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4. Defensa del sistema de bienestar social

sábado, 14 de febrero de 2004

 

La defensa del Estado de Bienestar debe ser una de las características de la izquierda, ante la brutal ofensiva a que le está sometiendo la ideología neoliberal que practica la derecha. Un Estado de Bienestar que en España, que ha ido con años de retraso respecto de otros países de Europa, se pretende recortar sin que se haya llegado a asentar. 

  

Frente al recorte de derechos sociales en sanidad, educación, bienestar social, vivienda, enmascarados bajo el discurso de la derecha de que “Navarra es pionera en gasto social” o de que Navarra es la comunidad donde se vive mejor, debemos adoptar una actitud de denuncia activa. Frente a la privatización de la atención sanitaria, de los servicios sociales, de las pensiones, de los medios de comunicación, de la cultura, de los transportes, la izquierda debe aspirar a la mejora y ampliación de los servicios públicos, potenciando un sector empresarial público en todos los ámbitos donde lo exija la garantía de satisfacción del interés común y por encima de consideraciones de mera rentabilidad económica. El intento de privatizar la enseñanza debe hallar enfrente la exigencia de una escuela pública, gratuita, laica, de calidad y suficiente para todos los niveles.

  

La política desarrollada por la derecha navarra en el poder, UPN-CDN, siguiendo los dictados de las teorías económicas neoliberales, está teniendo como consecuencia la privatización de los servicios públicos más esenciales. Ejemplos de esta nefasta gestión  los encontramos en el campo de los servicios sociales, que de una forma progresiva se están dejando en manos de entidades y empresas privadas; de la educación, donde se apuesta claramente por el sector privado en detrimento de la inversión en cantidad y calidad de los centros públicos; o de la sanidad, que carece de los recursos necesarios para su normal desarrollo. Se están poniendo en grave peligro los pilares de nuestra llamada sociedad del bienestar, cuando todavía no hemos llegado ha alcanzar los niveles de desarrollo social de los países más avanzados de la Unión Europea.

  

Los presupuestos generales de Navarra así como las continuas reformas fiscales impuestas e impulsadas por quienes nos gobiernan, UPN-CDN, ponen claramente de manifiesto el interés del Ejecutivo Foral, muy en concordancia con la línea marcada por el PP a nivel estatal, de apoyar los intereses del capital, es decir, de los sectores económicos más fuertes en detrimento de la mayoría de la sociedad. Trabajadores y trabajadoras, pensionistas, personas sin empleo o con empleo precario, hombres y mujeres en riesgo de exclusión social, quienes padecen minusvalías, o aquellas personas que buscan una primera vivienda,..., estamos sufriendo las consecuencias de una política asocial que no está protegiendo derechos constitucionales básicos, como es el caso del empleo, la educación, la sanidad o la vivienda. Debemos ser conscientes de que una reducción de los ingresos de las arcas públicas, vía reforma fiscal y bajada de los impuestos directos que claramente favorece a las rentas más altas, están poniendo en grave peligro la suficiencia económica del sistema público y la existencia de servicios públicos suficientes, eficientes y de calidad.

 

  

4.2. ALTERNATIVAS A LA SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA.  

  

Frente a la creación de empleo precario hemos de impulsar un programa de empleo estable, de calidad y con plenitud de derechos tanto laborales como sociales (medidas para la conciliación real de la vida familiar y laboral, disminuciones de jornada en beneficio de la vida social y familiar...). Hoy en día nos enfrentamos a uno de los mayores retos que plantea nuestro mercado laboral mundializado y segmentado: la flexibilización de las condiciones laborales a través de dos vías. Por un lado a través de la contratación, primando la contratación temporal frente a la indefinida y creando así una diferenciación en los senos de las propias empresas, por un lado la plantilla de primera con unas condiciones laborales asentadas y por otro la de segunda, donde la rotación, el encadenamiento de contratos, las dobles escalas o velocidades salariales, las mayores tasas de accidentalidad, o el abuso y el fraude en la contratación son frecuentes. Y por otro lado, nos encontramos con una creciente externalización de las actividades productivas de las empresas hacia empresas auxiliares que trae consigo las mismas consecuencias negativas anteriormente citadas. Contratas, subcontratas, contratas de contratas... asumidas en la mayoría de las ocasiones por las llamadas empresas de servicios, que están totalmente desreguladas, y por lo tanto en situación alegal, y se dedican sin contemplaciones al mercadeo con mano de obra barata. Aquí son las mujeres, la gente joven, las personas inmigrantes, y todas aquellas que se encuentran en una situación de mayor indefensión las que están conociendo la peor cara de nuestro mercado laboral.

