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IU desvela que el Ejecutivo pagó en 10 años 8,1 millones en ayudas a edificios religiosos
- Estos pagos, junto a los de los entes locales, sustentarían su titularidad pública
- La coalición pide al Gobierno que defienda esta postura frente a la Iglesia, que asegura que ese patrimonio es suyo
[DIARIO DE NOTICIAS] - Entre 1997 y 2007 el Gobierno de Navarra, con cargo a los fondos de la Hacienda pública, desembolsó un total de 8,14 millones de euros en concepto de ayudas y subvenciones a edificios de uso religioso en todo el terrotorio de la Comunidad Foral. Esta circunstancia, revelada ayer desde Izquierda Unida, reforzaría, a juicio de la coalición, las tesis mantenidas por la Plataforma para la Defensa del Patrimonio en el sentido de que tales edificios, que están siendo escriturados por la Iglesia como propios en los Registros de la Propiedad, han de ostentar una titularidad pública. IUN recordaba que, además de estas ayudas, los ayuntamientos y entes locales han invertido mucho dinero en la consevación de ese patrimonio que, según sus tesis, "tiene que ser defendido como público también por el Gobierno de Navarra".
La coalición de izquierdas, según explicaba su portavoz parlamentario, Ion Erro, tratará de impulsar medidas de control sobre este tipo de ayudas desde la perspectiva de que "así como cuando se subvenciona a empresas se les exige un compromiso de permanencia en Navarra, cuando se dan las ayudas para mantener estos edificios la Administración ha de asegurarse de que la titularidad permanezca en el común de todos los vecinos". Erro calificó como "privilegio" el hecho de que se esté manteniendo este patrimonio con fondos públicos "para que luego la Iglesia lo escriture como propio sin coste alguno ni garantías de uso". Se refería el portavoz de la coalición de izquierdas al hecho de que, una vez escriturados, la Jerarquía "puede hacer con esos edificios lo que quiera, incluso negocio".
Además IU, al igual que la Plataforma para la Conservación del Patrimonio, cuestiona la legalidad de estas escrituraciones desde la perspectiva de que la ley hipotecaria en la que se basan (promovida en 1998 por el gobierno del PP) se inspira en una legislación franquista de 1946 que "mantenía los privilegios de la Iglesia en un Estado confesional". "Desde 1978 España es un Estado aconfesional por lo que estos privilegios deberían desaparecer", sentenciaba Erro antes de aclarar que no aspiran a eliminar los usos religiosos "sino a apuntalar la titularidad pública sobre estos edificios".
Frente a esta postura se sitúa la del Arzobispado que en una nota emitida la pasada semana mostraba su rechazo enérgico "a las graves acusaciones contra la Iglesia que se vierten en los últimos meses", en referencia a este contencioso. "Es una manipulación con carácter demagógico, sin ningún rigor histórico ni legal", aseguraba. La máxima autoridad eclesiástica en Navarra defiende que la Iglesia "tiene la propiedad de sus templos de forma pacífica desde la construcción de los mismos. En muchos casos, los templos parroquiales son propiedad de la Iglesia mucho antes de que existiesen los propios ayuntamientos. Pretender ahora que la propiedad es municipal no tiene ningún fundamento histórico ni legal".
Sobre la inscripción en el Registro, el Arzobispado mantiene que esta avalada por la Ley y que "no otorga la propiedad, simplemente la hace pública". Añade que "no supone la privatización, puesto que los bienes públicos también se inscriben. Los ayuntamientos han inscrito sus bienes comunales sin que nadie les pueda acusar de privatizar propiedades del pueblo".
La nota arzobispal señalaba que en las recriminaciones municipales a la Iglesia "se confunde patronato con propiedad".
El Parlamento pide mediación
El Parlamento aprobó el pasado día 14 instar al Gobierno de Navarra a que "medie" para que los responsables municipales "conozcan de primera mano" las razones por las cuales la Iglesia ha adoptado la decisión de registrar los edificios religiosos y recordaba "el malestar generado en numerosos ayuntamientos y ciudadanos". La moción contó con el apoyo de todos los grupos salvo el de UPN, que optó por la abstención.
Las ayudas
472.699 euros 1997
678.843 euros 1998
484.720 euros 1999
552.459 euros 2000
1.126.731 euros 2001
370.039 euros 2002
707.016 euros 2003
333.932 euros 2004
186.150 euros 2005
251.606 euros 2006
2.983.505 euros 2007
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