La Izquierda Navarra

[AGENCIAS] - El pleno del Parlamento de Navarra aprobó hoy, con el voto en contra de UPN y CDN y a favor del resto de los grupos, sendas mociones de IUN-NEB y PSN que instan a garantizar la prestación en Navarra de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos contemplados en la ley.

La moción de IUN-NEB insta en primer lugar al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para que la práctica de la contracepción "sea una prestación normalizada" tanto en la red sanitaria pública de Navarra como del resto del Estado.

Para ello, se insta al Gobierno de Navarra a realizar las previsiones presupuestarias necesarias para ampliar las prestaciones de los actuales Centros de Atención a la Mujer y dirigirlos hacia un modelo "más acorde a las necesidades reales", como son los Centros de Información Sexual y de Orientación Familiar.

Se instaba igualmente al Gobierno de España a efectuar las modificaciones legales oportunas para despenalizar el aborto por opción libre de la mujer en las catorce primeras semanas de gestación, así como a realizar la correspondiente modificación del Código Penal, aunque estos dos puntos de la propuesta fueron rechazados al oponerse también a ellos el PSN.

La moción también insta al Gobierno de España a iniciar la incorporación de la educación sexual dentro de la educación escolar obligatoria.

Asimismo, se insta al Gobierno navarro a garantizar, dentro del sistema sanitario público, el cumplimiento de la normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo y que las mujeres sean "debidamente atendidas" en los centros del SNS-O.

Para cumplir este objetivo, se añade en el texto, los centros sanitarios públicos de Navarra contarán "obligatoriamente" con los medios técnicos, humanos y facultativos necesarios para la práctica legal de interrupciones voluntarias del embarazo, "de acuerdo con las necesidades y la demanda existente en nuestra Comunidad Foral".

El Parlamento insta además al Gobierno de Navarra a regular la llamada "objeción de conciencia" de los facultativos y que la misma conste en un registro específico.

Esta objeción, se añade en el texto, debe referirse sólo al acto específico de la interrupción voluntaria del embarazo y en ningún caso podrá ser invocada para "justificar la denegación de asistencia a una mujer, cuya vida o salud se encuentre en peligro" a consecuencia de un aborto, ni hacerla extensiva "al cuidado y atención general, anterior y posterior a la intervención, que toda mujer pueda requerir".

De igual manera, destaca la moción, la objeción debe conllevar, para el personal que la ejerza, la prohibición de aplicar e intervenir en esta clase de intervenciones en cualquier tipo de centros, ya sean públicos o privados.

La moción también insta al Gobierno de Navarra a garantizar que en toda la red pública sanitaria de la Comunidad Foral haya equipos médico-sanitarios que aseguren esta intervención a todas las mujeres que lo requieran, "reservando en todo caso su derecho a la intimidad y sancionándose cualquier actuación contraria a este derecho".

Por último, se insta al Gobierno de Navarra a que, a través del SNS-O, proceda a la formación del personal sanitario en las técnicas de interrupción del embarazo menos agresivas para las mujeres y propicie la investigación de "los métodos contraceptivos más modernos".

La moción del PSN, por su parte, insta al Gobierno de Navarra a adoptar, antes de fin de año, todas las medidas técnicas y humanas necesarias para que las mujeres que quieran ejercer el derecho al aborto, en los supuestos contemplados en la ley, sean atendidas en la sanidad pública navarra.

El portavoz de IUN-NEB, Ion Erro, aseguró en la defensa de su moción que la ley en vigor es "retrógrada y restrictiva" y su resultado es "la criminalización de la mujer", por lo que en su opinión es necesario "poner al día el Código Penal" para que contemple la interrupción del embarazo como opción libre.

Erro, quien estimó que el Gobierno de Navarra está haciendo "una dejación" en esta materia, afirmó que las mujeres están con esta ley "bajo la espada de Damocles" y abogó por solucionar "el problema social y político" que a su juicio conlleva la actual normativa y el hecho de que haya "demasiados embarazos no deseados".

En este sentido, resaltó que anualmente se practican fuera de la Comunidad foral más de 550 interrupciones del embarazo de mujeres navarras y calificó la actual situación como un "desastre sanitario y social".

La moción socialista fue defendida por la parlamentaria María Chivite, quien resaltó que, tras veinte años de la aplicación de la ley estatal, en Navarra "se obliga a las mujeres a peregrinar" a centros sanitarios de fuera de la Comunidad foral para la interrupción del embarazo.

La consejera de Salud, María Kutz, replicó a IUN-NEB y PSN que en Navarra "se cumple la ley" y también se respeta la objeción de conciencia de los sanitarios, al igual que en el resto de España, donde, según dijo, sólo el 3% de los abortos se realizan en la sanidad pública.

A favor de las mociones intervino Asun Fernández de Garaialde, de Nafarroa Bai, quien resaltó que la objeción de conciencia es un derecho "individual", que entraña algunos riesgos, entre los que citó el de la "intransigencia", si se pretende extenderlo a toda la sociedad como si fuera "un valor absoluto".

En el turno en contra, Carlos García Adanero, de UPN, comentó que, "en comunidades gobernadas por el Partido Socialista, en ningún caso se realizan interrupciones del embarazo en centros públicos" y apuntó que, en los años de Gobierno socialista en Navarra, de 1985 a 1991, tampoco se cambió la política del Ejecutivo foral respecto a la aplicación de la ley.

Por CDN, José Andrés Burguete aseveró que en Navarra se ha garantizado el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo y afirmó que la aplicación de la ley que se está realizando es "un marco en el que nosotros nos sentimos cómodos".