  

Se está facilitando la segmentación de las condiciones de trabajo y salariales potenciando diferentes posiciones de clase, y por lo tanto primando actuaciones diferenciadas y debilitadoras de la clase obrera. Esta individualización de las relaciones laborales hace muy difícil la acción sindical y la reivindicación conjunta y unitaria del conjunto de trabajadores y trabajadoras, y crea un caldo de cultivo muy favorable a los intereses del capital, y excelente para la siniestralidad laboral. A este respecto, se debe asegurar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con mayores penalizaciones fiscales a las empresas, y poniendo en marcha nuevas medidas para erradicar una de las mayores lacras laborales. Sobre todo es preciso el control preventivo por parte de la Inspección de Trabajo y un mayor control de las actividades empresariales, supeditando las ayudas las ayudas y subvenciones a empresas al cumplimiento de la normativa, la permanencia de la actividad, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la consolidación de puestos de trabajo estables y de calidad. Es necesario que desaparezcan las empresas de servicios y las ETTs, a través de cambios en la legislación laboral que impidan la externalización de actividades y actividades, tanto en la empresa privada como en la pública.

  

Frente a la política empresarial de las multinacionales, que teniendo beneficios millonarios provocan despidos masivos para abaratar los costes de la producción, es necesaria la transformación del modelo empresarial. Se requiere un nuevo modelo de empresa innovada, responsable y con relaciones laborales participativas. En la que prime la inversión en capital humano, formación, tecnología e investigación. Y donde se reconozca la diversidad y se respeten, bajo el principio de la igualdad de trato y oportunidades, unas condiciones de trabajo dignas y los derechos laborales básicos. Se deben potenciar los diferentes sectores económicos, apoyar a las PYMES y potenciar un sector público estable, eficiente y de calidad; todo ello bajo los principios de equilibrio territorial y medioambiental.

  

Asimismo la izquierda debe impulsar una mejora de la fiscalidad con criterios de justicia, progresividad y solidaridad, para que pague más el que más tiene. Supresión del dogma del déficit cero que limita las políticas de inversión y bienestar social. 

 

 

4.3. DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS. 

  

Navarra como espacio social debe dotarse de un marco de garantías ciudadanas que entronque con los proyectos europeos que se están llevando a cabo en la Unión Europea, tal como la Agenda Social Europea. Debemos impulsar la aprobación por Ley Foral de una Carta de Derechos Sociales entre los cuales se encuentre la garantía de ingresos mínimos ciudadanos (renta básica no inferior en ningún caso al actual Salario Mínimo Interprofesional) para todos y un catálogo de prestaciones sociales garantizadas, eliminando la discrecionalidad de los poderes públicos, pasando definitivamente de un sistema de beneficencia pública a uno de bienestar social. Los derechos de ciudadanía deben extenderse a todas las personas residentes en Navarra, al margen de su nacionalidad o situación administrativa. 

  

En este sentido hemos de trabajar para que la futura Constitución europea incluya una carta social básica, propuestas adecuadas para superar el déficit democrático y una política de seguridad y defensa soberana y controlada democráticamente por el Parlamento. Las viejas clases dominantes quieren una Europa más conservadora. Frente a ello, desde Navarra, lucharemos para que sea social, pacífica y política, capaz de juntar y potenciar lo mejor de su patrimonio histórico y de impulsar una renovación a fondo de la política y la economía, solidariamente en Europa y de Europa hacia el mundo

  

