La Izquierda Navarra

El pasado sábado, José Javier Solabre, con más mala intención que fortuna, calificaba de “salvas huecas” la iniciativa de IU en el Parlamento navarro para regular por ley la financiación del libro de texto para la enseñanza básica, que fue considerada por todo el arco parlamentario. Hasta que IU no ha conseguido el apoyo del Parlamento a esta iniciativa, han sido las familias las que cada septiembre han tenido que superar la mayor cuesta económica del año para atender la compra de este material escolar. Quiero recordar que Navarra es una de las pocas Comunidades que no tiene regulado, hasta ahora, un sistema de financiación específico para estos libros, y así ayudar a las familias a soportar económicamente el inicio de cada curso escolar.

La Constitución Española en su artículo 27.4 establece que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Las sucesivas leyes orgánicas sobre educación han recogido y desarrollado este precepto constitucional. Es evidente que del mandato constitucional se deduce que las enseñazas obligatorias no deben representar coste económico alguno para los alumnos, y por consiguiente para sus padres, madres o tutores.

El coste necesario para impartir la enseñanza obligatoria incorpora varios apartados: infraestructuras docentes y no docentes, gastos de personal docente y no docente, gastos de mantenimiento, gastos de comedor y transporte escolar, gastos de funcionamiento y administrativos y libros de texto.

La actual financiación pública en Navarra cubre los gastos e inversiones enumerados, excepto los libros de texto. Libros de texto que son material educativo imprescindible para poder impartir con calidad las enseñanzas obligatorias y cuya adquisición corresponde, con carácter general, a las familias que llegan a desembolsar hasta 300 euros por hijo y año.

Existen diversos procedimientos para hacer realidad la gratuidad de los libros de texto. Algunos, como las becas a los alumnos de familias con bajos niveles de renta, no alcanzan a la mayoría del alumnado. Otros sí alcanzan la universalidad en la financiación pública y pueden ir desde la donación de los textos por parte de la administración a los centros, hasta la entrega de los mismos directamente a los alumnos/as por parte de la administración que los ha adquirido. Y los que aseguran la financiación pública del cien por cien del coste de los libros de texto a todos los alumnos/as, son los únicos que garantizan el cumplimiento del mandato constitucional. Otra cosa es que por rigor presupuestario establezcamos límites de renta para poder ser perceptores de esta medida, y que se produzca una redistribución efectiva de la riqueza en lo que representa un importante desarrollo de un derecho social como es el acceso universal y gratuito a la educación.

Y este es, en definitiva, el propósito de esta iniciativa legislativa promovida por IUN: dar cumplimiento a un precepto constitucional de incuestionable y alto contenido social. En este sentido se regula que el Gobierno de Navarra facilite al alumnado de las enseñanzas obligatorias la financiación total de los libros de texto necesarios para poder cursar las materias en las cuales estén matriculados. Y de esto es de lo que vamos a tratar ahora en la Comisión de Educación del Parlamento: de establecer el mejor sistema para asegurar que todo el alumnado navarro tenga acceso a unos libros, que son tan material escolar como las pizarras de la clase, sin que les cueste un ojo de la cara a cada familia.