La Izquierda Navarra

Las políticas sobre  escolarización, que ha desarrollando el Departamento de educación del Gobierno de Navarra en los últimos quince años, han potenciado  una estructura de la red escolar que se distingue por la concentración de alumnado de características comunes en determinados centros educativos, sobre todo en los niveles de enseñanza básica.

Hay centros con mayoría de alumnado procedente de familias con un alto status social, mientras que en otros la mayoría es de alumnado  de sectores socialmente desfavorecidos. Hay otros centros a los que acuden alumnos y alumnas que viven en el entorno físico del mismo, mientras que a otros acuden niños y niñas que han de  desplazase, cada día,  lejos de su domicilio familiar. También  se  agrupan los alumnos por modelos lingüísticos e incluso existen centros  que escolarizan sólo a  chicos o sólo a chicas.

Aunque el país de procedencia del alumnado no es un dato significativo en si mismo, sí que lo es en cuanto al bajo nivel socioeconómico que estas personas sufren en general. Los niños y las niñas  procedentes de otros países están principalmente escolarizados en centros públicos. Este curso el 80,6 % estudia en centros públicos y el 19,3 % en centros de titularidad privada. En el curso 1999/2000 la proporción era del 70,4% frente al 29,6%.

El 13 % del alumnado de la enseñanza pública y el  5, 4 % del alumnado de  la red de centros privados concertados son extranjeros  y se concentran en los modelos de enseñanza en castellano.

Los centros educativos de las grandes zonas urbanas (Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla) escolarizan al 73% del alumnado de toda Navarra. El 53,67% de ellos estudia en centros públicos y el 46,33 % en centros privados concertados. Para la enseñanza concertada supone el 92% de todo su alumnado en Navarra (36,8 %  del total).

Es en los  centros de estas ciudades dónde se producen las más altas concentraciones de alumnado inmigrante, que en general proceden de familias de bajo nivel  socioeconómico. Algunos centros, superan el 75% de alumnado inmigrante, mientras otros no llegan al 5%. Por ejemplo en el ensanche de Pamplona  hay un centro con más de 94 % de alumnado inmigrante y  otro centro con un  76%, mientras que otros centros cercanos no alcanzan el 8%.

Respecto al entorno en el que se ubican los centros educativos, solamente en  la zona rural el alumnado de los centros refleja la composición de las familias de la localidad. No ocurre así en una gran parte de  los centros de las zonas urbanas en las que muchos alumnos y muchas alumnas, se desplazan diariamente porque así lo desean sus familias, a centros lejanos a su domicilio familiar, habiendo centros cercanos con la misma oferta educativa.

La nueva normativa sobre escolarización en Navarra, que se ha empezado a aplicar este curso, no corrige la situación actual, más bien fomenta la diferenciación del alumnado que poblará los centros escolares fundamentalmente en  Pamplona y su comarca. Los  criterios de admisión del alumnado y  la determinación de unas amplísimas áreas de influencia no promueven  una distribución equilibrada del alumnado de nueva incorporación al  sistema educativo. No se prioriza el derecho a obtener una plaza en el centro más próximo al lugar de residencia de las familias, cuestión que es fundamental; en cambio se contribuye a que determinados centros seleccionen su alumnado, independientemente de lo lejos o cerca que el centro quede del  domicilio.

Por poner un ejemplo, los centros de Noain y Zizur están en la misma zona de escolarización, es decir que todos los niños y niñas que residan en estos dos municipios tienen la misma puntuación, en el criterio de proximidad, para acceder a los centros educativos de ambas localidades. Un alumno que resida en Zizur puede ocupar una plaza en un centro de Noain y otro que resida a 50 metros del mismo puede no ser admitido.

Por poner otro ejemplo, más concreto, este curso ha habido alumnos de incorporación tardía en número notable que no tienen puesto escolar en los centros próximos a su casa y son enviados a centros fuera de su distrito, sin ningún tipo de ayuda económica para transporte y comedor. Alumnos de entre 3 y 13 años que han llegado por estas fechas y viven en la Chantrea, Orvina y Rochapea no encuentran puesto escolar para sus hijos y son enviados a San Jorge, que sí tiene, pero que curiosamente está fuera de su distrito.

Bajo nuestro punto de vista, el sistema público de enseñanza debe ser el garante del ejercicio de los derechos de los más desfavorecidos y debe contribuir a disminuir los desequilibrios socioeducativos. En este sentido, no se trata de distribuir a los extranjeros, a los de menos recursos, a los niños y niñas con situaciones de partida más precarias,  o a todos los demás. No se trata, por supuesto, de  obligar al alumnado a formase en un modelo lingüístico determinado o en un centro privado concertado o religioso si no lo desea.

Se trata de que todas las familias puedan ejercer, en las mismas condiciones, su derecho a una plaza escolar para sus hijos e hijas, de que los niños y las niñas tengan la oportunidad de convivir con las personas de su entorno cercano e ir a la escuela de su barrio, de establecer medidas  de discriminación positiva para el alumnado que accede la sistema educativo navarro en situaciones de precariedad y para los centros que los acogen. En último término  se ha de priorizar el derecho a una plaza en un centro público, en la opción de modelo lingüístico deseada y en el lugar en el que se reside para quienes así lo deseen, lo cual exige la modificación de las nuevas normas sobre escolarización y un replanteamiento de  la previsión de construcciones escolares.

Partiendo de la base de que de que el mejor contexto educativo para el aprendizaje es una escuela plural que sea reflejo del entorno social en el que se desenvuelven los niños y las niñas, habría que analizar las repercusiones sociales y educativas que tiene y tendrá en un futuro la  segregación del alumnado en los centros escolares. Cuando precisamente son los que parten de situaciones más precarias los que no pueden elegir en muchos casos ni siquiera el centro más cercano a su casa.

Es preciso considerar a qué  o a quiénes favorecen estas situaciones de alta concentración de determinado tipo de alumnado en algunos centros y si éstas se deben mantener, en qué casos y en que condiciones. Urge establecer medidas correctoras para que todos los centros sostenidos con fondos públicos realicen una escolarización equilibrada, tal y como prescribe en el artículo 84  de La Ley Orgánica de Educación.

Han de implementarse políticas educativas, centradas en el sistema público de enseñanza,  que promuevan una composición de los centros escolares que reflejen la sociedad del lugar donde están ubicados, que favorezcan la formación del alumnado en su entorno cotidiano,  que promuevan centros en los que convivan niños y niñas que estudian en diferentes modelos lingüísticos, que potencien la formación intercultural, que implemente medidas compensatorias para las más desfavorecidos y que establezca mecanismos de control ante posibles discriminaciones.

Políticas  que aboguen por unos presupuestos dignos para que el sistema público de enseñanza cuente con todos los centros y medios necesarios para atender a las demandas sociales, que cuente con las mejores instalaciones y recursos posibles que permitan mantener y mejorar el buen servicio de calidad que estos ofrecen. Es preciso dignificar y prestigiar la enseñanza pública, que la pluralidad, la interculturalidad y la heterogeneidad  se perciban como  los valores positivos que son para la formación de los niños y de las niñas.

En consecuencia habría que reconsiderar las políticas relativas a los conciertos educativos. Entendemos que es cuestionable, que con fondos públicos se deban financiar todos los deseos de algunas  familias, cuando otras no pueden ni siquiera escolarizar a sus hijos en el centro de su barrio y se ven obligados a acudir al centro que les es adjudicado asumiendo  unos gastos añadidos en  transporte y/o comedor, que en  muchas ocasiones su economía no puede soportar.