Dentro de esos derechos ciudadanos se encuentran sin lugar a dudas la interculturalidad y la atención a la diversidad. Debemos hacer un esfuerzo para asegurar la convivencia entre diferentes culturas, incluyendo una regulación legal en la que deben quedar claras obligaciones y derechos de los ciudadanos y ciudadanas que llegan a nuestro país y una acción pedagógica desde las instancias oficiales sobre el respeto de los derechos humanos, sobre las causas imparables de los flujos migratorios, y sobre los efectos beneficiosos para las sociedades de acogida de los inmigrantes en cuanto a su contribución al desarrollo económico y al mantenimiento del Estado de Bienestar en cuestiones como la natalidad o sus cotizaciones a la Seguridad Social, además de la riqueza que supone la diversidad cultural. La inmigración no se soluciona sólo con medidas de contención, por ello tenemos que hacer un esfuerzo generoso y exigir más inversión, trasvase de conocimientos y de tecnología hacia los países de origen y acuerdos que hagan más digna la vida a las personas que se ven en la necesidad de emigrar. Impulsaremos una legislación sobre convivencia intercultural que luche contra la xenofobia y el racismo, refuerce la integración y la garantía de todos los derechos sociales y políticos para las personas inmigrantes, incluyendo los de participación. 

 

  

4.4. POR UNA VERDADERA DEMOCRACIA. 

  

Las movilizaciones sociales de los últimos años (Huelga General, Educación, Globalización, Guerra Irak) han supuesto el principio del fin del secuestro de lo político a la ciudadanía. La ciudadanía se ha movilizado, ha tomado conciencia de lo político, de lo público. Las movilizaciones han supuesto una regeneración ética que no podemos dejar pasar por alto. 

  

Movilizarse es útil y también necesario; entre otras cosas para que los ciudadanos y ciudadanas seamos más libres, más conscientes, más personas. Por ello, nuestra formación política seguirá teniendo su carácter movilizador, profundizará en su carácter social, trabajará intensamente con la sociedad organizada. 

  

La movilización no es sino un aspecto más de la democracia a la que aspiramos, una democracia realmente participativa, porque creemos en la política como el gobierno de las personas y no sólo la administración de las cosas, y mucho menos el gobierno por el mercado y sus fuerzas económicas. Consideramos que la democracia no es estática, es preciso profundizar constantemente en ella. No hay verdadera democracia si no se extiende también al ámbito económico, con una planificación de la economía que vele por la satisfacción de los intereses generales. También consideramos necesario respetar el pluralismo, apostar por actitudes políticas de facilitar, cooperar y no excluir, estableciendo el diálogo como herramienta. 

  

Son necesarias medidas de real democratización de las instituciones, normas electorales y funcionamiento de los partidos, donde la transparencia sea la base de todas las actuaciones como principio garante de la democracia para que la política tenga más credibilidad. La gestión de las organizaciones políticas también debe estar inspirada en la transparencia, y se ha de sustentar en los acuerdos sobre línea política, programa, gestión democrática e ideología.

  

Por ello debemos impulsar todo tipo de medidas tendentes a mejorar los niveles de participación ciudadana. Procesos de elaboración participativa de los presupuestos públicos (sobre todo los presupuestos municipales) según el modelo puesto en marcha en Porto Alegre. Utilización de las consultas populares, tanto a nivel autonómico como municipal, modificando la actual legislación que resulta restrictiva hacia toda forma de democracia directa y delegando las potestades que tiene el Estado hacia las Comunidades Autónomas. Exigencia de referéndum para modificar el Amejoramiento del Fuero. Simplificación del procedimiento para la iniciativa legislativa popular. Potenciación de la institución parlamentaria como foro de debate y de control del ejecutivo, facilitando la creación de Comisiones parlamentarias de investigación sin que queden bloqueadas por la mayoría gubernamental. Extender la democracia a la esfera económica y productiva, impulsando iniciativas de participación de los trabajadores en la gestión y propiedad de las empresas, con participación efectiva de los sindicatos en los Consejos de Administración de las mismas, tal como viene previsto en la Constitución, art. 129.

 

  

4.5. UN REPUBLICANISMO CÍVICO Y LAICO. 

  

Izquierda Unida es una fuerza republicana. Pero nuestra concepción republicana no supone solamente cuestionar la Monarquía como forma política del Estado, por entender que es una institución soportada en valores conservadores antidemocráticos. El republicanismo supone una concepción de la política que va más allá de la configuración constitucional de la jefatura del Estado. 

