La Izquierda Navarra

• Todos los grupos, salvo PP y ERC, apoyan las modificaciones del proyecto

[DIARIO DE NAVARRA] - El PSOE e IU anunciaron ayer un acuerdo con todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y ERC, para desbloquear la tramitación de la Ley de Memoria Histórica, concebida como una reparación simbólica para quienes sufrieron la represión en la Guerra Civil y el franquismo.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, informó del «desbloqueo definitivo» de la reforma, que atribuyó a la «sintonía» y al «alto grado de acercamiento» alcanzado con IU, PNV, CiU, BNG, Nueva Canaria, Chunta y Na-Bai en torno a los «elementos esenciales» del proyecto. La norma podría no ver la luz, si el Congreso no la aprueba antes de la disolución de las Cortes, prevista, en principio, para enero.

López Garrido se mostró ayer convencido de que la «alta coincidencia» entre los grupos, en cuanto a los «objetivos» y «términos concretos» de la ley, permitirá al final que haya un texto de consenso, respaldado por la mayoría del Parlamento. En este sentido, el dirigente socialista confió en que el PP y ERC puedan aún sumarse al proyecto.

La ponencia parlamentaria que deberá retomar los trabajos fue convocada para mañana a las 16.30 horas. Su tarea consistirá en estudiar las enmiendas de los grupos para cerrar los asuntos aún pendientes. Después, deberá reunirse la Comisión Constitucional para elaborar el dictamen que se someterá a la aprobación del Pleno de la Cámara.

Fuentes de IU explicaron que, en principio, su intención es que el Pleno dé su visto bueno el 18 de octubre. A continuación, la norma tendría que ir al Senado y, si allí se introducen cambios, volver al Congreso para su ratificación definitiva.

«Reparación moral»

Tras varios meses de negociaciones, los grupos pactaron un texto que, en su exposición de motivos, declara la «ilegitimidad» de los tribunales, jurados u órganos judiciales del franquismo, y de las «sanciones y condenas» dictadas por motivos políticos, ideológicos o religiosos.

Este apartado, que expone la voluntad del legislador, subraya «de forma inequívoca la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones contrarias a los derechos humanos», para contribuir a la «reparación moral» de quienes sufrieron «tan injustas sanciones y condenas».

La ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a las normas represoras y contrarias a los derechos fundamentales dictadas bajo la dictadura «con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial».

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, interpretó este apartado como una «derogación» del «aparato jurídico represor» del franquismo, y aseguró que abre una vía para que los perjudicados puedan acudir al Tribunal Supremo y solicitar compensaciones.

En este sentido, el portavoz del PSOE aseguró que la ley será «un nuevo instrumento jurídico» para ser invocado por los ciudadanos que quieran reclamar, pero lo hace sin interferir en los procedimientos judiciales.