La Izquierda Navarra

[DIARIO DE NOTICIAS - AGENCIAS] -  Izquierda Unida propondrá en la próxima legislatura la creación de un Registro de entidades y personas poseedoras de billetes de 500 euros para frenar la "economía sumergida" y luchar contra la corrupción urbanística.

Según han explicado a Efe fuentes de la federación, IU presentará esta iniciativa en el Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley.

Este registro requeriría un protocolo de colaboración entre la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía y Hacienda y las instituciones bancarias, han precisado las citadas fuentes.

El pasado mes de agosto la diputada de IU-ICV Isaura Navarro registró en la Cámara Baja una pregunta dirigida al Gobierno en la que se interesaba por la identificación de los poseedores de billetes de 500 euros.

Según IU-ICV, se ha detectado una "proliferación" de billetes de 500 euros, cuyo número ha pasado de 12 millones en 2002 a 113 millones de billetes en la actualidad, lo que significa que en España circulan el 26 por ciento de todos los de la zona euro.

Este nuevo registro analizaría los movimientos con "cantidades importantes" de billetes de 500 euros, han precisado a Efe fuentes esta formación política.

IU contempla también otra serie de iniciativas, que se recogen en un documento de la formación sobre las cuestiones pendientes a realizar los próximos cuatro años, para intentar frenar la corrupción urbanística.

Abogan por crear un Registro de recalificaciones de suelo, reforzar el pacto antitransfuguismo e impulsar un código ético de conducta del cargo público.

Según la federación, se deberían desarrollar "urgentemente las medidas preventivas contra la especulación y la corrupción contempladas en la ley del Suelo".

En esta materia, IU propondrá reformar el Código Penal para endurecer las penas por delitos urbanísticos, así como aprobar una nueva ley de financiación de Haciendas Locales "para garantizar su suficiencia financiera".

La formación que lidera Gaspar Llamazares cree que hay que endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos que tengan relación con la planificación del territorio e infraestructuras y modificar la ley electoral "para apartar cautelarmente de las instituciones a quienes sean procesados por delitos de corrupción".