  

Una sociedad republicana no garantiza su carácter progresista, pero es una condición necesaria aunque  no suficiente. Analizando nuestra reciente historia tenemos datos para afirmar que es un ámbito que profundiza radicalmente la democracia, más que cualquier otro tipo de régimen político, con el que se avanzaría exponencialmente hacia la tolerancia, el respeto y la emancipación del ser humano.  

  

Concebimos la comunidad política como un espacio de participación en el proceso de la formación de la voluntad común, un espacio del autogobierno que implica una búsqueda en el interés de todos. Una política emancipadora debe fomentar una concepción de lo público que no excluya a ninguna persona, ni a ningún aspecto de la vida de las personas, y que permita el reconocimiento y apreciación de las diferencias a través del diálogo. 

  

La integración de todos los ciudadanos y ciudadanas en la sociedad debe basarse en el reconocimiento mutuo entre individuos que son iguales en derechos y deberes pero diversos en cuanto a su identidad individual y colectiva. Una sociedad moderna y realmente democrática debe ser una instancia que tenga en cuenta tanto la igualdad como las particularidades histórico culturales y la unidad en el mutuo reconocimiento de la diferencia. 

  

No compartimos los proyectos políticos que basan la identidad o la institucionalización de una comunidad en supuestas esencias espirituales, culturales, históricas de carácter sagrado e inmutable que hay que defender a ultranza e imponer a los demás. Desde una posición de izquierda entendemos como afirmación de la identidad propia el hecho de que mediante los mecanismos de participación propios de la democracia sean los mismos miembros de la comunidad, todos los ciudadanos y ciudadanas, los que tienen la potestad de decidir qué es lo que quieren ser, cómo quieren vivir, qué características de su comunidad quieren conservar y cuales quieren cambiar. La identidad colectiva está en manos de las decisiones que día a día van tomando sus titulares. Y además, cada persona, y cada grupo social, tiene también derecho a decidir su propia identidad individual (cultural, religiosa, política, sexual), es decir, a decidir qué quiere ser, en qué quiere creer y cómo quiere vivir. 

  

Nuestra alternativa a estos retos se basa en la búsqueda de vías de diálogo regional e internacional entre los pueblos, de solidaridad interterritorial e internacional y de integración de todas las opciones políticas, culturales y sentimientos de identidad de Navarra. Frente a los nacionalismos excluyentes propugnamos una cultura federalista que promueva la cooperación, el diálogo, la participación social, la solidaridad y la integración. El proceso federalizante, tanto interior como exterior, basado en el respeto a la diversidad, en el impulso de la democracia territorial y en el principio de subsidiariedad es el que de mejor forma responde a las situaciones actuales. Este proyecto federalista plurinacional, plurirregional, multicultural, participativo y solidario, es clave para potenciar el papel de Navarra desde el autogobierno y no desde el aislamiento.  Como izquierda transformadora debemos trabajar por hacer que nuestra principal seña de identidad sea la idea de un cambio social, de que otro mundo es posible, lo que nos debe permitir ofrecer una alternativa que sea capaz de unir en torno a un mismo proyecto de transformación social las diversas identidades.

  

Navarra es un territorio abonado para la controversia social y política. Los conflictos presentan un plus de polarización debido a una alta diversidad, a los grandes contrastes internos y a una tradición histórica cargada de conflictos. Frente al modelo cultural excluyente de la Navarra foral y tradicional que preconiza el Único Pensamiento Navarro de UPN nosotros apostamos por una Navarra cuyas señas de identidad sean la pluralidad y la integración. Además, padecemos en lo religioso el predominio de tendencias integristas cada día más intransigentes subvencionadas por todos los contribuyentes fundamentalmente en el ámbito de la enseñanza, donde transmiten un modelo de sociedad basado en la sumisión. Especialmente en la educación se ponen de manifiesto los privilegios concedidos a la jerarquía de la Iglesia católica y el escaso respeto del carácter aconfesional del Estado a través de la imposición de una asignatura de religión evaluable y del régimen del profesorado que la imparte, incompatible con los derechos que debe tener cualquier trabajador. Para hacer realidad el principio del Estado laico propugnamos la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede y con otras confesiones religiosas y su sustitución por una legislación que garantice la libertad religiosa y de pensamiento en un marco de separación de las iglesias y el Estado, sin privilegios para ninguna confesión religiosa, y una enseñanza pública y laica.

