La Izquierda Navarra

• El líder de IU reconoce que se han logrado "importantes avances " en la negociación
• El texto incluirá un compromiso sobre las exhumaciones y para reconocer en el Valle de los Caídos a los republicanos

[DIARIO DE NOTICIAS] - El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, alertó ayer al PSOE y al resto de grupos parlamentarios de que es imprescindible cerrar un acuerdo global sobre la Ley de la Memoria Histórica "antes del martes o el miércoles" de esta semana.

En rueda de prensa en la sede federal de IU, Llamazares reconoció que se han producido importantes avances en la negociación, ya que se han recogido algunas de las enmiendas defendidas por su grupo parlamentario, en especial la condena del franquismo incluida ya en la exposición de motivos de la ley.

El PSOE ha accedido también a que la futura norma involucre al Estado en la exhumación de los restos de los represaliados por el régimen franquista y a que el Valle de los Caídos deje de ser "un lugar de exaltación" del fascismo y pase a ser "un Memorial" de los demócratas republicanos.

De esta forma, la ley prohibirá de forma expresa cualquier "exaltación" del franquismo en el Valle de los Caídos y creará una nueva institución -distinta a la actual- encargada de su custodia y conservación.

Pese a todo, el líder de IU alertó de que el acuerdo no está cerrado, ya que todavía queda pendiente la declaración de "ilegitimidad" de los llamados "juicios sumarísimos" y la derogación del "aparato legal franquista", que permitió aquellos procesos sin las debidas garantías.

Además, IU-ICV reclama hacer compatible la "ilicitud" de estos juicios declarada por la ley con la posibilidad de que los afectados puedan solicitar una revisión individual de sus procesos.

"Espero que con el esfuerzo de todos, podamos llegar a un acuerdo en las próximas horas", proclamó Llamazares, quien insistió en que "no nos podemos ir mucho más del martes o el miércoles" para reunir la ponencia y desbloquear de esta forma la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica.

Esta semana será clave para la negociación de las enmiendas a la ley, que el PSOE lleva a cabo con IU-ICV, CiU y el PNV, según coinciden en señalar fuentes de estos grupos, ya que si no llegan pronto a un acuerdo los plazos harían inviable su tramitación parlamentaria.

La ponencia de la Comisión Constitucional encargada del proyecto debería reunirse en los próximos días si se quiere que dé tiempo suficiente a aprobar la ley antes de que las Cámaras se disuelvan en diciembre. Fuentes socialistas reconocen que su preocupación principal es conseguir un pacto con IU-ICV, ya que creen que con los nacionalistas de CiU y del PNV puede ser más fácil el acuerdo. Los portavoces del PSOE, Diego López Garrido, y de IU-ICV, Joan Herrera, anunciaron el jueves que se habían dado un "período de reflexión" hasta ayer lunes para analizar sus discrepancias.

Diferencias por el reconocimiento personal

A pesar del acercamiento, tres son las principales diferencias con IU. La más importante viene determinada por sus exigencias sobre los efectos jurídicos que tendría la declaración de "ilegitimidad" de los juicios sumarísimos del franquismo. El artículo 3.4 del proyecto reconoce el derecho "a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal" a las víctimas. El PSOE ha aceptado incorporar un párrafo para concretar que también podrán obtener esa declaración "respecto de penas y sanciones de carácter personal impuestas durante la Guerra Civil y la Dictadura por otros tribunales u órganos administrativos" y por las ejecuciones llevadas acabo "por cualquier organización o grupo" debido a motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas. Aunque IU-ICV reconoce el avance, todavía cree que el refuerzo es "insuficiente" a la hora de garantizar que la aprobación de la ley va a tener consecuencias jurídicas para los afectados. El segundo punto de discrepancia se refiere a los términos de la condena del régimen incluida en su exposición de motivos, mientras que el tercero estriba en el régimen de la participación de las Administraciones Públicas para la localización e identificación de víctimas.