La Izquierda Navarra

Navarra ha sido la única Autonomía que regula por ley la gratuidad de los libros de texto. Navarra era la única Autonomía que no había puesto en marcha ninguna medida para conseguir su gratuidad. Por mucho que fuera una exigencia constitucional: “la enseñanza básica es UNIVERSAL y GRATUITA”. Izquierda Unida tomó la iniciativa en el Parlamento de Navarra y hoy es una realidad.

Para la gratuidad total de la educación queda camino por recorrer: transporte escolar, comedor o resto de material escolar, entre otros. Pero la financiación de los libros supone un importante logro, un avance progresista para los más de 90.000 estudiantes navarros de enseñanza básica.

Un logro progresista porque supone una conquista social, ya que avanza en la universalización de la educación básica, incorporando ahora la gratuidad de los libros de texto a cargo de la Hacienda foral, la Hacienda de todos. Una sociedad avanzada es una sociedad bien formada, y para conseguir una buena formación es necesario invertir en ella. Un ejercicio de solidaridad por el conjunto de la sociedad navarra a favor de sus futuras generaciones.

La ley que acabamos de aprobar en el Parlamento, además, incorpora el valor de lo público, del bien común. Van a ser los estudiantes, y con ellos sus familias, quienes se responsabilicen de unos libros que, una vez utilizados, deben quedar en buen estado para su uso por otra persona al siguiente curso. Si los alumnos y alumnas se responsabilizan de sus pupitres, de los materiales de clase, del equipamiento del gimnasio, ¿por qué no hacerlo también de los libros de texto? Se trata de incorporar una cultura menos individualista y menos consumista en una etapa formativa, donde se consolida el esquema de valores de los ciudadanos del futuro.

El sistema de préstamo establecido en esta Ley, con una duración máxima de cuatro años, aporta, además, un importante ahorro de papel, con lo que tiene un importante efecto ambiental positivo, del que se verán beneficiados principalmente nuestros bosques.

Es cierto que nunca llueve a gusto de todos y, de la misma forma que la Ley no tuvo el apoyo de todo el Parlamento (Na-Bai se abstuvo), tampoco ha evitado algunas críticas de sectores afectados. Una mayoría política (algunos con una importante evolución: UPN y CDN votaban en contra de esta propuesta cuando tenían mayoría absoluta) y la mayoría social (las asociaciones de padres y madres llevan muchos años luchando por esta medida) han conseguido este  importante avance educativo, pero existen algunos puntos que es necesario aclarar.

Esta Ley refuerza la capacidad de cada centro para que decida libremente los libros de texto que entiendan más adecuados para sus alumnos. “Los libros de texto de los centros sostenidos con fondos públicos, legalmente elegidos por cada centro para impartir la enseñanza básica, serán gratuitos para todo el alumnado... (Artículo 2.1). Espero que esta redacción tranquilice definitivamente a quienes han venido propagando el riesgo de intromisión en la autonomía de los centros educativos o que pudiera suponer un intento de control indirecto o de uniformar contenidos educativos por parte de la Administración. Corresponderá, por tanto, a los órganos de coordinación didáctica de los centros educativos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, adoptar los libros de texto y demás materiales que vayan a utilizarse en su colegio, dentro de la normativa vigente y de los valores, principios, libertades, derechos y deberes democráticos reconocidos constitucionalmente.

Puede haber otros materiales que, aunque estén editados, no estén considerados como libros de texto, y por tanto no estén afectados por los beneficios de esta Ley. Y aquí nos podemos encontrar desde la Biblia para la clase de religión, a materiales propios editados por determinados centros (pero que no reúnen las condiciones para ser considerados libros de texto) u otros libros que no obtengan su calificación por la Administración educativa, por no cumplir la legalidad.

En relación a los efectos que esta Ley pueda tener en la industria editorial y el comercio del libro, cabe señalar que esta ley se enmarca en la normativa estatal de apoyo a la lectura y al libro, como es la Ley 10/2007. Esta normativa recoge la capacidad de las administraciones públicas para articular fórmulas de cooperación y colaboración con el sector del libro. Cabe, por tanto, pensar en fórmulas de colaboración del Gobierno de Navarra con las librerías navarras que se impliquen en la venta de los libros de texto, así como el apoyo al sector editorial navarro que apueste por la edición de libros de texto.

Por tanto, considero que es el momento de felicitarnos por esta conquista social, más que para el reproche intencionado. Desde la defensa del interés general, esta Ley merece el apoyo de la izquierda política y social. Algunas críticas provienen de intereses privados que, de forma explícita o implícita, legítimamente se defienden. Nada es infalible y, por tanto, debemos estar abiertos a solucionar los problemas que se puedan detectar, a través del diálogo con todos los sectores afectados. Una buen paso en esa dirección es la preceptiva participación del Consejo Escolar de Navarra, donde están representados los diferentes sectores del ámbito educativo, con anterioridad a la puesta en marcha de la gratuidad de los libros de texto para el próximo curso 2008-2009.