  

Asumimos y respetamos la diversidad política, social, lingüística y cultural de Navarra y la consideramos como algo enriquecedor. Estimamos necesario superar la tendencia a la exclusión y a la fractura entre las distintas opciones sociales y culturales que componen Navarra. El diálogo en todas sus formas y ámbitos debe ser el mejor instrumento de trabajo y el único camino democrático. En un sistema pluralista debe reconocerse que tan legítima es la opción que apuesta por mantener el actual estatus de Navarra como las que plantean otras posiciones, entre ellas la de la unión con la Comunidad Autónoma del País Vasco. En última instancia es la decisión libre y democrática de la ciudadanía de Navarra la que determinará el futuro institucional de nuestra comunidad. Rechazamos cualquier intento de suprimir el derecho de la ciudadanía a decidir su futuro. Y no debemos renunciar a las reformas legislativas que sean necesarias para profundizar, potenciar y sobre todo mejorar la democracia y el autogobierno, siempre buscando el máximo consenso posible, la integración de las diferentes opciones socio-políticas y sobre todo el respeto a los diferentes sentimientos de identidad existentes en Navarra. La Constitución y el Amejoramiento no son textos intocables, que deban ser utilizados por ciertas opciones políticas como mera arma arrojadiza contra quienes creemos en su profundización, reforma y adaptación a las demandas de nuestra sociedad. 

  

Asimismo debe conciliarse la existencia de dos idiomas propios de Navarra a través de un Pacto Social por el Euskera que haga de éste un instrumento de comunicación, de pluralidad y de cultura y no un arma de enfrentamiento partidista. Debe asumirse la utilización normalizada del euskera en el ámbito oficial y administrativo y promoverse las modificaciones normativas precisas para garantizar a la ciudadanía navarra el derecho a conocer y usar dicha lengua. A tal fin, se debe proteger y promover su recuperación y desarrollo en toda nuestra comunidad mediante medidas para el fomento de su uso y conocimiento, garantizar el derecho a recibir la enseñanza en euskera y del euskera, favorecer la existencia de medios de comunicación en este idioma (radio, televisión), y adoptar cuantas medidas sean necesarias para impedir la discriminación de la ciudadanía por razones de lengua

  

Es por esto que apostamos por una sociedad republicana, federal y laica, que nos conduzca a una Navarra incardinada en un Estado plurinacional, democrático y solidario. 

 

  

4.6. DESARROLLO SOSTENIBLE. 

  

Hoy no hay nadie que no se apunte a la idea de desarrollo sostenible. Frente a la tendencia depredadora de la derecha política y económica, que fagocita las ideas de progreso y transformación para convertirlas en simples eslóganes publicitarios, debemos afirmar un desarrollo sostenible con contenido real, lo que obliga a una profunda alteración de las lógicas de producción y de consumo que imperan en nuestro sistema económico. El ecologismo no puede ser reducido a una moda inocua, sino que debemos seguir afirmándolo no sólo como una de las señas de identidad de la izquierda transformadora sino como una vía de crítica radical de lo existente. 

  

Como consecuencia de las políticas neoliberales, avanza la degradación de todos los parámetros ecológicos: el efecto invernadero, la deforestación, la desertización, con resultados sociales y humanos graves para la gente. Ante esos fenómenos, causados por la acción depredadora del neoliberalismo, en vez de acentuar las medidas de prevención, se desprecian e incumplen tímidos acuerdos que, como el Protocolo de Kyoto (en España, contra el compromiso de no aumentar para 2010 las emisiones a la atmósfera más de un 15 % respecto de 1990, se han incrementado ya sólo para 2001 hasta un 38 %, en el caso de Navarra hasta un 42 %), pueden reducir la gravedad del problema aunque no solucionarlo. Estamos ante una carrera hacia el máximo beneficio que sólo conduce al desastre. 

