La Izquierda Navarra

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

El Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA-NAFARROAKO EZKER BATUA, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta para su debate ante el Pleno de la Cámara la siguiente,

MOCIÓN:

 Un informe provisional del Consejo de Europa incluye a España en la lista de 14 países que permitieron, o no investigaron, el uso de su territorio por la Agencia Central de Inteligencia de EE UU (CIA) para el secuestro y traslado ilegal de personas a cárceles secretas donde serían interrogadas y torturadas.

En su informe provisional el investigador del Consejo de Europa, el suizo Dick Marty, destaca que Palma de Mallorca era el lugar donde los equipos de la CIA iban a preparar sus misiones, y donde descansaban después de realizarlas.

Las sucesivas comparecencias del Presidente del Gobierno y del Ministro de Asuntos Exteriores, ante el Congreso de los Diputados, han puesto en evidencia la posesión, por parte del Gobierno, de informaciones y documentos relativos a la posible utilización ilegal de aeropuertos españoles por parte de la CIA, directamente o a través de compañías aéreas privadas encubiertas. De otra parte, la Vicepresidenta primera del Gobierno ha afirmado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la CIA trabajan de manera “permanente y continua” en la lucha común contra el terrorismo internacional.

Una de las aeronaves implicadas, que aterrizó y despegó de aeropuertos españoles en distintas ocasiones, el avión “Gulfstream IV”, fue utilizada para el secuestro en Milán y el traslado a Egipto el 18 de febrero de 2003 de Abu Omar, cuyo caso es objeto de una investigación judicial abierta por el juez Spataro de Milán. Nuestro país está directamente involucrado en el traslado del ciudadano alemán Jaled el-Masri, secuestrado en Macedonia el 31 de diciembre de 2003 y trasladado a Kabul en el avión Boeing 737 de matrícula N313P, que para la realización de esta misión ilegal despegó del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca el 23 de enero de 2004 a las 17.45 horas, aterrizando en el aeropuerto macedonio de Skopje para recoger a el-Masri y trasladarlo a Agfanistán, regresando el 26 de enero a Son Sant Joan. Este último caso, está sometido a investigación judicial en Munich (Alemania). Vuelos similares se han producido con decenas de escalas en los aeropuertos españoles, entre ellos los de Tenerife Norte Los Rodeos, Reina Sofía, Tenerife Sur y el aeropuerto de El Prat. 

La Justicia española ha abierto procedimientos judiciales sobre los presuntos vuelos ilegales de la CIA, en varios Juzgados, entre ellos en Santa Cruz de Tenerife y en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Mallorca, a cuyo juez titular le fue denegada por el Fiscal General del Estado la solicitud de que el caso fuera trasladado a la Audiencia Nacional. Y el Parlamento balear aprobó por unanimidad el 22 de noviembre de 2005 una declaración institucional manifestando la necesidad de investigar la supuesta utilización del aeropuerto de Palma por parte de aviones de la CIA.

En el informe elaborado por el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Dick Marty, ponente de la comisión de investigación de los vuelos de la CIA, en el que se detalla la existencia de cientos de vuelos de la CIA en territorio europeo entre 2001 y 2005, y se consideran probados secuestros y traslados de personas,  el ponente considera muy poco verosímil que los Ejecutivos europeos no estuvieran informados de lo que ocurría en su territorio, en línea con lo afirmado por Claudio Fava, presidente de la Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo sobre el transporte y detención ilegal de prisioneros, y con las recientes declaraciones del ex secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, en las que asegura que la CIA contó con el conocimiento y la connivencia con Washington en los vuelos secretos por parte de algunos Gobiernos europeos, subordinados en este asunto  a EE UU y en perjuicio de la soberanía nacional.

El asunto es de tan importante trascendencia para la salvaguardia del Derecho Internacional y el derecho interno, especialmente en materia de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que además de las mencionadas instituciones europeas, se han producido declaraciones del Comisario europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, guardián junto al Tribunal de Estrasburgo de la Convención Europea de Derechos Humanos, y dos informes concluyentes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Efectivamente, este tipo de actividades ilegales podrían vulnerar, además del ordenamiento jurídico español, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, la Convención de Ginebra en el trato de las personas detenidas en el marco de la lucha antiterrorista, e incluso el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 7 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional contra la desaparición forzada de personas.

En el difícil equilibrio entre libertad y seguridad, importa que los tres poderes garanticen un funcionamiento regular y normal de todas las instituciones del Estado de Derecho, con la mayor transparencia posible, de tal forma que no pueda producirse una erosión de las libertades y derechos fundamentales de las personas, sin que la lucha contra el terrorismo socave los valores democráticos y los Derechos Humanos. De ahí la importancia del control policial y judicial, así como el establecimiento de disposiciones legislativas y administrativas de Derecho interno y acuerdos internacionales que permitan la prevención, investigación y sanción de este tipo de actividades ilegales en territorio español.

Es por todo ello que este grupo parlamentario presenta la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO:

1.- El Parlamento de Navarra muestra su rechazo a todo tipo de actividades ilegales de la CIA en España, especialmente las que tienen que ver con operaciones aéreas en el marco de las llamadas “entregas extraordinarias”, considerando que estas actividades deben terminar.

2.- El Parlamento de Navarra exige al Gobierno de España que haga pública toda la información que posea sobre estas operaciones ilegales de la CIA en territorio español, así como que colabore plenamente con las comisiones de investigación constituidas en el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

3.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno Español  a que revise y actualice con el mayor rigor los procedimientos de control e inspección del interior de los aviones, del pasaje y del plan de vuelo, así como los demás requerimientos de tránsito que aseguren el cumplimiento de la legislación internacional de navegación aérea y, singularmente, la Convención de Chicago de 1944 sobre los vuelos civiles en territorio español, de tal forma que las aeronaves extranjeras no puedan utilizar nuestros aeropuertos para la realización de actividades no civiles, ilegales o que concurran en ellas.

4.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno Español a que instruya a los representantes españoles de los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores en el Comité Permanente Hispano-Norteamericana para que ejerzan la mayor vigilancia en la autorización previa  e individualizada de sobrevuelo o escala de aeronaves estadounidenses en misión oficial sobre nuestro espacio aéreo o terrestre, de acuerdo con las disposiciones del Protocolo de enmienda suscrito el 10 de abril de 2002 al Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EE.UU de 1988, y estudie la conveniencia de promover la supresión del mencionado Protocolo en el caso de que se considere que produjo un relajo en el control de este tipo de vuelos oficiales.

5.- El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a que prohíba el uso del espacio aéreo y de los aeropuertos españoles a las aeronaves fletadas por encargo de la CIA que figuran en los informes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa por su presunta implicación en actos delictivos de traslado ilegal de presuntos terroristas.

6.- Este acuerdo se remitirá a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Asuntos Exteriores Español y a la Embajada de los EE UU en España.

Pamplona-Iruña, a 8 de junio de 2006