La Izquierda Navarra

De todos es conocido el papel hegemónico del negocio de la construcción en España en la economía y la política, que ha llegado a hipotecar el futuro de nuestro país. Pero el problema viene de lejos. En la España franquista de los años sesenta, una parte significativa de los beneficios derivados de la planificación económica opusdeista se dirigió a la inversión inmobiliaria, destruyendo parte importante de los centros históricos de las ciudades, particularmente en el área mediterránea, buscando beneficiarse y acrecentar su predominio económico y cultural. Aquel proceso ya contenía elementos que más tarde serían característicos, como la corrupción y la connivencia entre políticos y empresarios.

Tras la desindustrialización realizada por el primer Gobierno del PSOE para entrar en Europa, sólo quedó en pie, de la etapa anterior, el conjunto de empresas dedicadas a las obras públicas y a la construcción y servicios o actividades relacionadas. Los beneficios de la pertenencia al Mercado Común se dirigieron, a partir de 1986, al sector de la construcción, único con atractivo, dada la ausencia de un marco global de reindustrialización.

Posteriormente, los Gobiernos del PP consolidaron la “lógica del ladrillo” como motor de la economía, dándole nuevas alas con su reforma de la ley del suelo, por la cual toda España es suelo urbanizable, mientras no se diga lo contrario. Aquí hemos visto también a UPN campar a sus anchas, con proyectos tan aberrantes como el de Guendulain, o pelotazos tan sonados como el del solar de Intendencia, y la rácana política de construcción de VPOs.

Hay que señalar que a diferencia de otras actividades, como el sector primario, la industria o los servicios, esta actividad de la construcción precisa para su desarrollo de decisiones adoptadas por políticos, decisiones tomadas en los Ayuntamientos y que atañen al diseño de planes de ordenación urbana, recalificación de suelos, convierten suelos agrarios o rústicos en urbanizables, o asignan zonas para equipamientos o servicios públicos, y últimamente con los hallazgos de los convenios urbanísticos, que a partir del alcalde permiten saltarse toda la restante tramitación. Es decir, la política se convierte en eje central de todo el proceso de construcción. En esta batalla-carrera por el beneficio rápido la única voz discordante fue la del PCE primero y la de IU más tarde. No es de extrañar el empeño desde diversos frentes en lograr su desaparición.

Una vez creado el monstruo, éste adquiere vida propia y exige más y más ladrillos para seguir subsistiendo. Pero lo que es peor, el mundo del ladrillo se convierte en cultura hegemónica, con sus consecuencias sociales, éticas y políticas.

Es quizá la repercusión en la juventud el fenómeno de mayores consecuencias para el futuro de nuestra sociedad. La paulatina desaparición del Estado del Bienestar, de la planificación y la actuación pública colectiva deja el campo abierto para la extensión del individualismo. Cuando hay que pagar hipotecas durante 40 años, y un alza del precio de la vivienda de un 180% en diez años, en un mundo laboral precarizado, y en ausencia de derechos sindicales, pocas posibilidades hay de emprender movilizaciones masivas y eficaces en pro de los derechos, como la vivienda, amparados por la Constitución. La otra cara de la moneda son los más de 4 millones de viviendas vacías, un 14%.

El cálculo de los enormes beneficios que produce en España la fiebre de la construcción ha desembocado en un entramado de grandes dimensiones. Por una parte está el empresariado de la construcción y las obras públicas proveniente del franquismo, y el recién incorporado de la democracia, con protagonismo tanto de dirigentes del PP como del PSOE. A este conglomerado se ha sumado no solamente el capital financiero nacional, también el europeo, a través de la concesión de jugosos créditos. Tanto es así que actualmente se puede afirmar que la mitad de los créditos que se conceden en España están dentro del área de la construcción, con lo que significa de merma de recursos que para una alternativa se necesitarían. Ha llegado a tal punto este condicionamiento que el objetivo del derogado Plan Hidrológico del PP no era otro que suministrar agua para el negocio de la construcción, hoteles, y campos de golf. No importan las apelaciones a la sostenibilidad. Lo que les importa a los involucrados es la búsqueda de nuevos espacios.

La cuestión que plantea esta evolución es, como se ha señalado, la enorme hipoteca que deja para el futuro. El Gobierno del PSOE no se ha atrevido a atajar esta evolución, más allá de medidas coyunturales más o menos electoralistas. Porque la solución no consiste en aplicar medidas que ayuden a ciertos sectores de la población, como la “renta de la emancipación”, sino en plantear un marco económico alternativo. Así, por ofrecer algunos datos, las viviendas tasadas en 1997 fueron un 11% del PIB, mientras que en 2005, las viviendas tasadas fueron un 32,8% del PIB. A este panorama hay que añadir  que el endeudamiento familiar esta creciendo de forma alarmante, así como el déficit de la balanza exterior.

Las alternativas no se limitan sólo a resolver el problema del derecho a la vivienda, sino que se trata de cortar la cabeza a la hidra. Si la clave de todo este tinglado está en la decisión de alcaldes y concejales concretos, se trata de establecer un marco legal en el que situar el planeamiento urbano, la participación ciudadana y las finanzas de los ayuntamientos, el papel del suelo en el precio de la vivienda, la defensa del patrimonio artístico y de la naturaleza. Y este marco legal depende de las leyes que aprueben parlamentos regionales y de nacionalidad, y el marco económico global del país, en lo relativo a políticas de alquiler, fiscalidad, construcción de VPO, el papel de la iniciativa privada y pública, las políticas de préstamos de las entidades financieras, etc.

Pero lo más crucial es impulsar un conjunto de actividades que creen puestos de trabajo estables y bien remunerados fuera del ámbito de la construcción y que se conviertan en dinamizadores del conjunto de la economía. Es decir, una planificación económica donde sean protagonistas el conjunto de los actores, el Estado y la democracia, los sindicatos, las instituciones públicas creadoras de innovación tecnológica, las universidades públicas, los centros de investigación, los ayuntamientos y las organizaciones empresariales y financieras interesadas.

En definitiva, sellar el modelo neoliberal, para iniciar una etapa totalmente diferente, en la que junto a la recuperación de la economía productiva se recupere así mismo el protagonismo de las personas en la construcción de su futuro.