  

Desarrollamos nuestra actividad en un Planeta cuyos recursos son finitos. Este hecho está en profunda contradicción con el modelo económico actual, que se basa en el crecimiento económico infinito. Nuestro ritmo de crecimiento económico no es sostenible sin grandes daños para el medio ambiente y para la vida de las generaciones venideras. Necesitamos una urgente revisión de nuestras pautas de desarrollo industrial,  urbanístico, de infraestructuras, etc.  Proponemos construir un modelo de desarrollo que garantice la calidad de vida de la generación actual sin comprometer la de las generaciones futuras, con la incorporación de los costes ecológicos y sociales en la realización de infraestructuras. 

  

Son sobradamente conocidos los efectos de los gases invernadero así como las consecuencias del cambio climático. Asumimos para Navarra el compromiso de los Acuerdos de Kyoto. Debemos impulsar y apoyar medidas tendentes al ahorro energético a nivel industrial y doméstico, primando aquellas empresas y entidades públicas que propongan planes de ahorro energético y aumentar la participación de las energías renovables en el suministro de energía primaria, siempre desde la gestión pública. Es imprescindible reducir las necesidades de transporte motorizado y frenar el crecimiento insostenible del sector, con el fin de estabilizar una movilidad motorizada y reducir el tráfico por carretera y adecuar el coste del transporte a los costes reales que tiene para la sociedad, haciendo pagar más a los ambientalmente más nocivos y socialmente menos útiles. Es necesario el fomento del transporte público, especialmente el del ferrocarril por ser el de menor consumo energético y menos contaminante, así como de medios limpios como la bicicleta. 

 

  

4.7. LA PAZ, ÚNICO CAMINO HACIA LA PAZ. 

  

Reiteramos una vez más, y no nos cansaremos de hacerlo, nuestra total y firme condena a ETA exigiéndole, junto con la mayoría absoluta de la ciudadanía vasca, navarra y de cualquier otra comunidad el inmediato cese definitivo de su actividad terrorista.  Pero también debemos denunciar la utilización política que el PP y UPN hacen, de forma cada vez más sectaria, del sufrimiento humano que generan los asesinatos de ETA. Rechazamos rotundamente la permanente campaña mediática del PP de identificar a todo el nacionalismo vasco con ETA; la utilización por parte de UPN del terrorismo como argumento para generar división y enfrentamientos en el seno de la sociedad navarra con el objetivo de obtener mayorías parlamentarias y municipales que les garanticen el control de las principales instituciones navarras; las frecuentes y perversas acusaciones contra Izquierda Unida, intentando hacernos aparecer ante la opinión pública como tibios frente a ETA, con el único fin de intentar evitar acuerdos en el seno de la izquierda con el PSOE, que ponen en peligro el poder de PP-UPN. Nuestro rechazo total, firme y frontal a ETA no implica que tengamos que estar de acuerdo con la política antiterrorista del Gobierno ni con cualquier otra política del PP. 

  

A partir del 11 de septiembre de 2001 la “guerra contra el terrorismo” ha ampliado su ámbito y, además de ser la excusa del PP para demonizar todas las posturas discrepantes, se ha convertido también en el argumento favorito del gobierno norteamericano de Bush hijo para lanzarse a guerras neoimperialistas en Afganistán e Iraq (con el apoyo incondicional de Aznar), para potenciar su capacidad militar y para reducir sensiblemente la garantía de los derechos constitucionales de sus propios ciudadanos y ciudadanas. La limitación de las libertades en nombre de la seguridad es una preocupante práctica que ha contagiado prácticamente a todos los países democráticos. 

  

Debemos seguir movilizándonos por la paz, en nuestro país y en todo el mundo. Contra el terrorismo de ETA, contra el terrorismo de Estado, contra la guerra de agresión en cualquier lugar y con cualquier excusa. Frente a la guerra preventiva, debemos afirmar la paz preventiva; contra la guerra o el terrorismo como camino a la paz, afirmar que la paz solamente se construye desde la paz. Debemos denunciar la incoherencia de quienes se oponen al terrorismo y apoyan la guerra, o de quienes condenan la guerra y no hacen lo propio con el terrorismo. La violencia y la intolerancia no tienen que tener ningún tipo de justificación. Que nadie espere que nuestra formación política vaya a dejar de movilizarse por la paz. La construcción mediante el diálogo y la no violencia de escenarios de distensión es y seguirá siendo un objetivo político de nuestra formación, pese a quien pese.  

