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3. La economía navarra: El bienestar amenazado

sábado, 14 de febrero de 2004

 

  

Los últimos años de gestión económica neoliberal en Navarra por parte de la derecha de PP-UPN han surtido intensos y negativos efectos en los niveles de bienestar general y en la capacidad de las administraciones públicas de corregir nuestros déficits sociales. 

  

Las voces políticas y mediáticas de la derecha a la vez que pregonan a los cuatro vientos el espejismo de media docena de datos macroeconómicos ocultan realidades sociales duras y difíciles que padecen decenas de miles de navarros/as. Así cuando hablemos del desempleo, frente al discurso “gran-navarrista” y autocomplaciente de la derecha es preciso recordar que en Navarra en el 2003 casi nueve de cada diez contratos firmados fueron temporales, que unos 40.000 navarros/as se encontraban sin trabajo estable (25 % de los trabajadores/as), que otros 18.000 no tienen empleo (7%). 

  

En definitiva, que más allá de la propaganda no podemos desconocer que en torno a un tercio de los trabajadores/as están, o buscando trabajo, o con contratos de meses, semanas, días..., y que el paro de jóvenes y mujeres duplica y triplica el desempleo del conjunto de los trabajadores, y que los niveles de siniestralidad laboral se sitúan a la cabeza de los de la Unión Europea. Y es prioritario que cada vez que tengamos una oportunidad desde IUN-NEB traslademos insistentemente estas realidades al plano de la lucha política y social. 

  

En estos años se ha avanzado mucho en el desmantelamiento del sistema fiscal (varias contrarreformas del IRPF, aumento de los impuestos indirectos, reducción drástica de impuestos a las ganancias del capital especulador, aumentos sustanciales de las ayudas directas y fiscales a las rentas empresariales...), en la restricción del gasto público (en 1994 el gasto público gestionado por el Gobierno de Navarra ascendía al 21,53% de nuestra riqueza anual, en el 2000 era del 18,44%, estos casi 3 puntos de diferencia suponían 50.000 millones de pesetas),  en los recortes de los programas sociales, en el desmantelamiento del estado de bienestar (el gasto real, medido con relación al PIB, en educación y sanidad se ha estancado a la baja en Navarra en los últimos años), en la desregulación del mercado de trabajo (ahí están los intentos de nuevas contrarreformas laborales del PP). 

  

El resultado final es un gasto social que retrocede, como queda claro en los presupuestos aprobados por UPN-CDN para el año 2004, no avanzamos en la convergencia social con la Unión Europea, en los niveles de bienestar y de prestaciones medios de la Unión Europea. Iniciativas como la complementación de las pensiones mínimas, la gratuidad plena de los libros de texto, la construcción de infraestructuras estratégicas, la puesta en marcha del salario social o el impulso mucho más decidido de las ayudas públicas para la adquisición de vivienda para el 50% de la población que las precisa  (dato de la Asociación de Promotores y Constructores de Navarra) resultan imposibles de abordar. 

  

Navarra se aleja de la Europa Social; en el año 2000 (últimos datos comparables) el gasto social medio de la UE llegaba al 27,3% del PIB europeo mientras que en Navarra se situaba en torno al 21%. Esos seis puntos de diferencia se traducen en 100.000 millones de pesetas que no aparecen en los presupuestos de sanidad, educación, vivienda o pensiones. 

  

El caso de la vivienda pública clama al cielo; el fracaso del gobierno de UPN es brutal y la situación de escasez de vivienda a precios accesibles ha llegado a niveles de emergencia social. En el año 2000 sólo se construyeron 694 VPO y en el 2002 se llegó tan sólo a 1.288 sobre un total de 5.760 ( es decir se construyeron unas 4.500 libres). A este paso serán necesarias varias décadas para dar respuesta sólo a las actuales necesidades. 

  

Y sin embargo el problema reside básicamente en un punto: en la estructura de la propiedad del suelo, un grupúsculo muy pequeño, oligopólico, de propietarios controla el mercado de suelo en Pamplona y comarca, no tiene necesidad de vender para financiar sus inversiones y controla a su beneficio la salida de suelo al mercado de la construcción de vivienda. Es una realidad reiteradamente denunciada hasta por los propios constructores. No obstante hasta ahora ha sido imposible poner el interés general y el derecho constitucional a la vivienda por encima de las expectativas de obtener astronómicos beneficios de un puñado de especuladores. 

