La Izquierda Navarra

• Esta iniciativa, presentada por Izquierda Unida, implica resolver si la versión gubernamental negando la necesidad de esa revisión al no haberse detectado indicios de ilegalidad en ese expediente, es o no acertada.
• Determinará si el Gobierno puede o no negarse a asumir el pago de esos 55 millones

[DIARIO DE NOTICIAS] -  La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra acordó ayer por unanimidad solicitar a los servicios jurídicos de la Cámara un informe para determinar si el Gobierno foral tiene o no capacidad legal para revisar los actos administrativos de modificación de las cláusulas del contrato de la Autovía del Camino (A-12). Esta iniciativa, presentada por Izquierda Unida, implica resolver si la versión gubernamental negando la necesidad de esa revisión al no haberse detectado indicios de ilegalidad en ese expediente, es o no acertada. Y es que, pese a las explicaciones dadas desde el Ejecutivo, la oposición en bloque, con mayoría en el Parlamento, mantiene serias dudas sobre si la aceptación de 55 millones de sobrecoste denunciados por la Cámara de Comptos responde, como denunció el PSN, a una "operación política calculada" entre los responsables del Gobierno y la empresa adjudicataria (Autovía del Camino S.A.).

En el fondo de esta cuestión subyace la iniciativa socialista de exigir al Gobierno que no pague el citado sobrecoste, y más teniendo en cuenta que, a 25 años y gracias al sistema de concesión de la explotación de la autovía a través del "peaje en la sombra", los 55 millones se convertirán en 112. El PSN mantiene que así como la administración está facultada para revisar de oficio cualquier obra pública que no se ajuste a los parámetros de contratación, en éste caso también se debería exigir ya que no hay "razones objetivas" que justificaran una compensación de 20 millones de euros por la entrega anticipada de las obras (7 meses) y otros 35 millones por una revisión de precios no contemplada en el pliego original de la obra. Frente a esto, el Gobierno justifica ambas partidas en base al "interés general" de la obra y niega la necesidad de revisar el expediente dado que Comptos no encontró en él visos de ilegalidad.

El informe encargado por el Parlamento dilucidará la viabilidad o no de esa revisión de oficio de los acuerdos administrativos que sustentaron la aceptación del sobrecoste.

Por otra parte, los grupos parlamentarios ya han recibido la documentación completa del expediente. Desde el PSN su portavoz en la comisión de Obras Públicas, José María Vázquez, advertía que van a repasar "punto por punto" todo su contenido y "ante la pasividad del Gobierno que quiere dejar este asunto en el baúl de los recuerdos", anunciaba que si existen visos de ilegalidad o "puntos oscuros" en la tramitación de las modificación del contrato, los socialistas están dispuestos a exigir "una comisión de investigación".

En torno a este tema hay que recordar que aún está sin fecha la comparecencia del máximo responsable de la empresa adjudicataria que es el ex consejero de Agricultura del segundo Gobierno de Sanz, José Ignacio Martínez Alfaro.