  

Proponemos la constitución de un Foro de Diálogo para buscar consensos democráticos en torno a la paz residenciado en el Parlamento con carácter previo se denunciará expresa y activamente cualquier tipo de violencia y apoyará a colectivos y personas amenazadas. 

 

  

4.8. LA INMIGRACIÓN: UN RETO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL. 

  

La inmigración se ha convertido durante los últimos años en un fenómeno de especial relevancia en Navarra y en el Estado español. Este trasvase poblacional que tiene visos de continuar no es ni mucho menos unidireccional, Navarra tiene su propia historia migratoria, ni es homogéneo, sin embargo, encontramos como el grueso fundamental del mismo está compuesto por trabajadores y trabajadoras.

  

La inmigración forzada es una de las manifestaciones más crudas de la globalización neoliberal, el resultado de un pasado expoliador que continúa regenerándose a través de un mercado de trabajo transnacional segmentado que se regula desde el núcleo central capitalista en beneficio de sus propios intereses (reemplazo generacional y por ende de la población laboral activa, cobertura de los nichos laborales desestimados por la población autóctona, mantenimiento de ciertos sectores de actividad, etc.). La persona inmigrante sufre esta realidad por partida doble: tanto en origen como en destino, por ello, es menester de la sociedad de acogida articular los mecanismos necesarios que tanto en origen, por ejemplo, a través de la cooperación al desarrollo, como en destino, garanticen sus derechos y libertades.

  

Navarra no tiene competencias en la regulación de este fenómeno, competencia que corresponde al Estado español, sin embargo, debe articular y adaptar sus dispositivos (educativos, sanitarios, asistenciales,...) a esta nueva realidad. Para cumplir mejor este cometido se ve necesario crear una Dirección General de Migraciones en el Departamento de Presidencia que coordine el conjunto de las políticas necesarias y se coordine con la Delegación del Gobierno en Navarra, exigiendo la adaptación continua de sus estructuras y recursos de atención al colectivo.

  

En Navarra existen actualmente en torno a 40.000 personas inmigrantes, más de la mitad en situación irregular. Nuestra formación debe exigir que se dé una salida a esta situación, cometido en el que deben implicarse tanto el Gobierno de Navarra, como las distintas fuerzas políticas y sindicales de nuestra comunidad. El Parlamento de Navarra aprobó el 9 de octubre de 2002 el primer “Plan para la integración social de la población inmigrante”, plan al que no se ha otorgado la dotación económica suficiente que permita materializar las medidas acordadas. Nuestra formación debe exigir esta dotación, que debe llegar también a los Ayuntamientos, ámbito cercano a la ciudadanía donde deben articularse las verdaderas políticas de integración.

  

IUN-NEB tiene un discurso propio en materia de inmigración que nada tiene que ver con el que nos ofrece la derecha. Frente a la visión de inseguridad, control y cuestionamiento continuamente ofrecido, IUN-NEB debe contraponer valores como integración, interculturalidad y ciudadanía. En lo político, debemos abogar tal y como ya ocurre en otros países y ha sido recomendado desde el Parlamento Europeo, por la ampliación de los derechos políticos del colectivo, permitiéndoles participar en los comicios electorales, participación que para ser coherentes con nuestro discurso también debe extenderse a nuestra propia formación, por lo que deberemos articular las líneas de acercamiento necesarias que faciliten la  integración paulatina de los miembros de este colectivo en IUN-NEB.

 

  

4.9. UNA NAVARRA DE HOMBRES Y MUJERES: POR LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

  

Aunque en los últimos años se haya avanzado en la igualdad de derechos en las leyes, en la práctica las mujeres siguen padeciendo discriminación y desigualdad. La pobreza, el desempleo y la marginación siguen siendo fenómenos mayoritariamente femeninos. Es imprescindible impulsar políticas activas dirigidas a que la igualdad sea real, y a que todas las personas sean iguales.  

