los pasillos atestados de gente esperando a ser llamados a lo suyo, los delincuentes esposados y custodiados por la Policía mezclados con quienes iban a pedir una partida de nacimiento al registro civil. Y, sobre todo, procedimientos regidos por leyes decimonónicas (no lo digo en sentido figurado, hablo de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y la de Enjuiciamiento Criminal de 1882, ésta todavía vigente), concebidos cuando no había electricidad, teléfono ni automóviles, que eternizan los pleitos, que exigen que cada documento que se produce genere por sí mismo otra media docena de documentos sin que el asunto haya avanzado lo más mínimo hacia su resolución.

Algo hemos mejorado, claro, incluso en algunos aspectos mucho. Nuevos palacios de justicia, oficinas informatizadas, nuevas leyes dictadas todas con la buena intención de agilizar los procesos, jueces y funcionarios mejor preparados, más órganos judiciales y más especializados en determinados asuntos que incluso publican sus resoluciones en Internet. En apenas un cuarto de siglo, un gran avance, hemos logrado que la justicia se plantara en el siglo XX. Lástima que el resto del mundo lleve varios años en el siglo XXI; que los equipos informáticos que se utilizan en juzgados y tribunales sean los que hace diez, o quince años, utilizaban los bancos o las oficinas de Hacienda.

El esfuerzo de modernización ha sido insuficiente porque la reforma de la justicia nunca ha sido una auténtica prioridad política. Las prioridades han ido en otras direcciones. Hemos inaugurado en España más kilómetros de autovía que nadie en Europa; hemos urbanizado más hectáreas y construido más viviendas que cualquier otro país; en pocos años nos saldremos en trenes de Alta Velocidad. Y qué decir de las nuevas tecnologías. Cuando llega el momento de hacer la declaración de la renta puede que Hacienda nos la envíe a casa ya hecha, porque tiene todos nuestros datos; y si pedimos una licencia municipal a lo mejor nos la conceden por un sms. Si tenemos la curiosidad de consultar el Boletín Oficial del Estado desde el día que se fundó como Gaceta de Madrid allá por el siglo XVII está a nuestra disposición en Internet. Eso sí, estos días hemos sabido que el Poder Judicial no puede saber a cuántos condenados tiene por la calle sin cumplir con su pena. No sólo porque lo que hace un juzgado es ignorado por todos los demás; sino porque algunos juzgados tampoco saben lo que hacen ellos mismos salvo que se enteren por el telediario.

La modernización de la justicia enseguida se ha topado con sus límites. De unos años a esta parte el debate sobre el tema se ha preferido dirigir a la lucha por controlar políticamente a sus órganos de gobierno. En pos de la independencia de la justicia se les concedió a los jueces su autogobierno, que es otra cosa, y hemos salido escaldados. Empiezan a oírse las voces que cuestionan si no sería mejor que los jueces se dediquen a lo suyo y que el gobierno del Poder Judicial vuelva a encomendarse al ministerio (o la consejería autonómica) correspondiente, y no les faltan razones. La independencia del juez a menudo sigue confundida con el aislamiento en su juzgado, con una estructura de reinos de taifas obsoleta que ya no practica ninguna otra organización. El servicio público de la justicia no ha llegado a crearse nunca, aunque se hable mucho de él. Un servicio público exige centrarse en el público, en las necesidades del ciudadano que va a convertirse en su usuario y en las prestaciones que va a recibir. La Justicia que tenemos sigue centrada en lo que hacen los jueces, en el formalismo procesal, sigue condicionada por el peso de sus tradiciones.

Ya sé que no digo nada nuevo ni original, pero la justicia exige una reforma profunda, mucho más profunda que la que los condicionamientos políticos, centrados en el reparto de la tajadas de poder, han permitido. Desde el sistema de reclutamiento y carrera profesional de los jueces, hasta las normas procesales pasando por la estructura de los órganos judiciales. Y más dinero, claro, ese dinero que llega en dosis insuficientes a los servicios públicos porque la prioridad es siempre, con crecimiento o con recesión, bajar los impuestos y que aumente el consumo privado.

Pero no nos desgarremos las vestiduras. Pasados unos días y olvidados los titulares, las cosas volverán a su cauce. La cuestión judicial volverá a un discreto tercer plano. Al fin y al cabo, ¿quién necesita de la justicia? ¿Quiénes son sus clientes? Una pequeña minoría de la población, y no la más boyante. Quien tiene recursos económicos suficientes no necesita de la Justicia; puede pagarse sus alternativas, su seguridad privada, sus seguros de responsabilidad, sus arbitrajes, sus pactos privados para evitar pleitos. Las grandes empresas, los bancos, las aseguradoras, las constructoras, sólo enviarán a sus equipos de abogados a pleitear si han calculado que les beneficia una demora de varios años en que se solucione el asunto. El pequeño consumidor de la justicia, el ciudadano de a pie, también será aconsejado de buscar una solución fuera de los juzgados; negocie, transija, renuncie, pague que le va a salir más barato. Sólo unos pocos acaban acudiendo al Poder Judicial; los que no tienen nada que perder, o los que se ven forzados a ello. Y entre estos nos encontraremos con las diversas especies de vagos y maleantes que son su clientela natural. Así que preocupémonos de cosas más urgentes. La justicia del siglo XXI ya llegará; allá por el XXII, seguramente.