  

Y si es posible expropiar suelo para construir autovías, autopistas, puentes, Itoitz o el Canal de Navarra, cabe preguntarse, ¿quién está impidiendo que lo sea para construir vivienda social? Un puñado de promotores y constructores privados. IUN-NEB aboga por la utilización del sistema de expropiación como instrumento para un impulso decidido de la vivienda pública y social.

  

Todas las señales de alarma se han disparado cuando el Gobierno de Navarra ha reconocido que no dispone de fondos para acometer la política de vivienda protegida y que debe recurrir a la venta de empresas públicas (AUDENASA) para afrontarla. Al margen  de que al contrario de lo que afirma UPN sí existen recursos públicos la actitud de la derecha demuestra hasta donde llega su política de combinar contrarreformas fiscales, imposición de la estabilidad presupuestaria y restricción del gasto público; hasta la supresión de la financiación presupuestaria a la política de vivienda social. 

  

A todo lo anterior hay que añadir el grave ataque al que se está sometiendo a los poderes públicos con las políticas de déficit cero, y sus efectos sobre las políticas públicas de inversión y bienestar social. Este ataque se concreta en las leyes de estabilidad presupuestaria aprobadas por el PP. 

  

El neoliberalismo siempre ha tenido como uno de sus referentes obsesivos, casi enfermizos, el rechazo de las políticas públicas ( de sanidad, vivienda, pensiones, educación, carreteras...), y el desprecio hacia los poderes públicos ( lo cual esta muy cerca del desprecio a la democracia, por desgracia). 

  

Ahora, llevando al límite esa lógica (que está presente con fuerza en todo el proceso de unión económica y monetaria europea) se pretende someter a una especie de camisa de fuerza, de cinturón de hierro a las administraciones públicas (gobiernos, ayuntamientos...), impidiéndoles que al planificar sus gastos, los servicios que van a prestar y las inversiones que van a realizar, puedan recurrir a la emisión de deuda pública; el déficit debe ser por Ley cero, y a su cumplimiento debe subordinarse todo lo demás (claro que cuando decimos ¨ todo lo demás ¨ hablamos de educación, pensiones mínimas, sanidad, vivienda...). 

  

Si esto lo unimos al desmantelamiento del sistema fiscal que se está produciendo (de forma constante desde hace bastantes años) entenderemos la  camisa de fuerza, el cerco al que la derecha quiere someter a las políticas públicas, a las políticas de bienestar social. 

  

Debemos decir públicamente que detrás de todo esto lo que en realidad hay son los intereses concretos y crematísticos de hacer mucho dinero, de obtener grandes beneficios del poder económico, de las grandes empresas, de las grandes constructoras, de los grandes bancos: porque lo que en realidad se pretende es que después de hacerse el poder económico privado con el control de las grandes empresas privatizadas en estos últimos años, lo que ahora también persiguen es quedarse con parcelas de actividad que hasta ahora han sido propias de las administraciones públicas (se trata de privatizar desde un hospital hasta la construcción de una carretera), y de paso también de pagar muchos menos impuestos. 

  

Y en este terreno estamos ya hablando de intereses económicos concretos, de grupos de presión determinados, de un terreno donde se mezclan peligrosamente estamentos políticos y empresariales, gobiernos y favores. Recordemos que fue el propio Presidente Sanz el que  dijo que quería que el Corte Inglés se instalara en Navarra (¡un Presidente decantándose de una manera tan descarada por una empresa privada!). Sumemos la privatización de la construcción de la autovía Pamplona-Estella o las sospechas sobre la instalación de nuevas grandes superficies comerciales y nos encontraremos con un panorama en el que deberemos preguntarnos, ¿pero, quien defiende el interés general? 

  

En todo caso, debemos decir bien alto que las justificaciones del Gobierno de Navarra para imponer esta política restrictiva son absolutamente falsas, tanto la referida a que no se dispone de recursos como la de no poder emitir deuda: 

  

- En los últimos años Navarra no ha tenido problemas serios de déficit presupuestario (a pesar de las reformas fiscales, de hecho sin éstas ahora podríamos incrementar de forma muy importante nuestro gasto en sanidad o vivienda, por ejemplo). Existen recursos, lo que no hay es voluntad política. 

  

- El endeudamiento de la Comunidad Foral es muy bajo (pese a todas las patrañas que nos quieran decir), y esta totalmente bajo control. Sólo representa el 5% de nuestro PIB; es decir, sólo la doceava parte de lo permitido por el archiconocido Tratado de Maastricht. UPN, jugando a confundir al personal, suele decir que los compromisos europeos de España (Pacto de Estabilidad suscrito en la cumbre de Amsterdam) impiden cualquier nuevo endeudamiento. Y hay que decirles que esto es falso, que el Pacto de Estabilidad permite emisión de Deuda Pública hasta llegar al 3% del PIB, lo que en Navarra permitiría emisiones anuales superiores a los  50.000 millones de pesetas. 