  

El feminismo aparece en el contexto socio político actual como un tema central que debe ser abordado con rotundidad. En una sociedad constituida en más del 50% por mujeres, resulta intolerable admitir la presencia hegemónica de los hombres en lo que llamamos espacios públicos, así como en puestos de relevancia social y política. Este hecho supone, en la práctica, una falta de incidencia de las mujeres en la configuración de las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas de nuestra sociedad, donde realmente se detenta el poder. 

  

IUN-NEB asume los postulados del pensamiento y la cultura feminista y plantea una transformación de los valores dominantes. Defendemos un nuevo modo de hacer política que parta del respeto profundo a las personas, de la asunción del principio de igualdad entre hombres y mujeres y de la solidaridad. Por ello, nos comprometemos a extender esta manera de entender la política, ésta visión integradora del igualitarismo a toda nuestra labor institucional y a favorecer actuaciones ínter áreas que favorezcan la igualdad de las mujeres. 

  

Es de justicia que se impulse el empleo femenino hasta corregir la gran brecha que hay respecto al empleo masculino, e imprescindible que se reduzca la temporalidad y la precariedad laboral, mayor entre las mujeres. Para conseguir la igualdad en el acceso a un empleo, es necesario un mayor protagonismo de los servicios públicos de empleo, que deben seguir criterios rígidos a la hora de valorar a los aspirantes a un puesto de trabajo por su perfil profesional sin tener en cuenta el sexo. Además, se debe impulsar la reducción de la jornada de trabajo en aquellos puestos que supongan un especial esfuerzo físico para facilitar la igualdad de oportunidades. Especial esfuerzo se debe hacer desde todos los ámbitos con competencias, en fomentar el empleo para mujeres maltratadas.

  

En particular, tenemos que erradicar la violencia de la que son objeto las mujeres en multitud de ámbitos y de forma especial la que muchas mujeres sufren en su entorno más cotidiano. 

  

Especial atención debemos prestar a la realidad de la mujer inmigrante en Navarra. Es imprescindible trabajar desde los poderes públicos y en colaboración con la iniciativa social para la consecución de todos sus derechos sociales, promoción de la inserción socioeconómica de la mujer inmigrante en condiciones dignas, programas de formación y crecimiento personal, la denuncia y apoyo en situaciones de explotación, creación de asesorías integrales, el asilo inmediato de las mujeres que son perseguidas por cuestiones políticas en sus países de origen y la promoción para la implicación de todos los estamentos económicos, sociales y culturales en el proceso de integración de este colectivo. 

 

  

4.10. POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA Y DEMOCRÁTICA.

  

Si nuestro objetivo es la transformación de la sociedad, como fuerza de la izquierda transformadora que somos, no podemos obviar uno de los pilares básicos para el avance social en los valores que defendemos: la educación. Por ello, es preciso insistir una y mil veces en aquellas cuestiones fundamentales que siempre hemos defendido. La educación es un derecho de todo ciudadano y ciudadana y debe ser ejercido en condiciones de igualdad, pluralidad, respeto a la diferencia y participación democrática.

  

La educación pública es la única que puede garantizar el ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad y democracia. Nuestra apuesta rotunda por el carácter público de la enseñanza es una apuesta por una educación pluralista y crítica, laica, respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestionada democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores son las auténticas señas de identidad de una educación pública tal y como la entendemos en IUN-NEB.

  

Por ello, nos oponemos a la vuelta a un sistema educativo elitista y confesional de la mano del Partido Popular con el apoyo sin fisuras de UPN.

  

Decimos que es elitista porque identifica "calidad" con selección y segregación del alumnado, en lugar de apostar decididamente por una educación que permita compensar las desigualdades de origen social y asegurar las mismas oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes.

  

Además, denunciamos la vuelta a la confesionalidad de facto que supone la obligación de cursar asignatura de religión para todo el alumnado, a pesar de enmascararlo con una supuesta variante no confesional.

  

A todo lo anterior, hay que añadir que el actual Gobierno de Navarra, en manos de la derecha de UPN y CDN, ha apostado por el apoyo inequívoco a la enseñanza concertada, en detrimento del desarrollo de la Escuela Pública.

 

IUN-NEB estará siempre frente a estas políticas regresivas y a favor de la defensa de la educación pública.

 
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