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Izquierda Unida exige el cese de la concejala de Servicios Sociales por los "graves incumplimientos" de Amma en el SAD

miércoles, 06 de septiembre de 2006

 

  • El partido presentará una moción para que Navarra se dote de una ley integral de atención a la dependencia y una empresa pública

 

[europa press] - Izquierda Unida reclamó hoy el cese o dimisión de la concejala de Servicios Sociales de Pamplona, Conchi Mateo, así como del director del área y de la secretaria técnica, por la "vergonzosa e infame" gestión de la concesión del Servicio de Atención Domiciliaria a Amma-Agedna.

 

Según explicó el concejal de IUN José Antonio Mancho, estos responsables han calificado de "situaciones inevitables" o "planteamientos absurdos" lo que para la formación de izquierdas son "gravísimos incumplimientos" de la empresa en la prestación del servicio.

 

Se refirió al caso de una mujer que, por falta de asistencia, se quedó inmovilizada dos días en cama, sin que nadie le cambiara los pañales y con un marido enfermo de Alzheimer. Mancho aseguró que las citadas valoraciones "les inhabilita" para trabajar en la Administración. "Es indigno e inhumano. Quienes las firman y las sostienen no debieran estar ni un segundo más", añadió.

 

También reclamó a la alcaldesa que asuma responsabilidades políticas y que se impongan a la empresa las sanciones correspondientes. "Es vergonzoso. El equipo de gobierno acepta las excusas más peregrinas de la empresa y desprecia la opinión de los técnicos municipales", censuró. Igualmente, cree que todavía está pendiente una petición de disculpa a los usuarios.

 

José Antonio Mancho, concejal de IU, denunció que a pesar de los  "41 casos graves de abandono denunciados" o no haber realizado en 2005 ninguna de las 79 horas comprometidas en el concurso, el 6 de junio el equipo de gobierno prorrogó hasta finales de año el contrato, una decisión que fue cuestionada por el Tribunal Administrativo de Navarra, cuyas resoluciones o son de obligado cumplimiento.

 

También apuntó que la oposición logró en su día retirar del pliego de concesión la cláusula que beneficiaba a las empresas gestoras de Pamplona, punto que sólo cumplía Amma-Agedna entre las ocho presentadas. Finalmente, esta fue la empresa adjudicataria, "a pesar de que era la que menos iba a gastar en personal, con más margen de beneficio y la segunda oferta más cara".

 

En su opinión, la solución no pasa "por eximir" a la empresa, "como propone la concejala de Servicios Sociales", y anunciar que no se prorrogará el contrato a partir de diciembre o que exigirán mejoras laborales en el próximo pliego. "Quien se ha mostrado más que ineficaz puede volver a ser adjudicataria", advirtió y señaló que si se mejoran las condiciones laborales la adjudicación a una empresa será "más cara", porque la sociedad deberá obtener "beneficio". Según defendió, la mejor solución pasa por la creación de una empresa pública, que acabe con la eventualidad de las trabajadoras y que puede canalizar el empleo de integración social.

 

EMPRESA PÚBLICA DE ATENCIÓN

 

Por otro lado, IUN propondrá en el Parlamento, a través de una moción, que el Gobierno foral elabore una ley integral de Atención a la Dependencia, de manera que se modifique la actual normativa, "obsoleta", y se incida en cuestiones hoy no tenidas en cuenta, como refuerzo de la inspección y del régimen sancionador, requisitos de calidad de la tención, preparación específica etc.

 

IUN también reclamará la creación de una empresa pública de atención a la dependencia, que garantice la calidad y los derechos "tanto de los trabajadores como de los usuarios", explicó Erro, quien demandó que la ley contenga una carta de derechos sociales de las personas dependientes, base para que puedan reclamar sus derechos "y que estos no dependan de la voluntad de quien gobierna".

 

Ion Erro denunció que las ayudas anunciadas el lunes por el Ejecutivo foral - 365 euros al mes para 6.000 personas con gran o severa dependencia, en función de la renta- rompen la filosofía de la ley de Dependencia, según la cual la atención debe ser "pública y universal" y no repercutir en la familia y ni requerir una atención medicalizada - acudir al médico de cabecera ante los problemas. "Rompe la estructura sociosanitaria", apuntó.

 

Además, Erro criticó que "en 15 años de gobierno de UPN", se ha favorecido la "mercantilización, desatención, desregulación" de la atención a los colectivos afectados. Tanto el coordinador general como Mancho criticaron la "mercantilización" de los servicios sociales, en donde se antepone "el interés privado y el beneficio empresarial a los derechos ciudadanos".

 

 

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