La Izquierda Navarra

El reciente anuncio del Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de eliminar el impuesto sobre el patrimonio (IP) en el supuesto de lograr la mayoría parlamentaria en las próximas elecciones generales, vuelve a situar en primera línea de atención el recurrente debate acerca de la fiscalidad necesaria, centrado en esta ocasión en la idoneidad de este impuesto directo.

En honor a la verdad, si bien es cierto que el monto global recaudado en el conjunto de las Comunidades Autónomas vía IP apenas rebasan los 1.400 millones de euros (56 en Navarra), no hay que olvidar que en sus orígenes al IP se le asignó una función de carácter censal y de control sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), por lo que cualquier modificación en el IP debería hacerse de forma coordinada con el resto de las figuras impositivas. La posterior modificación introducida en 1991 en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, le asigna también otros objetivos fundamentales como “(…) la obtención de una justicia redistributiva complementaria de la aportada por el IRPF”. Que se sepa, en vista de las flagrantes desigualdades que asoman a diario en nuestra sociedad (los informes anuales de Cáritas sobre situaciones de pobreza extrema en España son elocuentes), no sería exagerado afirmar que tanto en Navarra como en el conjunto del Estado queda un largo trecho en el camino de la plena justicia redistributiva. En consecuencia, no parece muy oportuna la adopción de medidas fiscales que reduzcan los ingresos presupuestarios.

Alegan los defensores de tal supresión que el IP es redundante al gravar una renta que ya fue penalizada por el IRPF en el momento de su obtención y de que serían las clases medias las más favorecidas por dicha supresión. Sin embargo, conviene no olvidar que también el IVA grava el consumo realizado por rentas igualmente gravadas cuando fueron obtenidas.  Y es que la naturaleza del IRPF es gravar la obtención de una renta que posteriormente se ahorra, se gasta o se invierte, y nadie se queja de la doble imposición causada por el IVA. Sin embargo, ya es casualidad, los partidarios de suprimir el IP son a su vez los más fervorosos defensores de incrementar el IVA, figura impositiva marcadamente regresiva al gravar por igual el consumo con independencia del poder adquisitivo del consumidor.

Un país en el que la presión fiscal se sitúa en el 36,7% (datos de la agencia Eurostat-2006) 3,1 puntos por debajo de la soportada por el conjunto de la UE-15, no puede anunciar rebajas fiscales tan a la ligera, y menos teniendo en cuenta la importante  brecha social con la mayor parte de nuestros socios de la UE-15.

Pero analizar la eliminación del IP sin ver el trasfondo de la situación en su conjunto es como quedarse mirando el dedo que apunta a las estrellas. La anunciada supresión del IP no es sino un eslabón más del progresivo desmantelamiento del Estado como institución que debe velar por la implementación de las políticas públicas y la integración social de los ciudadanos y ciudadanas. Vemos con preocupación cómo competencias históricamente delegadas al Estado, como educación o sanidad, van pasando a la esfera de lo privado mediante el señuelo del cheque bebé, el cheque sanitario o la más reciente ayuda por nacimiento de hijo. El Estado renuncia a la prestación de los servicios básicos históricamente a él encomendados, servicios que son prestados de forma creciente por la iniciativa privada con el único criterio del beneficio económico (que no social) y la rentabilidad.

Pero el panorama todavía puede ser peor. A la desaparición del IP le seguirá la del impuesto de sucesiones (en algunas comunidades autónomas su supresión figura en la agenda fiscal más inmediata), la reducción del tipo impositivo en sociedades (por poner un ejemplo Gipuzkoa acaba de aprobar el 28,6%) y la implantación del tipo único en el IRPF. Si como todo parece indicar, la economía española entra en una fase de menor crecimiento (curiosa manera de llamar a la recesión), es de esperar que los ingresos fiscales se vean negativamente afectados y con ello a una, la calidad y extensión de las prestaciones sociales.

No hace mucho Isabel Arboniés reflexionaba en este mismo espacio de opinión (Diario de Noticias, 10 de diciembre de 2007) sobre la necesidad de resolver el reto de la equidad en el reparto de beneficios, de recuperar la agenda ciudadana y de crear oportunidades de incorporación social. Me uno a su petición. En algún sitio leí que la calidad de una democracia se mide por la capacidad que tienen las sociedades de exigir a sus gobiernos que el Estado les devuelva en forma de bienestar social la contribución que cada uno de sus ciudadanos aporta al pacto de convivencia y solidaridad que representa el Estado moderno. Pero a su vez, el Estado deberá ser capaz de responder a esas demandas sociales si quiere ser garante de la libertad y de la democracia. Y, a las puertas de la sociedad del riesgo y de la exclusión, no parece que la anunciada eliminación del IP contribuya, precisamente, a reforzar esta visión del Estado social.