  

En definitiva, desde IUN-NEB debemos rebatir como meras excusas, burdas excusas, las justificaciones que la derecha da para financiar de forma privada esta autovía, y es necesario trasladar a la ciudadanía con perseverancia que en realidad de lo que se trata es de hacer negocios privados con lo que hasta ahora eran actuaciones públicas. 

  

Y es mucho lo que nos jugamos en esta pelea, hoy es una autovía, mañana será un hospital, y pasado mañana nuestra pensión. Cuando se trata de atacar lo público y de hacer negocio algunos no conocen límites. 

  

Por otro lado las políticas de UPN no han hecho nada por aliviar la dependencia industrial de una pocas multinacionales (por no decir una) de las que depende una gran parte del empleo industrial de Navarra, lo que nos convierte en gran medida en un motocultivo del sector de la automoción. Faltan iniciativas políticas dirigidas a la diversificación industrial, es preciso mayor esfuerzo en I+D+i y un apoyo real a emprendedores y emprendedoras mediante bonificaciones selectivas, controladas y condicionadas a la permanencia de la actividad. Frente a los incentivos económicos individualizados y las reducciones fiscales indiscriminadas se tienen que desarrollar y crear equipamientos e infraestructuras tecnológicas de carácter general. Se debe promover una política activa en materia empresarial que potencie un desarrollo de los diferentes sectores económicos, mejore los bienes y servicios producidos, y se desarrolle respetando los criterios de equilibrio territorial y respeto medioambiental. Se desaprovechan las oportunidades que genera el carácter público de Caja Navarra para potenciar un sector público importante que contribuya al fortalecimiento de un tejido industrial diversificado y sostenible, no dependiente de las decisiones tomadas lejos de nuestro territorio. 

  

4. EL ESPACIO DE LA IZQUIERDA TRANSFORMADORA Y SUS PROPUESTAS. 

  

La izquierda que representamos tiene espacio propio y futuro; la izquierda alternativa y trasformadora; la del pensamiento fuerte frente al de la derecha; la de los derechos sociales para todos y todas; la de la globalización alternativa frente al neoliberalismo; la del federalismo frente al centralismo; la del diálogo frente a la imposición; la izquierda que apuesta por la democracia participativa de los movimientos ciudadanos y organizaciones sociales. La izquierda de los derechos cívicos, de la codecisión de los géneros y del desarrollo sostenible. Hace falta, es necesaria, una izquierda como la nuestra. Que combata ideológicamente a la derecha y represente un pensamiento alternativo a los vientos neoliberales que tienden a desmantelar el Estado de Bienestar Social y se ciernen sobre Europa. Debemos estar vigilantes y ser corresponsables, junto con los sindicatos de clase, en la defensa de los derechos sociales.  

  

Ahora bien, el cambio político y social que pretendemos no será posible sin la creación de un Bloque Social de Progreso capaz de generar propuesta y generar ilusión para enfrentarse al bloque de la derecha que se expresa políticamente a través de UPN-CDN pero que tiene sus más firmes apoyos en la cúpula empresarial, en la jerarquía eclesiástica, en sus centros de enseñanza y en algunos medios de comunicación. Debemos atraer hacia ese Bloque Social de Progreso a todas las fuerzas y sectores que buscan alternativas progresistas y de izquierdas a la hegemonía conservadora, sobre todo a las que dudan sobre si convivir con la derecha para repartirse algunas migajas del poder, o las que prefieren frentes nacionalistas (aunque sea con carácter conservador) antes que coaliciones de progreso social. 

 

Como decíamos en los documentos de la V Asamblea: “Consideramos, en consecuencia, desde IUN-NEB, urgente y prioritario fortalecer un Bloque Social de Progreso, claramente diferenciado  y separado políticamente de los  otros dos bloques, que sea capaz de situar en el centro del debate y en la confrontación política la cuestión social, esto es la necesaria transformación desde la izquierda del modelo de sociedad”. Y continuábamos: “Y para avanzar en esa dirección debemos propiciar el diálogo y el acuerdo sobre iniciativas concretas, conectando de manera preferente con los movimientos sociales, críticos y alternativos, y en particular con el movimiento sindical. Los sindicatos de clase desde su autonomía e independencia, deben seguir siendo un interlocutor privilegiado para la colaboración con IUN-NEB; sin caer en posiciones acríticas ni en estériles confrontaciones e injerencias”. 

 
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